El istmo mexicano se pone nuevamente en la mira de los intereses de empresas transnacionales para los cuales el canal de Panamá ha disminuido el potencial de traslado interoceánico.
Por Gabriel Ángel Pérez.
La gran biodiversidad, la riqueza del subsuelo y la gran cantidad de pueblos indígenas asentados en la cintura mexicana, no podían ser desaprovechados por estas empresas a quienes la clase política ha facilitado megaproyectos, mediante la aprobación de reformas estructurales que permitirán suprimir los obstáculos que podrían encontrarse.
A esto se adhieren empresas mexicanas que encuentran una oportunidad para incrementar sus ganancias. Los miembros de la clase política y empresarial ligada al crimen organizado se convierten entonces en accionistas y beneficiarios del jugoso negocio que significa imponer un corredor industrial en la región.
Empresas marítimas que operan en el puerto de Salina Cruz como:
MULTIMAR, Multimodal Marítima de Salina Cruz S.A de C.V., NAVIPAC, S.C., OPERISMOS S.A., Agencia de Buques Shipping Agencies y TECNITRANS buscan ser los mayores beneficiarios de este corredor industrial, razón por la que sus representantes han emprendido la tarea de convencer a empresarios locales, a quienes invitan a participar en reuniones periódicas con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) -que ahora preside Jorge Herrera Caldera, actual gobernador de Durango-para ofertar el territorio de los pueblos del Istmo sin el consentimiento de éstos, donde se exponen diversas propuestas que van desde la implementación de grandes bodegas en territorio de Santa María Mixtequilla para el almacenamiento de productos que llegan en trasatlánticos antes de ser transportados por vía terrestre, hasta la creación de servicios mecánicos industriales para la compostura de aerogeneradores, servicios con los cuales no se cuenta actualmente.
Aunado a lo anterior, existen en la región 15 concesiones mineras en la antesala de la explotación sin que las comunidades se encuentren informadas, las concesiones se encuentran en Santiago Astata con Minera Zalamera y 3,553 Has., para la extracción de oro y plata hasta el 2060; Santo Domingo Tehuantepec con Minera Minarum Gold, Minarum Gold Inc., y Minera Zalamera con 1,641 Has., 880 Has., y 22,562 Has., respectivamente, con periodos que van del 2058 al 2062 para la extracción de oro y plata; Santa María Mixtequilla con Minera Zalamera y 1,665 Has., concesionadas hasta el 2062, en este caso, parte del polígono de la minera abarca territorio de San Pedro Comitancillo para la extracción de oro y plata; Santa María Totolapilla con Arco Resources y Arco Resources-Continuum donde 3,059 Has., y 1,263 Has., han sido concesionadas hasta el 2056 para la extracción de oro y plata; Santiago Laollaga y Santa María Guienagati comparten un polígono concesionado a Minera Plata Real por 12,599 Has., para la extracción de oro y plata con vigencia hasta el 2058; Santo Domingo Chihuitán con Minera Plata Real tiene una concesión de 11,995 Has., para extraer Oro y plata hasta el 2058; El Espinal, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Chihuitan comparten un polígono de 9,969 Has., concesionado a Riverside Resources México para la extracción de oro y plata. San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec comparten dos polígonos concesionados a Minera Zalamera, uno de 5,674 Has., y otro de 1,484 Has., para la extracción de oro y plata con una vigencia hasta el 2058; finalmente, Santo Domingo Zanatepec tiene concesionado a Geometales del Norte 17,966 Has., para extraer oro y plata hasta el 2058.
Estas empresas mineras han financiado campañas electorales para posicionar a presidentes municipales, quienes devuelven los favores otorgando permisos y documentos sin el consentimiento de sus comunidades, es en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde encuentran sus mejores aliados. Con esto, se crea una alianza criminal en la que también participan dependencias federales como la SEMARNAT, la CONAGUA, la SEDATU y la Secretaría de Energía. Estas alianzas operan mediante grupos paramilitares, cuya función es controlar la inconformidad social que surge en estos tiempos de descomposición institucional y ante el, cada vez más visible, estado fallido.
La cloaca está a punto de desbordarse, corre el riesgo de quedar al descubierto el nivel de complicidad criminal y la situación real en que se encuentran comprometidos estos territorios.
Ante este oscuro panorama resurge un movimiento de jóvenes indígenas istmeños de comunidades zoques, zapotecas, mixes, ikoots y chinantecas, que preocupados por el futuro aterrador que nos espera, han decidido empujar con esfuerzo revitalizador un movimiento que tiene como objeto el empoderamiento de las comunidades para la solución de sus problemas, sin mayor injerencia de personas e instancias ajenas, y con esto reforzar el camino hacia la autonomía, pues es el único camino que permitirá la subsistencia como pueblos originarios.
El caminar de los jóvenes indígenas, aunque alentador, es una actividad de alto riesgo pues, como se ha demostrado recientemente en Ayotzinapa en el estado de Guerrero, para el grupo en el poder, aniquilar a la juventud indígena no es cosa de mayor dificultad.
Así, corresponde ahora a la sociedad en general no perder de vista estos esfuerzos, pero también participar activamente, buscando el modo de sumar todas las voces y unirse en un movimiento organizado que articule todas las demandas.
Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.
Gabriel Ángel Pérez
Movimiento Agrario Indígena Zapatista – MAIZ
Octubre 2014
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