La renta del Palacio por Mijares se realizó sólo con 24 horas de anticipación; al ser un evento privado en un recinto público, podría constituir violación a los derechos de los mexicanos
Regeneración, 19 de octubre 2016.- Hace un mes reportábamos que Manuel Mijares rentó el Palacio de Bellas Artes para festejar sus 30 años de trayectoria, acción envuelta en polémica debido a que el recinto supuestamente no se renta y por la presencia de Angélica Rivera, su hija Sofía, Carlos Slim, Manlio Fabio Beltrones, Joaquín López-Dóriga y otras personalidades.
Ahora, nuevos documentos revelan que la presentación de Mijares en Bellas Artes se pactó de forma exprés. El contrato entre el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la empresa Almashow Producciones, se firmó con 24 horas de anticipación al primer ensayo en la sala principal del recinto y sólo 48 horas de ofrecer el concierto privado.
Es decir, mientras en el Palacio de Bellas Artes se realizaba el homenaje luctuoso a Juan Gabriel a todas luces, el INBA pactaba expedito y en lo “oscurito” las condiciones de la presentación de Mijares.
La productora pagó 407 mil 943 pesos “por uso y aprovechamiento” de la sala, más 12 mil 360 pesos por la grabación del concierto.
El primer ensayo del cantante mexicano, tuvo lugar media hora después de que la Secretaría de Cultura retirara del vestíbulo las cenizas de Juan Gabriel.
El contrato estipula que el INBA proporcionó “el personal técnico y de servicios al público, así como el equipo y requerimientos técnicos” de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y que la entrada al concierto sería “sin costo”, aunque no especifica que el concierto sería privado y de acceso exclusivo.
Para el abogado especialista en legislación cultural, Jorge Sánchez Cordero, el alquiler del Palacio de Bellas Artes por parte de Mijares, representa una “transgresión” y “profanación” del máximo recinto artístico y podría conducir a un juicio de amparo o una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por afectar los derechos culturales de los mexicanos.
Explicó que con la trasformación del Conaculta en Secretaría Cultural, ahora todos los actos de la institución tienen carácter de actos de autoridad por lo tanto “su dependencia del Ejecutivo Federal tiene consecuencias trascendentes; entre otras el sometimiento de sus actos al control constitucional a través del amparo y la puntual observancia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Más aún, sus actos, ya sea por omisión o acción, pueden ser constitutivos de transgresiones de derechos humanos que, bajo la tutela del artículo cuatro párrafo decimosegundo constitucional, tienen una expresión cultural”.
Con información de Excélsior