Por Jenaro Villamil*
Regeneración, 22 de octubre de 2014.-Una vez más, la clase política mexicana de todos los signos y partidos se quedó rezagada frente a la creciente indignación social frente al hallazgo de 19 narcofosas tan sólo en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, la incertidumbre sobre la situación de los 43 normalistas de Ayotzinapa que cumplen casi un mes desaparecidos y la creciente certeza de que existe un encubrimiento institucional para conocer las verdaderas dimensiones del horror que abarca no sólo la entidad sureña.
Mientras en el Senado los partidos negociaban si declaraban o no la desaparición de poderes en Guerrero y Ángel Aguirre negocia y chantajea para pedir la licencia como titular de un poder que ya perdió desde el viernes 26 de septiembre, en redes sociales y entre organizaciones no gubernamentales se ha convocado a una movilización nacional bajo el hashtag #TodosSomosAyotzinapa.
Se espera que este miércoles se dé una de las movilizaciones nacionales más importantes desde aquellas jornadas que encabezó el poeta Javier Sicilia y el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. El “Ya Basta de Sangre” se puede transformar en “Ya Basta de Encubrimientos”.
En Iguala estamos ante un claro ejemplo de desaparición forzosa y, quizá, ante expedientes de ejecuciones extrajudiciales, operadas, consentidas y solapadas por autoridades policiacas municipales, estatales y federales y de elementos del Ejército.
La crisis de Ayotiznapa ya rebasó las fronteras mexicanas. Si el gobierno federal de Enrique Peña Nieto quería “ganar tiempo” para administrar la peor crisis de su administración, éste le ha jugado en contra. Conforme más días pasan, la certeza de que no son sólo 43 normalistas los desaparecidos, sino decenas de jóvenes criminalizados, rebasa la capacidad de respuesta.
El sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012, arrinconó a la PGR y a las autoridades que investigan los sucesos al afirmar que versiones de testigos indican que estos muchachos fueron asesinados y calcinados, con el consentimiento de fuerzas policiacas y militares. La respuesta oficial ha sido una dilación y una indiferencia que hablan del nivel de encubrimiento.
Los partidos políticos están enredados en sus cálculos políticos y electorales, mientras en la opinión pública nacional e internacional crece la molestia ante el pasmo de los líderes que se preocupan sólo por sus intereses inmediatos.
La nueva dirigencia del PRD creyó que bastaba con “pedir perdón” y no encabezar las acciones de justicia y de fin de la impunidad. Ha reclamado que la crisis de Iguala se vea en sus dimensiones nacionales, pero no acaba de reclamarle al gobernador Ángel Aguirre que asuma las consecuencias y pida licencia del cargo.
Aparte, el PRI ha dado un nuevo bandazo. Primero argumentó que Aguirre debía quedarse al frente del gobierno de Guerrero para que resuelva la crisis, pero este martes 21 se sumó a la demanda del PAN para que el mandatario estatal pida licencia.
Mientras estos juegos de presiones y chantajes palaciegos continúan entre los partidos, en la sociedad mexicana y en los medios interactivos crece la certeza de que prácticamente todos los partidos tienen intereses mezclados con el crimen y la política y que Guerrero es tan sólo la punta del iceberg.
“Que se vayan todos”, fue un reclamo que surgió en Argentina, a raíz de la debacle del modelo político y económico que heredaron del menemismo. Esta demanda comienza a replicarse en México.
Los 43 normalistas desaparecidos han movilizado a una anestesiada sociedad que prefería no mirar las fosas que proliferaron en todo el país desde la nefasta “guerra contra el narco” decretada por Felipe Calderón Hinojosa. La crisis estalló ahora. Y no se ve una pronta solución.
Twitter: @JenaroVillamil
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