Por Jenaro Villamil | homozapping
Regeneración, 19 de abril del 2016.-En las dos últimas semanas, se cumplió un guión de endurecimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto frente al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Internaciones (GIEI) de la CIDH, responsables de revisar la investigación en torno a los sucesos de la noche de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El endurecimiento fue resultado de una bien planeada escalada en el seno de la Oficina de la Presidencia de la República, encabezada por Francisco Guzmán, y una clara presión del llamado “Grupo Mexiquense” que acompaña al primer mandatario, según se menciona extraoficialmente al interior de la PGR.
Por un lado, la procuradora general de la República, Arely Gómez, se queja en privado de estar siendo “boicoteada” y advierte que necesita la colaboración del GIEI, mientras que por otro lado, el subprocurador Tomás Zerón, artífice de la “verdad histórica” construida a través de la tortura de los supuestos miembros de Guerreros Unidos (ver revista Proceso, No. 2059), maniobró para que se diera esta ruptura.
Ensucia que algo queda
La historia de esta ruptura inició con filtraciones a la prensa sobre el expediente “negro” de tres de los seis expertos (ver la cacería que encabezó el diario La Razón), incluyó una delirante demanda penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y llegó a otro clímax con la más reciente “filtración”: la intercepción de mensajes privados de Vidulfo Rosales Sierra, publicados en El Universal.
El miércoles 13 de abril, en primera plana, El Universal publicó como noticia principal esta cabeza: “Indios piojosos” Llama su Abogado a Padres de los 43. La maniobra era tan burda como peligrosa.
Un sector del gobierno pretende a través de estas filtraciones dividir a los padres y familiares de los 43 frente a sus abogados y exhibir los supuestos nexos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa con grupos guerrilleros y de narcotraficantes.
Una auténtica “guerra sucia” que ya había sido perfilada a través de columnistas oficios como Ricardo Alemán y documentales como el de Jorge Fernández Menéndez que defienden una versión diazordacista de la noche de Iguala: algunos de los 43 no son “blancas palomitas” sino operadores del crimen organizado.
La misma “estrategia” que se usó durante el gobierno de Felipe Calderón para justificar delitos de lesa humanidad, matanzas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El 30 de abril “se van”
El mismo periódico El Universal desplegó dos días después, el viernes 15 de abril, el mensaje inequívoco del gobierno peñista: El 30 acaba tarea de GIEI por los 43 normalistas: EPN. Un soundbyte que ha repetido lo mismo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa, y hasta el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, que ahora hace de vocero oficioso del peñismo en contra del GIEI.
Esta orientación mediática del gobierno peñista ignora lo que destacó James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace dos semanas en declaraciones a la revista Proceso: le corresponde a la CIDH y no al gobierno mexicano definir si se prolonga o no el mandato que expira el 30 de abril próximo.
El jueves 14 de abril, el periódico La Jornada destacó la misma declaración: La CIDH tiene la última palabra sobre el futuro del GIEI: Cavallaro.
La provocación de Cocula
La virtual “expulsión” de los expertos del GIEI fue decidida en el seno del primer círculo peñista y comenzó a operarse con la rueda de prensa de los expertos que analizaron el basurero de Cocula y acreditaron que se encontraron 17 restos óseos.
Nunca dijeron que estos restos fueran de los normalistas. Mucho menos que correspondan al mismo evento relatado desde el 7 de noviembre de 2014 por el ex procurador general Jesús Murillo Karam para acreditar su “verdad histórica”.
A pesar de eso, la operación mediática del gobierno tuvo una clara orientación: habían restos humanos en Cocula, por lo tanto, una parte de los normalistas pudo haber fallecido en este sitio.
Los expertos del GIEI y los peritos forenses argentinos se deslindaron de esta provocación. Afirmaron en ruedas de prensa que no hay ninguna evidencia sólida para acreditar la versión de Cocula.
La CNDH entra con su propia hipótesis
Ante la prácticamente irreconciliable posición entre el GIEI, la PGR y la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó su propia versión, a partir de declaraciones de otro “testigo clave”.
Esta versión señala que:
1.-En los sucesos del 26 y 27 de septiembre también participaron elementos de la Policía Federal (PF) y elementos policiacos del municipio de Huitzuco.
2.-Los jóvenes habrían sido subidos a cuatro patrullas –una de la policía de Iguala y 3 de Huitzuco- para dirigirse a este último municipio. Por tanto, la CNDH recomendó a la PGR realizar “acciones urgentes de búsqueda” en Huitzuco.
3.-Con este testimonio, se confirmaría lo que la CNDH dijo desde 2015 y que también el propio GIEI sugirió en los avances de sus investigaciones: existe una “segunda ruta de desaparición” de los normalistas, iniciada en el Puente del Chipote.
En esencia, no se trata de una pista nueva sino de indicios que no fueron suficientemente investigados.
Lo lamentable es que ni esta intervención de la CNDH evitó el anuncio de la CIDH el pasado viernes 15 de abril: el cese de funciones del GIEI porque “no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo”.
El próximo domingo 24 de abril, los expertos del GIEI darán su última conferencia de prensa. La ruptura sólo deja en un nuevo punto de crisis al gobierno mexicano y en otro ciclo de tensión con los padres y asociaciones que apoyan a los 43.