Legisladores locales solicitaron a la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar la salida de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, por las investigaciones contra él.
Regeneración, 24 de noviembre de 2016.– El congreso de Quintana Roo aprobó una medida para que dependencias como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitan una alerta migratoria que evite que Roberto Borge, ex gobernador de la entidad, pueda abandonar el país.
La medida es también estendida al Instituto Nacional de Migración (INM) y obedece a que el ex mandatario está acusado por varios delitos, en contra del patrimonio del estado.
Tras la huida de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz y la ignorancia sobre el paradero de Tomás Yarrington, ex gobernador de Sonora; los congresistas locales decidieron adelantarse y evitar que esto pase con Borge.
De acuerdo con el documento, existe riesgo fundado de que el ex mandatario abandone el país, por lo que es indispensable que se emita una alerta migratoria; asimismo, se sugiere asegurar bienes y recursos de su propiedad, para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado en el estado.
Esto no es solo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento.
Este punto de acuerdo fue presentado por las fracciones del PAN y el PRD, respaldado por Morena, Nueva Alianza, encuentro Social y el el legislador independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
Los legisladores del PRI y el Partido Verde, votaron a favor del acuerdo y pidieron que prevaleciera el principio de presunción de inocencia.
Roberto Borge enfrenta una denuncia del gobierno de la entidad, ahora encabezada por Carlos Joaquín González, por la enajenación ilegal de 9 mil 500 hectáreas de reservas territoriales.
Vía Milenio, Excélsior y Expansión.