El activista César del Valle Ramírez, miembro del Frente por los Pueblos en Defensa de la Tierra, habló a propósito de que la Corte interamericana revisará el caso del abuso sexual durante el desalojo en Atenco.
Regeneración, 25 de septiembre de 2016.-La represión en San Salvador Atenco de 2006 fue la antesala de lo que hoy es el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con una política de Estado que criminaliza a la protesta social, reprime a la población sistemáticamente y ataca a los pueblos originarios para despojarlos de sus tierras, dijo César del Valle Ramírez, miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de México (FPDT).
El activista encuentra similitudes entre el desalojo ocurrido entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio mexiquense, mismo que dejó más de 200 heridos y 47 mujeres violadas y vejadas; con la actual situación de represión.
“La vinculación que tiene este caso, ocurrido cuando era Gobernador Enrique Peña Nieto, es que fue la muestra de cómo él iba a gobernar el país años después. De tener presente que si luchabas, te defendías, que si te atrevías a tratar o querer vencer, a contradecir una decisión que tomara el Estado, lo que te iba a pasar era lo que le pasó a Atenco”, dijo Del Valle Ramírez, quien es hijo de Ignacio del Valle Medina, el hombre que lideró a los pobladores durante las protestas de 2006.
El activista considera que la represión fue una «venganza» por los triunfos del Frente de los Pueblos, quienes se estaban uniendo y cobrando fuerza por lo que necesitaban un «castigo ejemplar» para acabar con el movimiento.
Por los hechos violentos de Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza pública. El caso llegó más tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que los funcionarios de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Edomex violaron las garantías individuales de los pobladores, sin embargo la Corte exoneró a Peña Nieto de cualquier responsabilidad.
Sin embargo, el comportamiento de Peña Nieto se ha multiplicado Tlatlaya, Tanhuato, los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, no son una sorpresa, dijo el luchador social. Cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México envió un mensaje claro con Atenco, insistió.
“Esa es su política de despojo, de represión, de abandono a los sectores importantes que le dan sentido a este país, sobre todo esa parte de la criminalización de las luchas, de estigmatizar al que exige sus derechos: los 43 compañeros desaparecidos, mujeres abusadas diariamente en el Estado de México. El cinismo con el que trabajan para darle los negocios a sus compadres y amigos. Eso implica despojo, resistencia, luchas, pueblos levantados. Toda esa lucha es la misma”, consideró Del Valle Ramírez.
Ahora el caso Atenco ha tomado nuevos tintes pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el caso “Mariana Selvas Gómez y otras”, que es el expediente de 11 mujeres mexicanas y extranjeras que fueron ultrajadas durante el desalojo de Atenco.
Además de esta nueva revisión, esta semana, el periódico estadounidense The New York Times publicó las historias de las mujeres que decidieron llevar su caso ante la Corte Interamericana. El influyente diario estadounidense destacó que “la petición por parte de la comisión de derechos humanos de iniciar una investigación que llegue hasta lo alto de la jerarquía es un golpe más a una presidencia bajo asedio. Los escándalos de corrupción y violencia ya han acabado con sus índices de aprobación, los más bajos de un presidente mexicano en un cuarto de siglo”.
Pese a todo, esta nueva revisión podría ser una oportunidad para que los responsables paguen por sus delitos, entre ellos, Peña Nieto; Eduardo Medina Mora, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ex Secretario de Seguridad Pública, ambos cargos en el Gobierno de Vicente Fox; Wilfrido Robledo Madrid, quien durante los enfrentamientos en Atenco fungía como Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública en el Edomex; y Abel Villicaña Estrada, fallecido en diciembre de 2011 y quien en mayo de 2016 era Procurador General de Justicia del Edomex. De todos ellos, ninguno ha sido (o fue) juzgado.
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