Por Hugo Aboites/ La Jornada*
Una vez más, el gobierno mexicano aparece como decidido a generar otro conflicto nacional con el magisterio. En respuesta a la presión que de manera abierta hace un empresariado (Mexicanos Primero) que ya considera suya la educación, de la misma manera que –como explicaba Pedro Miguel– suyas también las instalaciones militares, aparecen iniciativas que atizan la confrontación.
1) En un país cuyo nombre estará por buen tiempo ligado a Ayotzinapa, se puso en marcha un examen del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que representa una violenta manera institucional de desaparecer al magisterio normalista. No sólo porque hasta un 60 por ciento de los aspirantes para obtener una plaza resultan no idóneos dada la calibración de la prueba, sino porque próximamente ya ni siquiera se aplicará sólo a los normalistas. Cualquier estudio (ingeniería, medicina, contaduría, gastronomía) será considerado como satisfactorio para una plaza en educación, y, con eso, las normales –como Ayotzinapa– perderán su razón de ser y deberán luchar todavía con mayor tenacidad para seguir existiendo. A la par que los normalistas se reprime la idea de que ser maestra o maestro es fundamentalmente un compromiso de clase social y con los niños y jóvenes y no un empleo como cualquier otro.
2) La recentralización de la administración de recursos y el censo de maestros, lejos de ser una medida de eficacia administrativa, se está mostrando como un agresivo mecanismo represivo. Se trata ahora de desaparecer de la nómina y del empleo a decenas de miles de maestros que aunque comprueben nombramiento, presencia cotidiana al trabajo y antigüedad, no se les paga y no se les reconoce como empleados del sistema educativo. El primer aviso de un conflicto en crecimiento por esta razón –como fue en marzo de 2013 en la Autopista del Sol– fue la presencia reciente de miles de maestros de Oaxaca en plena avenida Reforma que demandan el pago de sus salarios.
3) El anuncio que hace el INEE de que en marzo se darán a conocer algunos elementos de la evaluación que próximamente se aplicará a todos los maestros y directivos del país. Como se recordará, de esta y otras dos evaluaciones posteriores dependerá el futuro de miles de maestros. Si se aplica el mismo criterio que para el examen de ingreso a una plaza, hasta un 60 por ciento podrá ser declarado no idóneo. En este caso, los profesores podrán ser sumariamente despedidos o separados para siempre de la docencia. Como se sabe, los maestros no cuestionan la evaluación, sino el que ésta sea un mecanismo único y nacional, con un perfil, criterios y calibración (que determinará cuántos serán considerados como no idóneos) que viene decidido en secreto, sin consulta y discusión amplia, desde arriba, y de manera centralizada. Los maestros no se oponen a la evaluación, pero proponen que sea integral, desde las condiciones de cada escuela, barrio y comunidad, y donde el maestro sea contemplado como parte de un proceso y problemática educativa muy amplia. Es decir, que refleje la realidad: que la debacle y eventual mejoría de la educación no depende de este o aquel maestro, sino de una convergencia de factores que deben ser resueltos en conjunto. Sin embargo el planteamiento oficial coloca en primera fila los rasgos autoritarios e impositivos que fueron un componente muy importante del conflicto de 2013. ¿Por qué no debatir antes? ¿Por qué no las fuerzas políticas, los gobiernos de entidades federales y de la capital del país, así como instituciones tan importantes como las universidades, no intervienen para exigir al Estado un clima de diálogo y acuerdo nacional? En lugar de apostar todo a la represión.
4) El ánimo represor, sin embargo, está tan a flor de piel que incluso el INEE ya se suma a la idea de persuadir con amenazas. Dice que ante la negativa del magisterio disidente a participar en el proceso de evaluación al desempeño, la ley prevé sanciones para quienes no se sumen y esperamos que esta se cumpla (Laura Poy S., La Jornada, 14/02/15). Lástima, porque quiere decir que no se entiende por qué existe oposición al uso de un criterio único y arbitrario de lo que es un buen maestro, que puede tal vez ser válido para Monterrey o el Distrito Federal, pero no para Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, estado de México, Zacatecas y otras regiones. Desde 1996 la evaluación oficial y paraoficial, además, nunca ha dejado de mostrar graves sesgos culturales y clasistas en perjuicio precisamente de esas regiones. Ni siquiera se informa cuál es el perfil del maestro en que se basa la prueba; qué preguntas averiguan si el aspirante lo cubre, y cuál es la relación de ese perfil con las necesidades tan variadas de este rompecabezas multicultural y multisocial que es el país.
En el México post Ayotzinapa, un conflicto en la educación tendrá componentes mucho más sensibles y profundos que los de 2013. El campo de la educación es un espejo de los ejes del conflicto y crisis del país. Si ahí no se resuelve, será difícil que se resuelva en otros ámbitos.
*Rector UACM
México, Regeneración 20 de febrero del 2015.
Fuente: La Jornada
