Por: Jenaro Villamil | Homozzaping
Regeneración, 13 de abril 2014.- A petición del senador panista Javier Corral, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) envió el 4 de abril sus comentarios al Senado sobre la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones y generó una molestia mayúscula en el gobierno, especialmente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El documento de apenas 5 cuartillas, enviado por Eugenia Garduño, directora de la OCDE para México y América Latina, pidió que se eliminaran o modificaran varios artículos: el 131 sobre interconexiones asimétricas; 67 y 170 sobre la figura de la concesión única;198 sobre asignaciones de funciones a la Profeco, en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el 201 y el 210 para defender las facultades del IFT y recomendó incrementar las multas de 10 a 15 por ciento tanto en telecomunicaciones y radiodifusión.
Más contundente que los propios comisionados del IFT, la OCDE defendió la autonomía del organismo regulador y sentenció que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse”, al tiempo que la iniciativa del Ejecutivo federal “introduce una rigidez necesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente”.
Las críticas y sugerencias de la OCDE se sumaron a una serie de documentos que llegaron a las comisiones dictaminadoras del Senado y califican a la iniciativa de Peña Nieto como violatoria de derechos de libertad de expresión, persecutoria y censora en internet, elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Sociedad de Internet de México (ISOC).
La explicación técnica y las críticas de la OCDE provocaron molestia e incomodidad no sólo porque éste es el organismo cuyo informe de enero 2012 inspiró la reforma constitucional de abril de 2013, sino porque el gobierno federal y los defensores de la iniciativa presidencial no habían considerado que una opinión tan dura provocara lo que no querían: llamar la atención sobre las deficiencias e impedir una aprobación fast track.
El especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, explicó a Proceso que uno de los puntos fundamentales del documento de la OCDE es su crítica al artículo 131 que ordena una “tarifa cero” en materia de interconexión, la gran batalla entre Telmex-América Móvil y sus competidores.
“Este artículo 131 le quita su naturaleza al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le secuestra la posibilidad de regular las tarifas entre empresas telefónicas y le quita su naturaleza al propio IFT”, sentenció Negrete.
Las tarifas de interconexión constituyen “el alma del sistema de capitalización del sistema de telecomunicaciones” y un artículo de este tipo “llevará a la descapitalización del sector porque nadie va a reinvertir ni tampoco existirá cobertura en zonas donde no es negocio la telefonía, como las zonas rurales”, afirmó Negrete.
La “tarifa cero” que ordena la ley implicaría una pérdida de ingresos de 11 mil millones de pesos para América Móvil, pero también “un fracaso regulatorio”, abundó el especialista.
La OCDE afirmó lo siguiente en relación con este artículo:
“La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto no debería establecer ‘facturación y retención’ (‘compensación recíproca del tráfico’) o ‘tarifas de interconexión asimétricas’, como señala el artículo 131. Estas son decisiones que el IFT debería tomar, con base en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría minar gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131”.
Por su parte, la especialista Clara Luz Avarez, consideró que la parte más incómoda del documento de la OCDE fue su recomendación de incrementar de 10 a 15 por ciento las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, justo cuando los concesionarios de televisión, especialmente la CIRT, Televisa, TV Azteca y otras compañías radiofónicas habían pedido lo contrario en los foros organizados por el Senado.
“Las penalidades máximas son relativamente bajas (5 por ciento de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296-E y 2.5 por ciento para la radiodifusión, de acuerdo al artículo 306-C). Recomendamos aumentar las multas a 10 o 15 por ciento y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu ‘convergente’ de la ley”, afirmó la opinión de la OCDE.
La Tibieza del IFT
En la defensa de las funciones del IFT, el documento de la OCDE fue mucho más claro que el propio organismo regulador. En su documento de 10 cuartillas, los siete comisionados del instituto evitaron pronunciarse sobre la presunta invasión de sus facultades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Gobernación o de Profeco.
Más bien, sugirieron a los legisladores que les doten de “flexibilidad” para regular las concesiones de uso social, y “adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante del mercado”.
En materia de regulación de contenidos y de publicidad, el IFT afirmó que “en nuestra opinión las facultades del instituto de vigilancia, supervisión y sanción en estas materias, que podrían considerar facultades para ordenar la suspensión de transmisiones contrarias a la normatividad, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes”.
Ni siquiera se pronunciaron en contra de la prórroga hasta diciembre de 2017 del llamado “apagón analógico”. Sólo sugirieron “prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de televisión abierta para la población de zonas semi-urbanas y rurales, así como en comunidades indígenas”.
-¿No cree usted que la OCDE dijo muchas cosas que el IFT debió decir en su opinión sobre la ley de Peña? –se le cuestionó a Clara Luz Alvarez.
-La opinión del IFT fue demasiado moderada. Debió haber sido mucho más contundente. Me hubiera gustado ver al IFT defendiendo su autonomía constitucional. Los del IFT reaccionaron como si fueran la Cofetel, que era un organismo desconcentrado y no autónomo.
“Por supuesto, la OCDE hizo mejor su trabajo para cuidar las funciones del IFT que ellos mismos”, afirmó Alvarez, quien fue comisionada de Cofetel.
– See more at: http://homozapping.com.mx/2014/04/exhibe-la-ocde-deficiencias-de-la-ley-pena-televisa-primera-parte/#sthash.hBqg1bkE.dpuf