Por Miguel Concha | La Jornada
Regeneración, 9 de agosto 2014.-El caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo es una muestra más de que el sistema penal mexicano tiene múltiples fallas que provocan que miles de personas, siendo inocentes, terminen en la cárcel. Esto, que ya de por sí es muy grave, reviste mayor responsabilidad cuando se suman la discriminación de la víctima por su origen étnico; se le incomunica con sus familiares en el extranjero, en este caso en Honduras, y la obstinación del Estado en no reconocer que se equivocó y encarceló a un inocente. Después de cinco años de injusticia, y tras una documentación exhaustiva, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez decidió asumir el caso. Su historia es parecida a la de miles de hombres y mujeres que se ven forzados a cruzar las fronteras en vulnerabilidad extrema, por la incapacidad de sus estados de origen para proporcionarles los mínimos satisfactores necesarios para una vida digna.
El matiz en el caso de Ángel Amílcar es que se trata de un defensor de derechos humanos, pues desde muy joven trabajó en diversos proyectos de beneficio social, e incluso llegó a presidir un referente tan importante como la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que se ocupa de defender los derechos de las personas garífunas y de otros grupos de afrodescendientes. En enero de 2009, con ánimo resuelto, decidió salir de Honduras, dejando a su compañera July y a sus dos hijos, por la necesidad de apoyarlos económicamente y pagar la atención médica del mayor de ellos, Ángel Elvir, quien había sido diagnosticado con cáncer. Sobre las alas de la esperanza cruzó el istmo centroamericano ayudado por un coyote que lo abandonó en Tabasco, a pesar de que ya le había pagado por cruzarlo hasta Estados Unidos. Sin otras opciones, tuvo que viajar durante 34 horas en la caja refrigerada de un camión junto con otras 119 personas para llegar al DF. De aquí viajó durante dos meses hasta llegar a Tijuana, donde otro coyote lo engañó, prometiéndole ayuda para cruzar la frontera, y lo llevó a una casa, en la que le ordenó permanecer en una habitación, bajo la amenaza de quitarle la vida si desobedecía. A partir de ese momento Ángel ya era otra víctima del crimen organizado. Ahí permaneció unos días, hasta que un operativo oficial tomó aquella casa. Él pensó que por fin había sido rescatado, pero se equivocó, porque apenas empezaba su experiencia con el Estado mexicano. En lugar de ser tratado como víctima, fue detenido y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. ¿La principal causa? Su origen étnico. Como quienes realizaban el operativo sabían que esa casa era controlada por alguien a quien apodaban El Negro, de inmediato presumieron que por su color de piel era él. Al ser detenido, Ángel fue objeto de múltiples abusos y de agresiones y tortura, a pesar de que no tenía en su haber posesión de armas. Posteriormente fue también torturado durante varias horas por elementos del Ejército y por policías federales. Más tarde lo trasladaron a una base militar, donde le tomaron su declaración ministerial, sin permitirle recibir asistencia consular ni ser defendido por un abogado.
Todo lo anterior, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público. Es decir, en completa indefensión y violando sus derechos más básicos. Sin haber sido procesado, desde aquellos hechos han transcurrido ya cinco años. Como puede verse, en el caso de Ángel se exhibe todo un mosaico de violaciones a los derechos humanos, que van desde la presunción de culpabilidad, la exhibición en medios de comunicación y la retención excesiva luego de su aprehensión, hasta el arraigo, la tortura por elementos militares y el uso de lugares irregulares de detención, como instalaciones militares. Esta situación llamó la atención del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan Méndez, quien fue a verlo al Centro Federal de Readaptación Social Noroeste número 4, en Tepic, Nayarit, durante su última visita oficial a nuestro país. Sin embargo, en el contexto de los migrantes centroamericanos, que se encuentran en una condición de particular vulnerabilidad, por la distancia con su entorno más cercano y la ruptura del tejido social, no son menos graves otras violaciones a los derechos humanos, como la falta de intérpretes y abogados que conozcan la cultura de las personas detenidas, la denegación de la asistencia consular, o la negativa oficial a excluir pruebas ilícitas. Estas situaciones deben de llamarnos no sólo a la solidaridad, sino sobre todo a la acción, pues demuestra que las personas que se encuentran en mayor riesgo de padecer las consecuencias de las fallas del sistema penal mexicano son las pertenecientes a aquellos grupos de la población que por su condición de pobreza, identidad cultural, color, sexo, u origen nacional viven mayores condiciones de vulnerabilidad. Son ellas precisamente quienes, a la hora de garantizar sus derechos, se ven más afectadas por la incapacidad estatal. Y de esta manera se produce la aberración de que, con una injusticia, se pretende ocultar una incapacidad. La migración es un ejemplo brutal de la lógica bajo la cual la emergencia migratoria que en la actualidad se vive en el país, es atendida oficialmente desde la discriminación y la subordinación a intereses foráneos.
No nos engañemos. El escenario no ha cambiado. El actual gobierno está replicando la estrategia de seguridad iniciada por el anterior, con lo cual también se están repitiendo las mismas violaciones a los derechos humanos. Más aún, se están generando nuevos patrones, como el de la criminalización de las personas que migran. Un primer paso para actuar contra esa lógica perversa es apoyar la liberación de Ángel Amílcar. Puedes firmar una sencilla petición, ingresando al sitio web del Centro Prodh en este enlace: http://bit.ly/angelam.