Por: Karla Micheel
Con la reforma energética impulsada y aprobada por las mayorías del PRI y del PAN, y con la complacencia de algunos integrantes del PRD, se ha dado el último adiós a la Constitución social y de principios revolucionarios que se proclamó el 5 de febrero de 1917.
La reforma energética no cubrió los mínimos requisitos legales, se aprobó sin debate en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, despojó de carácter estratégico a una de las principales riquezas nacionales, y la entregó al capital trasnacional. Con esta reforma de visión cortoplacista, sesgada y de privatización indirecta, el gobierno federal busca beneficiarse de los ingresos producidos por el sector privado a partir del año 2016, poniendo en riesgo nuestro futuro como nación soberana.
Esta visión se plasmó desde la propia Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 presentada por el actual gobierno federal, que contiene un análisis parcial y catastrofista del sector energético, tomando como base para 80 por ciento de sus líneas de acción la apertura al capital privado, como si ésta fuese una cura milagrosa para todos los males, y también para todos los bienes, que presenta el sector energético.
En el discurso y en los medios de comunicación el gobierno federal sigue afirmando que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Lo que han omitido explicar es que mediante contratos privados, el Estado mexicano le cederá a los particulares la exploración de yacimientos, las instalaciones de extracción, la maquinaria, el transporte, el almacenamiento, la producción, la refinación y la venta: así los particulares tendrán el control de toda la cadena productiva y, por lo tanto, son quienes podrán fijar precios y condiciones del mercado con base en sus propios intereses y sin preocuparse por los intereses del pueblo, olvidando decir también que esos ingresos se integrarán a las arcas federales 18 meses antes del periodo electoral de 2018.
Esta reforma también impacta en el sistema público de electricidad, ya que abre aún más la producción de energía a particulares, permitiéndoseles la transformación de la energía y la cogeneración privada, lo que les dará la posibilidad de tener precios exclusivos para algunas grandes empresas y para algunas industrias, mientras el resto de la población deberá seguir pagando las altas tarifas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que sólo ésta podrá ofrecer dichos servicios a los usuarios domésticos.
La reforma propone y concreta un proceso de debilitamiento gradual tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de la CFE, hasta colocar a ambas empresas en un punto donde de nueva cuenta la solución a sus problemas sea la privatización directa, sin contratos incentivados o contratos de riesgo que pretendan suavizar dicha privatización.
No podemos permitir que una reforma energética de este calado y con estos altos riesgos para la nación avance sin oposición y sin cuestionamientos. No es la primera vez que intereses extranjeros y traidores se apoderan de los bienes nacionales y tampoco será la primera vez que el pueblo logre recuperarlos.
La reforma energética frena el desarrollo la nación, enajena nuestras riquezas y promueve en nuestro país miseria y explotación. Es una forma directa y pública de dar por muerto nuestro texto constitucional de 1917, representa el último adiós –que da la clase política– a esa Constitución social y garantista que hoy se ha convertido en el marco legal para fragmentar nuestras empresas nacionales y para vender nuestro patrimonio y recursos naturales.
Pero la lucha no ha terminado, el último adiós no será de nuestra histórica Constitución sino de esa histórica clase política. Es necesario recuperar nuestra independencia económica y soberanía nacional como en otros momentos lo hemos hecho. El pueblo tendrá que rechazar las mentiras de la propaganda, y deberá prevalecer la verdad. El adiós debe ser para aquellos partidos y políticos que apoyaron e impulsaron el entierro de la Carta Magna.
El último adiós no fue generado desde la oficina de la Presidencia de la República o desde las empresas de cabildeo internacional, el último adiós es el que se está construyendo en las calles, en las plazas, en los foros y llegará antes de que la histórica clase política empiece a saborear los beneficios de su reforma energética.
La vía jurídica continuará y participaremos activamente, lo denunciaremos nacional e internacionalmente. La vía política seguirá también, las calles son nuestras, así como las instituciones, y las recobraremos del secuestro en que se encuentran por intereses ajenos. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos apoyará a la población en sus acciones legales y en la denuncia de este saqueo a la nación.
* Asociación Nacional de Abogados Democráticos