-Pide al gobierno mexicano informe en 15 días de las medidas adoptadas.
Regeneración, 9 de febrero del 2015. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.
El 28 de enero, la CIDH respondió a la solicitud de medidas cautelares que el 23 de diciembre de 2014 hicieron los abogados de Nestora Salgado, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle.
“En un comunicado de prensa, la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle destacó que, de acuerdo con la CIDH “la situación de Nestora Salgado reúne los elementos de ‘gravedad, urgencia y daño irreparable’ y requiere acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas”.
De acuerdo con la resolución 2/2015 de la CIDH, la medida cautelar 4555-13 solicita al Estado Mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas; concierte las medidas a adoptarse con Nestora Salgado y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presenta medida cautelar y así evitar su repetición”.
“Que es necesaria la implementación de medidas inmediatas de atención médica integral e independiente a favor de Nestora Salgado Gracía dada la alegada progresividad de sus patologías en la actualidad”, que la pondría en riesgo.
Los familiares y la defensa de Nestora Salgado solicitaron las medidas cautelares por la presunta obstaculización del Estado mexicano en proporcionar la atención médica adecuada a la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, presa desde agosto de 2013 en una cárcel federal de Tepic, Nayarit, además por las restricciones que enfrenta para su adecuada defensa y la visita de sus familiares.
Los argumentos que expusieron son que se le ha negado tratamiento médico adecuado, se le suministra pastillas sin identificar, el dolor en su cuerpo no ha cesado, ha perdido peso y teme perder movilidad de sus brazos a consecuencia de una “mielopatía cervical”.
También denunciaron que está en una celda de tres metros de largo por tres de ancho, falta de aire natural, tiene mínima luz natural, no tiene interacción social ni participa en actividades físicas ni recreativas, que solamente la ha visitado su abogado en una ocasión y sus familiares no pueden visitarla por las medidas restrictivas que tiene la prisión federal.
En el documento de respuesta, la CIDH establece que “no está llamada a pronunciarse sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, en el marco de alegadas faltas al debido proceso, entre otros temas relacionados que podrían ser materia de una petición o caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y la respuesta la solicitud que hicieron los familiares y la defensa sólo consideró “los requisitos de gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables”.
“El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el articulo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, recogido también en el articulo 18 (b) del estatuto de la CIDH, y el mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas”, explica el documento.
Las medidas cautelares a favor de Nestora Salgado fueron aprobadas por la presidenta Tracy Ronbinson, la primera vicepresidenta Rose-Marie Belle Antoine, el segundo vicepresidente Felipe González, y los comisionado Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi.
(Con información de El Sur de Acapulco)
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