Oaxaca se convierte en la décimo tercera entidad que erradica esta figura constitucional.
Regeneración, 10 de agosto de 2017.- La 63 legislatura local, aprobó anoche el dictamen que elimina el fuero constitucional que protegía a los servidores públicos de primer nivel, incluyendo al gobernador.
Así, con 37 votos a favor, legisladores, magistrados y al fiscal general podrán ser juzgados por delitos comunes y del orden federal.
Oaxaca se convierte en la décimo tercera entidad que erradica esta figura constitucional y se une a los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
La mayoría de los legisladores, a excepción de 5 faltantes, aprobó la derogación de la fracción cuadragésima sexta del artículo 59, y los artículos 118 y 119, con lo que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.
Con la aprobación de esta reforma, el artículo 123 versará a letra expresa: “En los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del Estado, los servidores públicos señalados en el artículo 115 de esta Constitución no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos la Fiscalía General del Estado”.
Por su parte, Irineo Molina, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que la eliminación del fuero no se contrapone con mantener la libertad de los legisladores para expresar libremente sus puntos de vista, sin que ello sea objeto de sanción por los otros dos poderes.
Cabe mencionar que la iniciativa de eliminar el fuero fue presentada el 21 de diciembre de 2016 por Morena; el PRD lo hizo el pasado 29 de marzo y el Partido Acción Nacional el 15 de abril pero, fue hasta que el gobernador Alejandro Murat presentó su iniciativa el 21 de julio, cuando se le dio entrada y en menos de 20 días se aprobó.
En la iniciativa del gobernador sobresale que los servidores públicos “respondamos en igualdad de circunstancias la Ley en caso de inobservancia, con la finalidad de que no prevalezca distinción alguna con el hecho de ostentar algún cargo público, como exigencia de la ciudadanía se aplique la norma jurídica con motivo del ejercicio público y se sancione a los servidores públicos que se aparten del cumplimiento de la Ley, sea cual sea el cargo que se les ha conferido”.
Por ello, propuso “derogar la figura del fuero constitucional, en el ámbito local, del que hoy gozamos ciertos servidores públicos, que sin duda fortalecerá la democracia, el Estado de Derecho y el correcto ejercicio de la Administración Pública, siempre en beneficio de la población y como una alta responsabilidad que tenemos quienes hemos sido elegidos para ello”.
Con información de Proceso