clase política; las últimas son, respectivamente, una organización plural y un reconocido organismo independiente de defensa de los derechos humanos. Igualmente figuran como víctimas del espionaje los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, ésta última con el agravante de que se intentó interferir el teléfono de su hijo, Emilio.
Los antecedentes de lo que ahora se etiqueta como #GobiernoEspía vienen de muy atrás. Los gobernantes mexicanos (y no son los únicos, claro) se han espiado entre ellos; han husmeado durante décadas en el correo postal; han enviado orejas a reuniones y han pinchado las líneas telefónicas; han violentado el derecho a la privacidad de opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes sindicales, líderes campesinos e intelectuales destacados. Todo, con el propósito de vigilar, contener, reprimir, chantajear o neutralizar a quienes han considerado necesario.
Las intromisiones gubernamentales no cesaron con la revolución tecnológica sino que se adaptaron a ella. Desde septiembre de 2013, gracias a una investigación realizada por la Unidad de Contrainteligencia de Wikileaks (WLCIU) y por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y difundida por La Jornada (https://is.gd/ZrO8dj) se sabía que diversas firmas internacionales de intercepción de comunicaciones rondaban el mercado mexicano, y en octubre de ese año las organizaciones civiles Contingente Mx y Propuesta Cívica dieron a conocer que el software espía FinFisher, de la empresa británica Gamma Group, se usa extensivamente en por lo menos cuatro dependencias federales: la extinta Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, el Cisen y el Estado Mayor Presidencial
(https://is.gd/d10v0W). En el caso de la PGR, el programa FinFisher fue vendido durante la última fase del mandato de Felipe Calderón por Obses de México, durante la gestión de Marisela Morales, según dijo Jesús Robles Maloof, de Contingente Mx. El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) señaló entonces que el FinFisher sirve para monitorear comunicaciones de periodistas, manifestantes y blogueros con el fin de identificarlos y, en su caso, arrestarlos
.
En su nota de ayer, el NYT informó que el instrumento utilizado para el espionaje telefónico de Aristegui, Loret de Mola, el Centro Prodh, el IMCO, MCCI y la Alianza por la Salud Alimentaria, es el sistema Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO Group, y afirmó que está en servicio desde 2011 en al menos tres dependencias federales mexicanas
. NSO Group, agregó, “vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas”.
El espionaje es delito y cuando las autoridades lo realizan sin orden judicial es también una violación a los derechos humanos. En este caso no es sorprendente pero sí condenable e inadmisible. No puede ser correcto que el régimen se gaste 80 millones de dólares en tratar como presuntos criminales a informadores y a activistas de derechos humanos cuando no es capaz de proteger la vida de unos y de otros, diezmados con particular saña por la violencia que vive el país. Ciertamente, tampoco hay justificación posible para escudriñar de manera furtiva las comunicaciones de esos sectores oligárquicos (MCCI, IMCO) que se le voltearon al gobierno.
Es extraño que el régimen priísta no espíe a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Movimiento de Regeneración Nacional y a otras instancias políticas y sociales, o bien que el NYT no las mencione. En todo caso, la información comentada coloca al peñato en una situación de extrema vulnerabilidad en el encuentro de la OEA que se realiza en Cancún por estos días y, mucho más grave, ante la que parece inminente renegociación del TLCAN.
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