Por Bernardo Bátiz V./La Jornada*
Por el nombramiento del secretario de la Función Pública se desencadenó una pequeña tormenta de comentarios, chascarrillos, críticas y burlas alrededor de la presentación del funcionario, quien al ser nombrado, recibió la instrucción de investigar y simultáneamente la declaración tajante del investigado, aclarando que es inocente. El investigado no sólo designa a quien lo investigará, sino que en el mismo acto se declara de antemano libre de culpa.
En la Nueva España los virreyes y otros altos funcionarios del ancho imperio español, al concluir su función eran sometidos al juicio de residencia; los jueces encargados recibían información abierta y secreta de los particulares sometidos a la antigua autoridad del investigado y de otras autoridades, y contaban con amplias facultades para determinar responsabilidades que podían sancionarse con pagos de fuertes sumas, destierro, infamia o hasta prisión en las cárceles imperiales.
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En esa añeja institución se inspiró la legislación mexicana para crear un órgano de control y de fiscalización de las cuentas del Poder Ejecutivo, que recibió el prestigiado nombre de Contaduría Mayor de Hacienda; durante décadas fue el brazo ejecutor de la Cámara de Diputados para que este órgano del Poder Legislativo pudiera cumplir a cabalidad con su función de vigilancia y control de los gastos del Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobaba el presupuesto de gastos, participaba en la aprobación de las leyes fiscales que establecían las fuentes de ingresos, aprobaba el presupuesto de egresos y tenía, mediante un órgano que dependía directamente de ella, la facultad de revisar si los gastos se habían hecho limpiamente y con apego a lo presupuestado.
Paralelamente, los códigos penales tipificaban los delitos relacionados con el mal manejo de los dineros públicos, los sobornos, los desvíos y toda clase de corruptelas que pudieran cometerse alrededor de los dineros públicos. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos definía procedimientos para castigar a quienes incurrieran en faltas administrativas o penales.
Pero, como tantas instituciones establecidas para cuidar los dineros públicos, ésas no funcionaban bien, no por fallas en la legislación o al menos no sólo por esa causa, sino más bien por las complicidades, el temor reverencial a los poderosos, en especial al titular del Poder Ejecutivo y a sus allegados y colaboradores cercanos, y porque la división de poderes, al igual que ahora, no funcionaba a cabalidad. Por ello, críticos y opositores exigían con fuerza creciente, que la Cámara de Diputados cumpliera con su trabajo de fiscalización.
Los integrantes del Poder Ejecutivo se alarmaron cuando en la 57 Legislatura, la Cámara de Diputados se instaló sin un solo priísta, ya que los legisladores de ese partido no asistieron a la apertura de los trabajos de la cámara y en cuanto pudieron retomar el control, comprando algunos legisladores de partidos marginales, buscaron una fórmula para alejar el riesgo en caso de que, como se veía venir, pudieran un día quedar en minoría.
Para ello modificaron la ley, desaparecieron la Contaduría Mayor de Hacienda y la sustituyeron por una Auditoría Superior de la Federación, que ya no fue el órgano del Legislativo para vigilar y fiscalizar al Ejecutivo, sino una institución amorfa, con funciones fiscalizadoras para los tres poderes de la unión, pero tan diluidas y disminuidas que desde entonces no ha servido para nada.
El presidente Peña Nieto en el primer año de su gobierno propuso una Comisión Anticorrupción, que duplicó funciones con la Secretaría de la Función Pública, desde entonces destinada a desaparecer. Como en otras ocasiones, la nueva comisión sólo sirvió para que se dijeran discursos y se escribieran elogios, pero en ningún momento para los fines que su pomposo nombre indica.
Hoy el peculiar funcionario que en forma teatral fue puesto al frente de la secretaría que debe investigar las corruptelas que opinión pública y periodistas independientes reclaman, empieza su labor dando largas y poniendo pretextos; dice que las investigaciones sobre si hubo conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda en la compra de sus principescas residencias, tardará meses, y agrega que empezará por crear una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Como si la ética requiriera de definiciones y comisiones y de unidades especializadas para detectar cuándo está presente y cuándo sus normas son atropelladas; al correr de los meses, cuando la Secretaría de la Función Pública y su peculiar titular digan algo respecto de los escándalos de hoy, seguramente aparecerán otros nuevos y más sonados que harán olvidar a los anteriores y motivarán la creación de otras comisiones, nuevos nombramientos y recicladas cataratas de discursos. Lo que necesitamos es un cambio de fondo.
México, DF, 6 de febrero de 2015.
Fuente: La Jornada
(Regeneración 9 de febrero del 2015)