5 mil indígenas, 4 meses de desplazamiento, mayoría mujeres, niñas y ancianas. 11 fallecidos. Estado niega ayuda humanitaria y aplicar leyes internacionales
Piden desarme y desarticulación de grupos paramilitares.
Reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos.
Garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación.
Reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas
Regeneración, 22 de marzo del 2018. Decenas de organismos humanitarios y defensores de derechos humanos denunciaron el dia de hoy las graves condiciones que padecen los más de 5 mil desplazados internos en Chalchiuitán, Chiapas. Acusan que el Estado mexicano ha cesado ayuda humanitaria y que protege la acción de grupos paramilitares que han extendido su violencia en la zona. Base militar solo trae miedo, prostitución y alcoholismo, denuncian.
Las organizaciones integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil y de la Misión Civil de Observación Zona Altos, se pronunciaron el dia de hoy señalando que “lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas”.
Denunciaron también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017” y de las “igualmente fallidas” mesas temáticas a la fecha, el resultado es “una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano”.
Indicaron que está lejos de resolverse “de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen”.
Paramilitares extienden sus acciones intimidatorias
Las decenas de organizaciones humanitarias denunciaron que “grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria”.
Gobierno niega desplazamiento interno y cumplimiento de leyes internacionales
Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la Declaración de los “Principios rectores de Desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas” y de la “Ley para la prevención y atención del Desplazamiento interno en el estado de Chiapas” indicaron.
La ayuda humanitaria del gobierno ha cesado
“Nos han reportado que desde hace varias semanas, ha cesado la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio, una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso”, precisaron.
En ese contexto, como Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos, manifestaron:
“Nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural, que, desde hace más de cuatro meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona la delincuencia organizada”.
Indicaron tener documentada la acción impune de grupos armados de corte paramilitar, que ha obligado al desplazamiento de más de cinco mil indígenas (la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) provocando con ello, hasta el momento, la muerte documentada de once personas (mujeres, niños-as y ancianas-os)”.
Lo antes dicho mantiene “a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento, condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena, quien ingirió agroquímicos, que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía”.
Manifestaron su “mayor inconformidad, por la omisión del Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno)” con relación a los siguientes hechos:
-Considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia, que enfrentan los cerca de 500 niñas y niños y adolescentes, que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en la que vive el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que la establecida a nivel estatal.
-Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, como lo marca la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Chiapas en los artículos 12, 41 y 100 que señalan que el Estado deberá proveer al menos, “alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria” (art 12).
-Asimismo se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de Interés Superior en su actuación, como lo mandata el artículo 4o constitucional.
-Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianas, población que por su condición de género, ejemplifica todas las vulnerabilidades que debieran ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos.
Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida.
-En lo privado se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia con otras familias.
-En lo público, se profundiza la división sexual del trabajo, y con ello, una mayor discriminación en cuanto el acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular, en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferenciados que las afectan en forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina.
-En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niñas se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no.
-La citada resolución insta a los Estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas; en nuestro contexto, esto además implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas.
Rechazo a Base de Operaciones Mixtas (BOM): intimida y trae alcoholismo, prostitución, violaciones y embarazos no deseados
-Nuestro rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, –además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes.
-En ese contexto, como Colectivo de la Sociedad Civil, resaltamos la importancia de la resolución de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.
-Es importante señalar que la CIDH reflexiona en su resolución que ”La Comisión (…) considera que no cuenta con información que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas de sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado”
-El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega en las cantidades declaradas.
Así mismo intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones fundándose en los diálogos intermunicipales así como en el hecho de que un aproximado de 65% de los desplazados han retornado.
-Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el Estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones.
Que se investigue grupos armados
Concordamos con lo determinado por la CIDH pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su: 1) Conformación y estructura; 2) Financiamiento; 3) Relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial: 4) Relación con autoridades de los 3 niveles de gobierno; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo.
Urgimos al Estado mexicano a acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo a ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado.
Reconocimiento y solidaridad con los representantes de desplazados y las Parroquias de Padua, Simojovel, San Pablo y Cáritas
Finalmente,”manifestamos nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo, al grupo de líderes históricos y legítimos representantes de campamentos de desplazados forzados internos y de más de un millar de personas (mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres adultos) en esa condición, del municipio de Chalchihuitán; indicaron.
Hicieron un reconociemento al acompañamiento constante de la parroquia San Antonio de Padua, de Simojovel, San Pablo Chalchiuitán y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica, para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales (desarme y desarticulación de grupos paramilitares; reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos; garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación; así como reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas)
Esta denuncia fue hecha por decenas de organizaciones e entegrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil así como por integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos