* El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2011 denuncia la flagrante falta de rendición de cuentas por parte de gobiernos y actores privados, la cual ocasiona violaciones del derecho a la alimentación a diario.Regeneracion,13 de octubre del 2011. A pesar del crecimiento de un movimiento mundial por el derecho a la alimentación y la existencia de marcos y mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos, un inaceptable número de violaciones de los mismos permanecen impunes, según el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2011, una publicación anual – lanzada hoy oficialmente – que se dedica a monitorear políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición desde una perspectiva de derechos humanos.
La publicación identifica la carencia de rendición de cuentas como el elemento faltante entre la lucha de las personas por sus derechos y el mayor reconocimiento del derecho a la alimentación en las agendas políticas en los últimos 25 años. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, “Al otorgarle a las cortes u otros órganos independientes el poder de monitorear el cumplimiento del derecho humano a una alimentación adecuada, transformamos fundamentalmente la relación entre las personas pobres y marginalizadas, y aquellos – ya sean órganos estatales o actores privados – que toman decisiones que las afectan. Antes había necesidades que debían ser satisfechas; ahora hay derechos que deben ser respetados. La relación estaba basada en la caridad; ahora se ha convertido en una obligación. Este fundamental cambio no sólo representa un aumento de la eficiencia en la lucha contra el hambre; también constituye un aumento de la dignidad para las personas que padecen hambre.”
Gracias a las contribuciones de socios basados en cuatro continentes, el Observatorio presenta 15 informes nacionales y regionales sobre la rendición de cuentas en materia del derecho a la alimentación y a la nutrición, incluyendo en Guatemala, Haití, Alemania, Suiza, Camerún, Uganda, China y Pakistán.
Uno de los numerosos casos documentados en el Observatorio concierne los asesinatos y desalojos forzosos de campesinos y campesinas llevados a cabo por las fuerzas armadas, la policía y guardias de seguridad privados en la región del Bajo Aguán en Honduras. Los miembros del movimiento campesino del Bajo Aguán luchan por su derecho a la alimentación, reclamando acceso a la tierra y la reforma agraria, en oposición al acaparamiento de tierras por parte de grandes productores de palma africana. Sin embargo, se han enfrentado a persecución y abusos. Entre enero de 2010 y octubre de 2011, se registró el asesinato de 40 campesinos como resultado del conflicto agrario en la región. Los crímenes no fueron investigados y los responsables continúan impunes.
Otras violaciones de derechos identificadas en la presente edición del Observatorio incluyen el continuado acoso y asesinato de campesinos y defensores de derechos humanos en Togo; la otorgación ilegal de concesiones de tierras a la industria de palma africana por parte del Gobierno de Malasia, en detrimento de las comunidades indígenas; y la falta de progreso en la situación de las mujeres y niñas en materia del derecho a la alimentación, a pesar de su papel central en la seguridad alimentaria.
“El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2011 denuncia la flagrante falta de rendición de cuentas por parte de gobiernos y actores privados, la cual ocasiona violaciones del derecho a la alimentación a diario. Esta publicación es una herramienta fundamental para dar voz a las víctimas y atraer atención pública sobre situaciones de intolerable injusticia,” afirma Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El progreso en el reconocimiento de derechos relacionados con la alimentación – incluyendo un mayor uso de los sistemas judiciales nacionales como vías para reclamar derechos y solicitar recursos – es reconocido por los autores y autoras del Observatorio, los cuales incluyen expertos médicos, representantes gubernamentales, trabajadores de ONGs y miembros de movimientos sociales. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos, y la falta de acción para remediar sus consecuencias, siguen siendo la norma, incluso cuando los derechos están consagrados en el derecho constitucional, como es el caso en Bolivia y Ecuador.
Las personas que son privadas de su derecho a una alimentación adecuada permanecen en un estado de pobreza y hambre extrema, mientras que las violaciones de derechos humanos son repetidas por los responsables con impunidad.
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