Por Concha Moreno | Periodistas-es
Regeneración, 22 de agosto, 2014.-El pasado año, el movimiento Morena liderado por Andrés López Obrador, hoy convertido en partido político, alertaba del retroceso que iba a suponer aprobar unas leyes de reforma energética que, según el partido en el poder, iban a modernizar el país y beneficiar a los ciudadanos. Para Obrador, sin embargo, supone “entregar la riqueza del país a los extranjeros y condenar a los mexicanos a vivir en la miseria”.
El Partido Reforma Democrática, PRD, por su parte, tampoco ha dejado de levantar la voz en el mismo sentido. Hace unos días, los senadores de este partido, encabezados por su coordinador, Miguel Barbosa Huerta, dieron a conocer un manifiesto de diez puntos a fin de que los ciudadanos tengan argumentos para rechazar una ley, a la que denominan “del embudo”, aprobada por el PRI (partido gubernamental) con el apoyo del PAN (Acción Nacional, encabezado por Gustavo Madero, sobrino nieto del mítico presidente del mismo apellido).
El PRD asegura que va a vigilar y denunciar los atropellos que se comentan al medio ambiente, a los trabajadores, a los titulares de la tierra. “Vamos a hacer denuncias ante las cortes internacionales, ante los organismos internacionales, de todo tipo de menoscabo en nuestro país y sin duda estaremos muy activos”, afirman. Consideran que la reforma es ilegítima en tanto no sea ratificada en una consulta popular.
También Greenpeace ha criticado duramente esta reforma, puntualizando que la letra pequeña contiene disposiciones que atentan contra el medio ambiente. Esta organización ha exigido energías renovables, ha alertado sobre el peligro que representa la actividad del sector hidrocarburos sobre las áreas naturales protegidas, ha advertido sobre la intención de los legisladores, ya consumada, de introducir el fracking y despojar de tierras a comunidades y ejidos… Incluso, ha hecho llegar un documento a los diputados y senadores del Gobierno para blindar el medio ambiente del país.
Ahora, como consecuencia de la promulgación de las reformas del pasado 11 de agosto, la organización ecologista se ha sumado a la petición de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT) para exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promover acción de inconstitucionalidad a la Reforma Energética, porque incluye la modificación de doce leyes y la creación de nueve más que vulneran los derechos humanos.
En este sentido, además de denunciar el uso del fracking para la explotación de hidrocarburos, aseguran que las leyes secundarias violan:
- el principio pro personae* establecido en el Art. 1 Constitucional;
- el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, establecidos en el Art. 2 Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
- las leyes secundarias al derecho a la propiedad contenido en el Art. 14 Constitucional y el Art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
- el derecho a la participación y a la información establecidos en el Art. 6 Constitucional y los Arts. 13 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
- el derecho al agua y al medio ambiente sano contenidos en el Art. 4 Constitucional y el Art. 11 del Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos económicos sociales y culturales.
Las bondades de la reforma
Para el presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN, esta reforma retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas, que tan bien les sentó a los mexicanos de la época, y con el que parece estar de acuerdo la oposición, y propone un nuevo régimen fiscal para Pemex, la empresa estatal que explota los recursos petrolíferos. Unos recursos que, dicho sea de paso, han hecho millonarios a unos cuantos en detrimento de la mayoría.
Es el caso del flamante dirigente del sindicato petrolero, Carlos A. Romero Deschamps, un sencillo trabajador que en los años 60 fue mozo, chofer, cargador y vendedor de artículos del hogar casa por casa para ayudar a la economía familiar, y hoy cuenta con una fortuna que hasta le permite regalar coches de alta gama a sus vástagos. Sus “desvelos” por la economía del país al frente del sindicato también le han valido ser nombrado senador.
Priistas y panistas aseguran que van a impulsar la restructuración de la petrolera. Y sí, de momento hay indicios de que Romero Deschamps va a ser apartado de Pemex. Hay que aclarar que, desde hace tiempo, este “sindicalista” está acusado formalmente de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero nadie parecía ser capaz de retirarle de su trono.
También se propone mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex, algo muy esperado por los mexicanos, que han tenido que asistir atónicos al anuncio de que el sindicato se ha gastado las jubilaciones de nada menos que 80.000 trabajadores y que ese dinero lo tendrán que pagar ellos, los contribuyentes. El fondo de pensiones fue creado en 1997 y, año tras año, el señor Romero negoció miles de millones para “su” sindicato. Fue acusado de corrupción muchas veces y, finalmente, encontrado culpable de desviar, en el año 2000, mil millones de pesos (57,5 millones de euros) para el candidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa.
Pemex, camino de lo que prometen será una “empresa productiva”, se ahogó en un pasivo que a finales de 2013 alcanzaba la “insignificancia” de 1,2 billones de pesos (casi 69.000 millones de euros). Ahora se anuncian reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura cuyo objetivo es “utilizar el gran poder de compra del sector energético como palanca de desarrollo de la nueva política industrial mexicana”. Una frase que suena bien, en especial lo de la nueva política industrial. Ahora, a ver si explican en qué consiste, para que los ciudadanos tengan un poco más de paciencia ante el continuo incremento del precio de la gasolina… y de los impuestos. Porque hay que seguir pagando las jubilaciones a los ancianos de Pemex. A los que hay ahora (unos 75.850) y a los miles que se irán sumando en los próximos años. Y no hay que olvidar a los jubilados de la compañía de electricidad, que también están en el mismo paquete que la petrolera. Es decir, serán rescatados por el Gobierno con el dinero de los contribuyentes.
¿Para cuándo dicen que mejorará la situación económica del país? ¿Y la de los ciudadanos de a pie?
- *El principio pro personae o pro persona significa acudir o utilizar la norma más protectora o la menos restrictiva, según sea el caso, sin importar la ubicación jerárquica que ocupe ésta en el sistema jurídico. Es decir, que en virtud del principio pro persona, la norma que prevalecerá es aquella que mejor proteja o menos restrinja al ser humano en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Karlos Castilla, El principio Pro Persona en la administración de Justicia, Jurídicas UNAM, México, D.F 2011,http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/20/ard/ard2.htm