La Asamblea Social del Agua informó que 36 senadores de PAN, PRD, PT y Morena han firmado una acción de inconstitucionalidad contra lineamientos de la Conagua que legaliza el uso de agua para fracking. El senador Miguel Barbosa entre los que se negaron a firmar.
Regeneración, 3 de octubre de 2017. La Asamblea Social del Agua informó que 36 senadores firmaron su apoyo a la Acción de Inconstitucionalidad contra los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, aprobados por la Conagua, pues “existe un intento del ejecutivo de inventar el concepto de ‘acuíferos hidráulicamente independientes de los oficialmente reconocidos’, en donde no aplican las protecciones legislativas ni constitucionales sobre el vital líquido.
María Eugenia Ochoa García, integrante de la ASA, informó que hasta el momento 36 senadores de la República han firmado la acción de inconstitucionalidad 8 son del PAN, 7 del PRD, 19 del PT y MORENA y dos sin afiliación partidista.
Informó que los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Javier Lozano Alarcón, Carmen Izaguirre y Lucero Saldaña no aceptaron participar en esta decidida defensa de la Constitución, los derechos humanos y el medio ambiente. Al negarse a firmar la acción que frena esa medida, desactivan la acción de inconstitucionalidad en contra de los lineamientos de la CONAGUA, que autoriza a aguas nacionales para la fractura hidráulica.
Solamente dos senadores poblanos, Manuel Bartlett Díaz y Blanca Alcalá Ruíz, firmaron la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, la gran mayoría de ellos avalan la instalación de casi 10 mil proyectos de ‘fracking’ que ya están concesionados para el estado de Puebla, aunque hay espacio para unos 20 mil proyectos -en total- en todo el territorio estatal.
Explicó que la acción de inconstitucionalidad argumenta que los lineamientos representan un intento de legislar por parte del ejecutivo federal, dado que crean un “estado de excepción” en torno a acuíferos supuestamente, “independientes de los oficialmente reconocidos por CONAGUA”.
Indicó que el agua de estos acuíferos, descubiertos y acreditados por las empresas petroleras podría ser utilizada y contaminada por las actividades del fracking, sin tener que respetar los decretos de veda, los dictámenes de no factibilidad legal frente a los daños a las aguas nacionales que pudieran ocurrir como resultado del fracking.
Explicó que la técnica de fracking implica la perforación de cientos o miles de pozos a profundidades de tres a más kilómetros, desde donde se extienden de 8 a 10 perforaciones horizontales con extensiones de 1 a 1.5 kilómetros a su alrededor.
Se inyecta bajo alta presión unos 29 millones de litros de agua mezclada con abrasivos y hasta 600 sustancias químicas altamente tóxicas con el fin de destruir las estructuras geológicas y así poder extraer bolsas o burbujas de petróleo o gas.
Expuso que el fracking ha sido prohibido en países como Alemania, Gales, Escocia, provincias de Canadá y en varios estados de los Estados Unidos.
Los estados en donde esta tecnología está prevista son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
José Luis Bello , representante de la ASA, dijo que los lineamientos propuestos son violatorios de los artículos 1, sobre derechos humanos; 2, sobre derechos de los pueblos indígenas; 4, sobre el derecho al agua, a la salud y a tener un medio ambiente sano; y al artículo 27, sobre la protección de aguas nacionales, por lo que existe una total afectación a los derechos humanos de los habitantes del territorio poblano.
Los lineamientos representan un intento de legislar por parte del poder ejecutivo, dado que crea un estado de excepción en torno a los acuíferos «supuestamente» independientes, de los que están oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional del Agua.
Además, el agua de esos acuíferos, descubiertos y acreditados por las propias empresas petroleras, podría ser utilizada y contaminada por las actividades del ‘fracking’, sin tener que respetar los decretos de veda y los dictámenes de no disponibilidad ni las normas que protegen la calidad del agua.