El viento no para de soplar en el Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca. Noche y día sacude las plantas, barre el mar y mueve las palas de los aerogeneradores.
Para impulsar la creación de energía eólica en esa región mexicana, en el 2004 el Departamento de Energía de EU y la Agencia de los EUpara el Desarrollo Internacional (USAID) publicaron un Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, asegurando que las comunidades recibirían los beneficios sociales y económicos de la energía renovable. Según el atlas, el potencial eólico de buena parte del Istmo de Tehuantepec es “excelente”, así que no sorprende si en diciembre del 2012 la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), que agrupa a las principales empresas de este rubro, ya contaba 15 parques eólicos en la zona.
“Las empresas se repartieron nuestro territorio, como los españoles cuando llegaron a América”, denuncia a Noticias Aliadas Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. “Reconozco que hay una preocupación mundial por el cambio climático, pero lo que mueve a las empresas es convertir nuestro aire en dinero. La energía verde es un negocio para obtener ganancia engañando a las comunidades; destruyen nuestra forma de vida y atentan contra nuestra soberanía alimentaria, obligándonos al desplazamiento”.
Son 10 las corporaciones transnacionales que operan 15 proyectos en el istmo oaxaqueño —Iberdrola, Acciona, CFE, Enel Green Power, Gamesa, Cemex, Peñoles, Eléctrica del Valle de México, Renovalia, Demex— y otros proyectos ya recibieron la autorización de la Comisión Reguladora de Energía del gobierno federal mexicano. El objetivo del gobierno de Oaxaca es instalar 2,000 MW de energía renovable para el 2015.
Sin consulta previa
Todas las empresas parecen operar bajo el mismo esquema que no prevé ninguna consulta previa, libre e informada para los 15 pueblos indígenas que habitan en el Istmo de Tehuantepec, como lo establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1991, además de algunas leyes nacionales.
Para obtener el derecho de posesión sobre la tierra durante 30 años, los representantes de las empresas van casa por casa, pidiendo a las familias campesinas la firma de contratos leoninos donde fijan los montos por el pago del arriendo de la tierra. Además, prometen trabajo, desarrollo, inversiones en infraestructuras y una disminución en los recibos de luz una vez que el parque eólico esté en función.
En realidad, 10 de los parques eólicos que operan en el Istmo de Tehuantepec, trabajan bajo el esquema “autoabastecimiento”, que la Secretaría de Energía del gobierno federal define como “generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades de personas físicas o morales y no resulte inconveniente para el país”.
Las “personas físicas o morales” que están utilizando la energía producida por estos aerogeneradores para satisfacer sus necesidades de consumo son grandes corporaciones transnacionales, entre ellas Nestlé, Femsa-Coca Cola, Bimbo, Nissan y Mitsubishi.
Además, lo que están percibiendo las familias campesinas oaxaqueñas son puras migajas. Según Roberto Garduño, del diario mexicano La Jornada, en Europa el estándar de renta de la tierra por las empresas eólicas representa el 3.9% de los costos totales de producción, mientras que en México se sitúa entre 0.025% y 1.53%.
En muchos casos estos contratos son ilegales, puesto que buena parte de la tierra ocupada por los parques eólicos no es privada, sino comunal.
“En este régimen de propiedad la tierra pertenece a la comunidad, las familias tienen el usufructo sobre ella sin ser dueñas”, explica a Noticias Aliadas el abogado Raúl Rangel González. “Sólo la asamblea comunitaria puede otorgar a la empresa el derecho a operar”.
El caso de la Barra de Santa Teresa
Un caso emblemático de la actitud discriminatoria y violenta de las empresas eólicas hacia los pueblos indígenas istmeños, es el proyecto que el consorcio mexicano Mareña Renovables quiere implantar en la Barra de Santa Teresa, una franja de unos 27 km de arena y manglares. Se trata de una inversión de US$1 millardo para la construcción de 132 aerogeneradores para producir 396 MW de energía.
“Cuando empezaron a hacer estudios hubo una muerte masiva de peces. Aquí vivimos de la pesca y la Barra de Santa Teresa es nuestro sustento diario. No queremos este proyecto y la lucha se levantó muy fuerte después de que el presidente municipal Miguel López Castellano se vendió a la empresa, firmando el permiso para su entrada”, relata a Noticias Aliadas una comunera de San Dionisio del Mar que prefirió mantener el anonimato.
La represión contra quienes se oponen al proyecto ha sido fuerte. En febrero, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, manifestó en un comunicado que realizaría “todas las acciones necesarias para evitar que una inversión tan importante se retire del estado”.
Grupos de choque se están movilizando para acallar a los opositores al proyecto, quienes reciben visitas de desconocidos que los amenazan frente a sus niños. Además han tratado de desalojar por la fuerza el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar, tomado por la comunidad desde enero del 2012 tras expulsar al alcalde López Castellano, quien recibió 20.5 millones de pesos ($1.5 millones) de Mareña Renovables por concepto de uso de suelo y no ha aclarado a la población el destino de esos recursos.
En octubre del 2012 un grupo de encapuchados —al parecer integrantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la misma comunidad— intentaron detener la caravana humanitaria que viajó hasta San Dionisio del Mar para entregar alimentos a los indígenas ikjots y zapotecas que se oponen a la construcción del megaproyecto eólico en la zona, y rociaron con gasolina al comunero Isaúl Celaya López amenazándolo con ser quemado vivo.
Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a los pueblos indígenas de la Barra de Santa Teresa. Un tribunal de la localidad de Salina Cruz determinó el 9 de octubre la suspensión temporal de las actividades de construcción en respuesta a un pedido de amparo presentado por la Asamblea General de San Dionisio del Mar.
En declaraciones a la prensa, Miguel Ángel García Aguilar, integrante de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, dijo que el fallo “es una victoria contundente de la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos a todas las autoridades involucradas en el proyecto eólico San Dionisio del Mar, y al consorcio Mareña Renovables que cumplan con lo establecido en la suspensión otorgada por el juez federal”.