“El gobierno no sólo ha omitido su tarea, sino también ha criminalizado a las víctimas”: Juan Villoro.
Regeneración, 9 de octubre de 2016.- El Colegio de México con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), presentó un informe sobre la investigación que, bajo la dirección de Sergio Aguayo Quezada, lleva a cabo y que concentra dos eventos: la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y la que fue una denuncia de la sociedad civil; la matanza de Allende, Coahuila. Este segundo evento es quien presenta más datos importantes, hasta hoy desconocidos.
Del informe se desprende que el cártel de Los Zetas sí masacró personas en Allende, Coahuila, por un supuesto ajuste de cuentas, con la ayuda de la policía municipal: las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
En el expediente que presenta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas, pero, se presume que “pudieron ser más”, revela el informe elaborado por El Colegio de México.
Con críticas fuertes, durante la lectura del informe, el escritor y periodista Juan Villoro expuso que México es una “necrópolis” donde proliferan las fosas en todo el territorio.
Nos recordó que las desgracias de Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta resignación de la geografía a través del horror”, “el gobierno no solo ha omitido su tarea, sino también ha criminalizado a las víctimas”, dijo.
El informe, expuso, “es una radiografía de la torpeza e impedimento para impartir justicia”.
“Es urgente e indispensable que reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal para generar canales de comunicación con la sociedad”, determinó el Colegio de México en su informe sobre el trato y las reparaciones a las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila.
“En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por Sergio Aguayo.
Del informe se puede apreciar, dijo el profesor Aguayo, que “las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de tres factores principales: el control casi total del crimen organizado en Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y la complicidad del Estado”.
Los especialistas en derechos humanos, Mariclaire Acosta y Jacobo Dayán coincidieron en que las investigaciones son muy lentas, no apegadas a los estándares nacionales e internacionales y nunca se sanciona a los culpables.
El profesor e investigador del Colegio de México y coordinador del informe, Sergio Aguayo, expuso que es necesario “entender y construir un mecanismo de atención a víctimas en Coahuila y Tamaulipas” y amplió que “México está lleno de fosas clandestinas”. Adelantó que habrá una segunda fase en la investigación de Coahuila.
El informe finaliza con dos afirmaciones de acuerdo a los investigadores de El Colegio de México, aunque el expediente habla de personas asesinadas, los investigadores consideran que se trata de desaparición forzada. El informe señala que el aporte principal del expediente de la PGJEC son las declaraciones de 61 testigos.
“Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones”, dice.
Con información de Sin embargo