Grupo México, que preside Germán Larrea, no deja de estar en tela de juicio por presuntas irregularidades que ahora emergen en Andalucía.
Regeneración, 15 de mayo del 2015. (SDP) La Jornada da a conocer este viernes que la minera estaría en medio de una presunta trama de corrupción relacionada con la concesión, presuntamente irregular, de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en el conocido como el Corredor de la Plata.
Y es que aunque no cumplió “ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento”, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel logró la explotación del yacimiento para los próximos 30 años.
Así lo determina un tribunal andaluz, por lo que se investigan trato de favor, sobornos y otros delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
El propio Germán Larrea Mata está involucrado en la trama de corrupción, señala La Jornada, que destaca que el empresario ha tenido además una actuación polémica durante el derrame de vertidos tóxicos de agosto pasado en Sonora, a pesar de que su empresa fue la responsable del desastre ecológico.
También están involucrados Xavier García Quevedo, vicepresidente de Grupo México, y su hijo Ignacio, quien es el nexo de unión del empresario mexicano con la saga de políticos y empresarios catalanes Pujol, actualmente en el escándalo por el hallazgo de que durante décadas han sido los protagonistas de la corrupción generalizada en Cataluña.
Ignacio García Quevedo está casado con Merce Pujol Gironés, nieta de Jordi Pujol, y se ha dedicado a negociar con varios estados mexicanos concesiones de explotación minera, destaca la nota firmada por Armando G. Tejeda.
Fue el pasado 16 de marzo cuando se publicó la adjudicación de la explotación de la mina, siendo beneficiada la nueva sociedad formada por Magtel –empresa andaluza con fuertes vínculos con el gobierno regional y el PSOE– y Grupo México.
Este grupo entró como el socio de referencia al aportar los 95 millones de euros que se necesitaban para iniciar las labores de explotación y para darle solvencia a largo plazo.
La adjudicación fue a 30 años.
No obstante, sólo dos meses después de adjudicada la explotación, el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla emitió un auto en el que divulgó el cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación.
Sostuvo que “no se observa el más mínimo rigor en la actuación de la administración”, sobre todo en lo relativo al cuidado medioambiental.
También se abrió una investigación por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negocio ilegal, que afectaría tanto a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, como a los responsables de la empresa creada por Larrea y sus socios andaluces.
De acuerdo con la magistrada, la empresa de Larrea no debería siquiera haber superado la primera fase del procedimiento de adjudicación, pues no presentó el informe de capacidad técnica y financiera avalado por la Oficina Consular, tal y como se reclamaba en los estatutos.
Además, tampoco presentaron el seguro de importe mínimo de un millón y medio de euros ni las cuentas del Registro Mercantil para conocer el capital social de la nueva sociedad.
Con ese rosario de irregularidades, la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, decidió suspender la concesión hasta que se aclaren los hechos.
La Jornada destaca que los medios de comunicación españoles han informado y destacado la actuación de Grupo México y de Germán Larrea en la contaminación ocasionada en el estado de Sonora, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Larrea, vertió más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.
En tanto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió “explicaciones” al gobierno andaluz por las presuntas irregularidades.
Recordó que en su día, y a petición del gobierno andaluz, el gobierno central del conservador Mariano Rajoy “eliminó todos los obstáculos para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar” y reclamó un “proceso abierto, de concurrencia competitiva”, y en el que se “comprobara la solvencia científica, técnica y económica”.
Libertad Digital en España, reseña el caso de la siguiente manera
o ha puesto de manifiesto el auto del pasado día 7 de mayo de la juez Patricia Fernández, del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, encargada del caso tras la demanda de la empresa Emeritas cuando el concurso fue adjudicado a la asociación de dos empresas Minorbis-Grupo México. Emerita denunció posible prevaricación, cohecho y fraude en adjudicación de esta mina de Aznalcóllar. Este complejo minero de Anzalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, cuenta con unas reservas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata).
Según Emerita, tras superar la primera fase del concurso, junto con la competidora, Minorbis-Grupo México, y pasó a la segunda y definitiva, donde debían concederse las puntuaciones finales para ambas ofertas. Pero Emerita denunció que «durante todo el procedimiento del concurso, de forma absolutamente ilegal e irregular», se les ha «negado el acceso al expediente», dejándolos en «una situación de absoluta indefensión». Lamentaba además la «voluntad de ocultación por parte de la Administración, que dicta resoluciones evidentemente contrarias a Derecho, con una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora».
Finalmente, el Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y «sin observar el más mínimo rigor». Se trataba de dejar el yacimiento en manos de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista. Precisamente, en la campaña electoral reciente de 22 de marzo, Susana Díaz hizo de su reapertura una promesa estrella, tras su cierre por la catástrofe del vertido de Boliden de 1998.
La juez destaca las siguientes irregularidades certificadas en el caso:
- a) El consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento a pesar de lo cual, la Junta le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina durante 30 años. Por ejemplo, no acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular.
- b) «No se observa –dice literalmente el auto– el más mínimo rigor en la actuación de la Administración», un reproche que es aún más grave si se tiene en cuenta, como destaca la juez Fernández, que se trata de la misma explotación minera que protagonizó en abril de 1998 el que fue considerado el mayor desastre medioambiental ocurrido en España.
c) La oferta agraciada con el favor de la Junta incumplía los requisitos medioambientales como denunció Emerita.
d) No se descarta el tráfico de influencias para obtener un resultado tan contrario de Derecho.
e) Fue presuntamente la directora general de Industria, Energía y Minas, la socialista María José Asencio, la «responsable» de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación, incluida la resolución, que ella firmó y se pide su interrogatorio además de otros.
- f) Curiosamente, ninguna de las dos empresas asociadas detallaban en su propuesta las inversiones comprometidas, muy inferiores a la ofertada por Emerita.
- g) La asociación de Minorbe-Maftel y Grupo México no se hizo mediante un contrato sino mediante una «declaración conjunta de compromiso» que, en palabras de la juez, no excede de «una declaración de buenas intenciones».
- h) Tampoco presentaron el obligatorio seguro por importe mínimo de 1,5 millones. Tampoco Minorbis presentaba las cuentas en el Registro Mercantil, y el deber de acreditar el capital social lo solventaron con «simples capturas de pantalla de las web».
- i) En cuanto al equipo técnico –que la Junta puntuó con la máxima nota–, presenta «evidentes» carencias y deficiencias, mientras que en lo que respecta a la maquinaria tampoco se observan los requisitos, hasta el punto de que ni siquiera está situada en España, sino en América.
El empresario Magdaleno y el PSOE
El pasado 11 de abril de 2014, el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, visitó la empresa Emerita para proponerle una asociación porque el concurso estaba adjudicado de antemano y no tenían posibilidades de sacarlo adelante sin su concurso. Magdaleno advirtió a los directivos de Emerita que recibirian la llamada de un alto cargo autonómico. Cinco minutos después de irse, el secretario general de Industria llamó para interesarse por la reunión.
Magdaleno ha recibido 15 millones en subvenciones de la Junta, 5 más que la empresa de Paula Chaves, a los que hay que sumar los 9,3 millones sospechosos concedidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba en funciones tras la victoria del PP en 2011.
La filial de Magtel, Minorbis, fue creada pocos días antes de presentar la oferta y su socio mexicano está investigado en su país por desmanes medioambientales en Sonora.
Un ex alto cargo de la Junta en la trama
Una de las empresas filiales de Magtel, Magtel, Redes de comunicaciones SL, está implicada en el escándalo de la formación en Córdoba. Recibió una subvención de 379.980,00 € siendo su gerente el propio Mario López Magdaleno, que tenía negocios con el alcalde socialista de Chipiona (Cádiz), entre otros, empresa con la que estaba vinculado Andrés Luque, el que fuera Delegado de la Consejería de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, al salir de la Delegación. Precisamente, Luque estuvo a sueldo de Magtel. En diciembre de 2011, con una empresa propia, comenzó a trabajar para la sociedad cordobesa Magtel, luego adjudicataria en consorcio con Grupo México de la explotación de la mina de Aznalcóllar.
El primero en advertir el escándalo fue el coordinador general de IULV-CA y candidato a la presidir la Junta, Antonio Maíllo, que señaló sin dar nombres que «antiguos altos cargos» del Gobierno andaluz estuvieron vinculados al consorcio de la compañía Grupo México y la empresa cordobesa Magtel. Se refería sobre todo, a Andrés Luque, que había ocupado diferentes puestos de responsabilidad política en la Junta desde al menos julio de 2000, cuando asumió hasta abril de 2004 la delegación provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba. Más tarde, desde mayo de 2004 a mayo de 2008 fue delegado provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, y más tarde, desde abril de 2010 hasta que dimitió en junio de 2011 fue director general de Innovación e Industrias Culturales. En más de una década, Luque estuvo apartado dos años de la escena política.
Desde ese momento, mediante la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, asesoró a la firma de López Magdaleno aunque la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, en su artículo 7.2, estipula que éstos «se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese».
Magtel dijo que el trabajo de asesoría de Luque «consistía exclusivamente en detectar oportunidades de mercado y licitaciones internacionales en las que Magtel pudiera tener interés». Pero los hechos confirmen que su asesoramiento fue efectivo en subvenciones y contratos públicos. Algunos de ellos son los 231.000 euros que recibió en 2007 por la reparación del sistema eléctrico del Hospital Provincial de Córdoba, los más de 3,5 millones por cinco contratos percibidos entre enero de 2009 y julio de 2010 y ya en 2013 suscribió con otros el acuerdo marco de Homologación de Microordenadores y Periféricos con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía dotado con 205.700.000 euros.
En cuanto a subvenciones, desde la llegada de Luque, se multiplicaron. Las dos últimas se las concedió la Agencia IDEA y la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo: 341.000 euros en incentivos y otros 171.383 en subvenciones, respectivamente.
La minería y el interés de las familias del PSOE
Libertad Digital ya explicó con detalle el interés del PSOE en la minería andaluza en relación a dos Minas, las de Riotinto y las pretendidas por Emed Tartessus. En la primera aparecían Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz, y Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y columnista de El País.En la otra, Emed Tartessus, aparecía el ex consejero Guillermo Gutiérrez Crespo, «Willy», y el hijo de su amigo, el ex portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Pepe Caballos Mojeda.
También habíamos conocido el generoso comportamiento de Manuel Chaves hacia Minas de Aguas Teñidas, S.A., la empresa apoderada por su hija Paula, a la que concedió la fruslería de 10 millones de euros a fondo perdido. Ahora, nos enteramos de que el sobrino de Felipe González,Juan María González Márquez, imputado e implicado hasta el tuétano en el caso Invercaria, representa a una de las empresas que opta a la famosa Mina de Aznalcóllar. Famosa sobre todo por el accidente que puso en peligro buena parte del medio ambiente andaluz por la rotura de su balsa de residuos en 1998. Parece que los cobres y los hierros de estas minas estuvieran a punto de convertirse en oro en un nuevo tráfico de «coincidencias» altamente significativas.
En el caso que nos ocupa, si había socialistas en la oferta ganadora, las había asimismo en la oferta perdedora. Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía, asesoraba a la compañía canadiense Emerita Resources desde septiembre de 2013, ocho meses después de que abandonara a petición propia la Administración autonómica. Precisamente la consejería donde figura adscrito González Mejías, era la que debía resolver el concurso y elegir a la adjudicataria. Emerita Resources tiene como principal accionista al grupo financiero Forbes & Manhattan.