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Mineras horrorizan a sociedad civil tras muertos y derrame de tóxico en Urique. Que se les expulse del país por homicidas y ecocidas, demandan.

Regeneración, 6 de junio del 2018. Mineras deben ser detenidas en su salvaje depredación que hace en nuestro estado ya ha costa de las vidas y la seguridad de las comunidades y pueblos indígenas y de los bosques chihuahuenses. Exigen en Chihuahua rescate de cuerpos, atención médica de calidad a afectados; que el gobierno cumpla la ley y que se expulse a mineras depredadoras del territorio nacional

Organizaciones civiles de Chihuahua han visto con horror las noticias desde el lunes pasado respecto al derrame de desechos tóxicos que tuvo lugar en Urique, luego de que se reventara la presa de jales en la mina Río Tinto; mismas que se pronunciaron públicamente por remediación de medio ambiente, auditoria y sanciones en contra de minera.

“Ante el terrible desastre que arrebató vidas humanas y dañó el medio ambiente, exigimos al Estado mexicano que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible”, publicaron.

Desde hace meses la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI) se ha pronunciado en contra de las actividades mineras que se realizan en los bosques de Chihuahua, pues generan un terrible daño al medio ambiente, violentan y despojan de sus territorios, recursos naturales y derechos humanos a las comunidades indígenas y no retribuyen en absoluto a la población civil la riqueza que extraen de nuestra tierra, dejando sólo destrucción, contaminación y un paisaje desolador.

Decenas de organizaciones y personas suscriben documento de denuncia.

Desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba la gran cantidad de concesiones mineras que se hallan situadas en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades, e identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento, como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.

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La Ley Minera es sumamente flexible para atraer la inversión, para aprobar las concesiones mineras, reducir impuestos, así como la incorporación de figuras legales de uso y ocupación de los territorios para impulsar esta actividad, que se considera preferente sobre cualquier otra.

“Asimismo, asegura el uso industrial del agua por encima del consumo humano y doméstico, lo cual atenta contra el derecho humano al agua contemplado en la Constitución mexicana”; denuncian.

Lo anterior fue suscrito por organismos como la Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara; entre decenas de grupos y personas de la sociedad civil; otros.

Puntualizaron que los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del mineral.

“Según el Cluster minero, en el Estado de Chihuahua existen actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo yUrique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una”, denunciaron.

Agregaron que Chihuahua es el tercer productor de oro a nivel nacional, ocupa el segundo lugar nacional en la producción de plata,plomo y zinc y es el cuarto productor de cobre en el país. En el Estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80% de ellas canadienses. Su producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara.

Por lo anterior, organizaciones civiles que trabajamos con pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, exigieron:

-Que el Estado priorice el respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la Ley Minera y laReforma Energética, implicando su revisión tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos de los pueblos indígenas.

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-Que las dependencias del Gobierno Federal se abstengan de otorgar más concesiones o procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento forestal, declaración de Áreas Naturales Protegidas, entre otros, que impacten territorios indígenas si no se cuenta con estudios de impacto ambiental y comunitario, con perspectiva sistémica y con el consentimiento expreso de las comunidades afectadas otorgado conforme a los estándares internacionales.

-Que se remedie lo antes posible el daño ecológico, pues la explotación minera a cielo abierto es sumamente dañina para el medio ambiente, para la flora y fauna y para las personas que habitan cerca de las minas.

-Que se haga una auditoría ambiental a la empresa minera responsable, misma que debe resarcir los daños que su actividad ha originado en la zona; se revisen los estudios de impacto ambiental presentados por la misma y que ellos estén en orden en cuanto a tiempo y forma de operación.

-Que, en caso de comprobarse que la minera operaba sin un permiso de impacto ambiental, se sancione a los responsables, se suspenda la concesión y se realicen los procesos legales conducentes para expulsar del territorio a la empresa, así como que se investigue a funcionarios públicos implicados.

-Que se ofrezca información inmediata y veraz sobre los hechos.

-Que se otorgue atención médica y hospitalaria de calidad a los sobrevivientes del siniestro y la reparación del daño a todas las familias afectadas por el mismo.

Que no cesen las actividades de búsqueda de los compañeros desaparecidos tras el derrumbe de la presa. 

Que tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chihuahua hagan valer la ley y protejan los derechos humanos y ambientales de las y los mexicanos; que dejen de privilegiar a las empresas mineras transnacionales a costa de la vida de las y los ciudadanos, del medio ambiente y los recursos naturales, la riqueza de nuestro país.

Que se expulse del país a estas empresas por homicidas y ecocidas; que se les multe por violar la ley; que reparen los daños y ofrezcan una disculpa pública, así como la destitución y sanciones a los funcionarios federales y estatales responsables que NO cumplieron con la ley ni hicieron que se cumpliera.

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Firman el documento: Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, (Alianza Sierra Madre A.C.; Awé Tibúame; Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos indígenas; Consultoría Técnica Comunitaria).

A este posicionamiento se suman organizaciones civiles, así como personas en lo individual:

Alberto Javier Campos Morales, S.J.; Alberto Loya Villalobos; Alma Gómez Caballero; Alma Rosa Dozal Estrada; Arcilia Gómez Escárcega; Artemisa Castro Félix; Azucena Rodríguez Gómez; David Lauer; Denisse Ariadna Salazar González; Dania Brizeida Alderete Montes; Diana Guadalupe Siqueiros Soriano; Elvira Villarreal Torres; Georgina Gaona Pando, Máster en Derecho Ambiental;

Graciela Ramos; Hilda G. Rivera Aragón; Horacio Almanza Alcalde; Irma Villanueva Nájera; Ivonne Gómez Escárcega; Juan Loera; Juana García Flores, Mentora FASOL Tabasco; Manuel Tripp Rivera; María Concepción Morales Chávez; María Elena Cárdenas Méndez; María Hilda de la Vega C.; Mariela Castro Flores; Noemí Gómez Rodríguez; Nora Zulema Gómez Morales; Juan Manuel Morán; Óscar Enríquez; Pablo Gómez Caballero; Patricia Borunda Lara; Rosa María Sáenz Herrera.

Rosalío Morales Vargas; Rossina Uranga Barri; Sagrario Silva Vélez; Sandra Martínez Contreras; Teresa Terrazas;Verónica Rodríguez López; Yadi Rodríguez Gómez;

Los ejidos: Ejido Benito Juárez y el Ejido Constitución

Así como las siguientes organizaciones de la sociedad civil

Alianza Internacional de Habitantes; Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro FASOL; Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua; Comité Ixtepecano Vida y Territorio (Ixtepec, Oaxaca); Ecos de Mirabal; Fondo Acción Solidaria, A.C.; Frente Amplio Ambientalista y La Nueva Constituyente Ciudadana Popular; Frente Democrático Campesino; Grupo Abogadas Demócratas; Hijos de la Tierra; Impulsadora Sustentable para la Biodiversidad Inerme, A.C. (ISBI); Instituto de Psicología Forense, S.C.; Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (JPNH); Kawi Sura, A.C.; MCDL de Morelia; México Autosustentable, A.C.; Milpaktli, A.C.; Organización por la Cooperación Ecológica, A.C.; Pobladores, A.C.; Red de Defensores y Defensoras del Territorio; Red por la Participación Ciudadana; Semillas de Vida; Tierra Nativa, A.C. y Ventanas de Esperanza, A.C.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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