Los ex directores generales de Obra del NAIM, de Administración y general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, estarían involucrados en el desvío.
Regeneración 07 de enero de 2018. Un nuevo escándalo sobre los desvíos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salió a la luz esta vez se trata de un desvío de 17 mil millones de pesos.
El ex director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Manuel Ángel Núñez Soto; el ex director de Obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Raúl González Apaolaza; y el ex director de General de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Carlos Noriega, son los señalados como probables responsables de un desvío de 17 mil millones de pesos en el NAIM, según una investigación.
El Universal tuvo acceso a unos documentos que constatan que dichos ex funcionarios públicos fueron investigados por la Policía Federal y las conclusiones de la investigación ya fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República.
La investigación indica que el sucesor de Núñez Soto al frente del GACM, Federico Patiño, realizó una serie de diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM, mediante la compra de materiales para construcción sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados a González Apaolaza.
Según el diario, el informe detalla que “sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a los 17 mil 500 millones, mediante el monopolio de viajes de carga y compra de material”.
Con esta manipulación, “prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, dice El Universal, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos. “Ambas cantidades multiplicadas por 8 mil metros cúbicos de la superficie”.
Ya desde el 2017, la Auditoría Superior de la Federación documentó que en la nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales, se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
La Policía Federal indicó en sus observaciones que tras una revisión a las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM, se detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad.
En el caso de González Apaolaza, además incurrió en el conflicto de interés de no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), organización que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno del NAIM.
El ex funcionario público, fue cuestionado por el periódico y negó tener vínculo con el SITRAM.
«Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecía a otro sindicato, pero me di de baja cuando me dieron mi nombramiento en Grupo Aeroportuario, pero no tiene ninguna relación con el SITRAM», dijo.
Otro investigado por la Policía Federal es Carlos Noriega Romero, quien fue director general de Administración del GACM, quien fue relevado por rentar oficinas en Altavista y Periférico Sur, por un costo de medio millón de pesos al mes.
Por si fuera poco, Noriega Romero es investigado por adquirir un crédito de 4 millones 920 mil pesos, cuado era subdirector General de Planeación del Infonavit.
El tercer implicado es Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo, a quien se le vincula directamente por las irregularidades de González Apaolaza y los sindicatos. Además que se le atribuyen propiedades que no declaró en primera instancia.
«No declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, SA de CV y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen como parte del Corporativo Grupo Lomas, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que, según la investigación de la Policía Federal, no existe», dice el diario.