La vía judicial se ha utilizado en contra de gobiernos democráticos en América Latina. Se trata de guerra jurídica con fines de restaurar gobierno neoliberales
Por Juan Dávila*
¡Ten cuidado, Andrés!
Lawfare es un término creado en 2001 por el general del ejército de Estados Unidos, Charles Dunlap y se utiliza para describir la incorrecta judicialización de la política.
Es decir, se emplean herramientas legales para disuadir adversarios políticos por la vía judicial aunado a una amplia cobertura mediática que legitima el proceso legal y refuerza la supuesta culpabilidad del imputado.
La palabra en inglés (Law -Ley- y Warfare -Guerra-) ha sido interpretada en español como Guerra Jurídica.
Una característica de lawfare es que el Poder Judicial se ubica circunstancialmente por encima de Poderes Ejecutivo y Legislativo, debilitando la división constitucional de Poder y el Estado de Derecho.
De acuerdo con John Comaroff de la Universidad de Harvard, lawfare en Latinoamérica es un ensayo que podría replicarse en otras partes del mundo.
Para especialistas como Silvina Romano el objetivo de esta dinámica es restaurar el neoliberalismo por la vía judicial.
De ahí que predominan procesos contra gobiernos progresistas.
No obstante, la estrategia jurídica se aplica también en sentido opuesto al manipular el aparato judicial pero en este caso, con propósito de garantía para el statu quo y políticos afines al neoliberalismo.
Claramente en el pasado de la región los golpes de Estado no son pocos y la intervención del gobierno norteamericano en política interior de países no es excepcional,
Vinculación que Bernie Sanders testifica: “Tenemos que ser honestos. La historia de EEUU hacia Latinoamérica ha sido la de una nación poderosa con el Ejército más fuerte del mundo diciendo: No nos gusta este Gobierno, vamos a derrocarlo”.
Estos hechos apoyados por Washington han tenido casi siempre consecuencias lamentables como en Argentina: dictadura que desapareció más de 30.000personas.
Sanders también condena la intervención de la CIA para derrocar gobiernos en Nicaragua, Guatemala y Chile, así como el bloqueo económico a Cuba.
La novedades que las intervenciones, derrocamientos y desestabilizaciones ya no son necesariamente bajo métodos militares, sino mediante estrategias judiciales.
Dilma Rousseff describe el panorama: “En el pasado con las armas y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pretenden atentar contra la Democracia y contra el Estado de Derecho”.
Cristina Kirchner en el mismo sentido afirma que “En los 90´s el neoliberalismo provocó tragedias sociales, en esta época provoca además catástrofes institucionales y violencia política: destituciones inconstitucionales, proscripciones de líderes políticos, lawfare a través de la manipulación del poder judicial en articulación con el poder mediático”.
Veamos.
En Venezuela militares consumaron un golpe de Estado secuestrando al Presidente Hugo Chávez en 2002.
Una movilización popular regresó a Chávez al poder y el gobierno denunció la intervención de EEUU en el hecho.
En Haití 2004 el presidente electo Jean Bertrand fue secuestrado por un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses con el apoyo de Francia, la intención era obligarlo a renunciar.
Luego en Bolivia 2008 una masacre, evento calificado por el gobierno como una conspiración norteamericana para desestabilizar.
Honduras tendría la misma suerte en 2009 cuando militares detuvieron al presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del país.
El gobierno de EEUU confirmaría que oficiales y soldados norteamericanos apoyaron el golpe.
Posteriormente la táctica militar cedió paso a la fórmula jurídica.
En 2010 por ejemplo, el presidente de Ecuador Rafael Correa fue secuestrado durante varias horas por policías y militares, más tarde rescatado por Fuerzas Especiales, cinco años después el mandatario denunció sectores vinculados al ejército y oposición por planes para tomar la sede del Poder Ejecutivo, relevó a dos coroneles del ejército como cabezas de la conspiración y vinculados a la CIA.
En 2017 el vicepresidente Jorge Glas, sentenciado a prisión acusado de corrupción. Recientemente un tribunal dictó orden de aprensión contra el expresidente Rafael Correa por el secuestro de un opositor político en 2012.
Otro caso es Paraguay 2012 con el Senado destituyendo al Presidente Fernando Lugo bajo el argumento de que era responsable por enfrentamientos entre campesinos y policías.
El reportaje de CIPER, titulado, “Las claves de la destitución de Lugo en Paraguay: Los EEUU y el Impeachment”, destacó influencia norteamericana en diversas esferas de poder del país.
Brasil es caso simbólico.
En 2016 el Senado destituyó la Presidenta Dilma Rousseff acusada por crímenes de responsabilidad.
Un hecho singular es que en 2013, Liliana Ayalde asumía la embajada de EEUU en Brasil, previamente era embajadora en Paraguay, precisamente cuando el Senado destituía a Fernando Lugo.
Edward Snowden mostró documentos que probaban que la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU tenía interés y vigilaba las comunicaciones de la petrolera de Brasil, Petrobras.
Más tarde se colocó en la misma circunstancia al expresidente Lula da Silva, condenado a prisión por crímenes de corrupción pasiva y así impedido para competir nuevamente por la presidencia.
Un propósito político-jurídico de lawfare es la inmovilización política e inhabilitación electoral y con Lula dio resultado.
Los hechos observados en América Latina deberían mantenernos alerta.
En próximos días Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión.
Será primera vez que un ciudadano con orientación de izquierda llega al Poder Ejecutivo pacíficamente.
Con ello comienza Gobierno un mandatario que proviene del movimiento progresista.
Así que no debe soslayarse la posición privilegiada de México en el mapa global y su relevancia geopolítica para intereses trasnacionales, motivación de la máxima:
¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!
Por otro lado, es irrefutable que Obrador atesora amplio respaldo popular así como mayoría de legisladores emanados del partido que lo postuló, no obstante nada garantiza lealtad de estos o del Poder Judicial a la República.
(Hasta el Presidente Madero tuvo cerca traidores a la Patria que pactaron con la embajada estadunidense para desconocerlo aun habiendo triunfado con 98% de los votos totales).
En este contexto la inmunidad presidencial establecida en la Constitución (que MORENA planea eliminar) cobra relevancia para la Soberanía.
AMLO tiene experiencia con un irregular desafuero como Jefe de Gobierno sí, pero ahora es jefe del Estado Mexicano y la precaución ante probables procesos judiciales producidos por enemigos de las libertades, debe ser del tamaño de las tres décadas de movimientos sociales que concretaron electoral y pacíficamente cambiar el rumbo bajo sumando el 1 de julio, para evitar retrocesos.
En efecto, son millones de personas deseando que la modificación paulatina de precariedad y violencia hacía la paz y bienestar sobrepase el sexenio por ello, hay que decirlo:
¡No estás solo, pero ten cuidado Andrés!
Edificar la cuarta transformación de México no será sencillo, imposible tampoco si se mitigan las deliberadas complicaciones neoliberales al cambio de régimen.
De ahí que solo un periodo de cambios profundos significaría un verdadero cambio de época: estructurales y sistémicos que posibiliten regenerar la República y refundar el Estado.
*@JuanDávilaMX es Licenciado en Derecho, actualmente Maestrando en Derecho Constitucional por la UNAM. Cuenta con estudios en Análisis político y Campañas Electorales