«Tenemos que empezar a unir fuerzas todos los ciudadanos afectados, cuando entendamos que este no es un asunto de una familia o una persona sino de toda la sociedad”, Martínez Escobar
La información y la organización ciudadana son las mejores maneras de luchar contra la privatización del agua en Puebla, expone Ana Laura Martínez Escobar, responsable estatal de la Secretaría Nacional de la Defensa de la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio de Morena.
El 13 de septiembre fueron aprobadas modificaciones a la Ley Estatal de Agua, mismas que abren la puerta a la inversión privada; si el agua pasara a manos de empresas particulares, dice Ana Laura, es muy probable que se incrementen los costos y que en ciertas colonias empiece a haber desabasto, tal y como ocurrió en Aguascalientes, donde se concesionó la administración del agua a una compañía desde 1994.
A principios de noviembre, miembros de Morena fueron al Congreso del estado para entregar una demanda que pide que todo lo relacionado con los servicios de alcantarillado y agua potable se someta a consulta popular, la cual —señalan— fue minimizada y desatendida por los diputados.
El pasado 6 de noviembre Morena denunció que el cambio que se hizo a las reformas, derogando el artículo 118 bis, es un engaño que busca que los poblanos crean que el Congreso será el que fije las tarifas por los servicios, cuando en verdad solamente aprobará los precios que determine el Prestador de Servicios Públicos.
La estructura local del Movimiento de Regeneración Nacional empezó a hacer brigadas informativas, primero internamente durante dos semanas, y después desde hace otras tres al público en general, dando talleres gratuitos en colonias. Cualquier persona interesada puede proponer que se dé un taller en su colonia o municipio, solo se necesita conseguir un lugar para que se imparta y un mínimo de 80 personas que lo tomen. Martínez Escobar explicó que los interesados únicamente tienen que llevar su recibo del agua, para poder hacer los ejercicios prácticos de lectura del documento, y saber en qué medida los podría afectar la privatización. Entre las cosas que se ven está también una explicación de cómo se ha dado paulatinamente la privatización, con el cambio de las leyes del Soapap desde 1994.
En 1994 fue modificada la ley de agua y saneamiento de Puebla, donde se facultó al Consejo Directivo para actualizar las tarifas para prestación de servicios, pero el presidente de este a nivel local es el titular del Ejecutivo estatal. Desde ese entonces se evidenció la incoherencia, pues aunque se dice que es una atribución del municipio, la legislación se cambió dándole todas las facultades al gobernador.
Además, muchos creen que estos cambios son recientes, pero las reformas ya estaban desde diciembre de 2012. En septiembre de este 2013 solo le fueron añadidos dos artículos que dan puerta abierta a las licitaciones —cuya información es, por cierto, confidencial—, pero desde el año pasado ya había sido aprobado por unanimidad todo lo relacionado a cuotas y apertura.
Entre los huecos que tienen las modificaciones no se sabe qué pasará con los subsidios, por ejemplo para las personas de la tercera edad. Será hasta el 24 de diciembre cuando se haga público el nombre de la empresa que ganó el concurso. “Hay que estar sobre la empresa y las cuestiones que vayan a afectar directamente al ciudadano”, dijo Martínez.
Una de las opciones más viables es que se hagan demandas colectivas en grupos de 30 personas, pero eso no será posible hasta que entren en vigor los cambios y la empresa particular tome control del agua. Cuando llegue el primer recibo podrán actuar, y no antes porque “no podemos demandar ni ampararnos contra algo que no conocemos”.
Martínez considera que el problema de la privatización del agua está enmarcado tanto en el paquete de reformas a nivel nacional y aunado a la problemática de la minería. “El agua la están queriendo privatizar porque el agua va para otro lado, va para las empresas. Tenemos que empezar a unir fuerzas todos los ciudadanos afectados, cuando entendamos que este no es un asunto de una familia o una persona sino de toda la sociedad”, dijo la responsable estatal de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente de Morena.
Aunque celebran los amparos que algunos ciudadanos interpusieron contra las modificaciones a la ley, los miembros del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador optarán por otra vía de acción, más larga pero que consideran más efectiva. “No le apostamos a la inmediatez, sabemos que en México ha habido privatizaciones en varios estados”, dijo Martínez, y repitió que lo más importante es que la gente esté enterada y se organice.
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