Además, las tierras que terminarían por ser cedidas a la empresa trasnacional, fueron compradas a sobrecosto a una empresa de “amigos” panistas.
Regeneración, 09 de junio 2016.- El gobierno de Guanajuato, compró a 161 pesos el metro cuadrado, diversos terrenos adquiridos por una empresa intermediaria un mes antes, en sólo 4 pesos el metro cuadrado.
La misma operación, de comparar barato para revender caro, fue replicado de distintas formas por la intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas, lo que le significó una ganancia millonaria por la venta de tierras, mismas que después fueron regaladas por el gobierno del PAN, encabezado por Miguel Márquez, a la trasnacional Toyota.
De acuerdo con avalúos bancarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2014 y 2015 el gobierno de Guanajuato pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos, cuyo valor real es de 191 millones. Es decir, en conjunto, se pagó un sobreprecio de 290 millones de pesos.
En la fraudulenta transacción, participaron personas que fingieron ser campesinos, quienes después despojaron, incluso con amenazas a ejidatarios de cientos de hectáreas, que sería regaladas después a Toyota, para que ésta se afinque en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde la empresa automotriz proyecta instalar una planta armadora.
El Subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, Franco Herrera Sánchez, se negó a dar declaraciones al respecto, bajo el argumento que la compra de terrenos para Toyota aún no finaliza.
JAOS & SGB SAPI de CV, es la intermediaria en la transacción, cuyo dueño es el empresario regiomontano José María Garza Treviño, quien, en 2014, fue señalado por Reporte Índigo, como el encargado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo.
Se trata de uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión, con ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.
El nombre de la empresa intermediaria coincide con las iniciales de dos exfuncionarios en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes trabajaron como directivos en la Procuraduría Agraria.
Santiago Germán Bordes cumple en la empresa intermediaria la triple función de consejero, apoderado legal y negociador, mientras que José Antonio Ortega Serrano es su socio, junto con Abraham Cherem, un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón. Los tres tienen el despacho dedicado a negociar la compra de tierras Law Social and Agro Advisor SC (LASC).
Con el apoyo del comisariado ejidal de Caleras de Ameche (comunidad donde se instalará la Toyota), el exfuncionario federal se integró como ejidatario y adquirió 12 parcelas, las cuales luego vendió a precios muy bajos a la empresa en la que es consejero.
Lo mismo hizo una persona de nombre Juan José García Henríquez, quien en cinco contratos de compra venta de esas tierras aparece como el campesino vendedor, pese a que en realidad fungía también como apoderado general de la empresa JAOS & SGB.
Al igual que Germán Bordes, García Henríquez pasó de ser hombre de negocios a ejidatario, para concretar la adquisición masiva de las tierras, en algunos casos casi regaladas, y posteriormente revenderlas al Gobierno a precios muy por arriba de lo que les habían costado.
La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes. La dirección de Caballo Calco 28 es también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de JAOS & SGB.
Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios con el apoyo del Gobierno.
Con información de Animal Político.