El despido de Carmen Aristegui de MVS ha sido comparado por el académico José Antonio Brambila con el caso Watergate. El trabajo periodístico es equiparable «en importancia al escándalo Watergate en 1973, que expuso actividades ilegales del presidente (Richard) Nixon en Estados Unidos y terminó con su renuncia un año después (…) Mientras en Estados Unidos, Bob Woodward y Carl Bernstein ganaron el Premio Pulitzer, en México, Carmen Aristegui y su equipo de 19 personas perdieron su empleo».
por Emilio Toledo M.
Regeneración, 23 de junio de 2015. Día a día, Aristegui toma el pulso a la sociedad a través de reportajes, entrevistas, libros, columnas y editoriales que enriquecen la conversación pública. Articulista en Reforma, ha impulsado su propio proyecto de periodismo digital y dirige un programa de entrevistas en CNN. Hasta hace unos meses, Aristegui era también la periodista de radio más escuchada en México. Si bien es una periodista con la capacidad de desarrollar diversas áreas de la expresión de ese oficio, el de locución de radio parece serle intrínseco o natural.
Con cuatro horas continuas al aire (de 6 a 10 am), Aristegui hilvanaba historias con puntual redacción, datos precisos y revelaciones insólitas. Nunca tuvo que desmentir alguna nota que presentara incorrecta porque sabía distinguir entre opiniones y hechos o evidencias, que siempre corroboró; si se equivocó en algún dato fue menor y lo corrigió más pronto que tarde. Su capacidad de divulgación tampoco excluyó voces. Todos los personajes públicos –de una y otra postura- pasaron por su micrófono, que se volvió una especie de foro de debate público, o hasta fiscalía moral o ciudadana. Pero, sobre todo, víctimas del poder –de mujeres a estudiantes, de periodistas a autodefensas- tuvieron oportunidad de contar su historia y su versión de los hechos, a menudo distante de la versión oficial. <
La audiencia, en sus mañanas, ejercía su derecho a la información exhaustiva, imparcial y documentada, que se practica en muy pocos espacios. Aristegui cuestionó, cuando pudo, a funcionarios públicos, ejerciendo la rendición de cuentas y la capacidad de crítica, pero sobre todo llevando a sus últimas consecuencias los principios esenciales del periodismo, que es buscar la verdad y darla a conocer cuando compete al interés de la sociedad (aunque para un particular resulte incómoda). Aristegui fue consecuente con su oficio y por eso se le apartó de la radio.
Su despido de MVS ha hecho pensar al académico José Antonio Brambila en el caso Watergate. “El trabajo periodístico es comparado en importancia al escándalo Watergate en 1973, que expuso actividades ilegales del presidente (Richard) Nixon en Estados Unidos y terminó con su renuncia un año después (…) Mientras en Estados Unidos, Bob Woodward y Carl Bernstein ganaron el Premio Pulitzer, en México, Carmen Aristegui y su equipo de 19 personas perdieron su empleo”. No habría sido la primera vez; el expresidente Calderón condicionó el espacio de la periodista a cambio de la estabilidad y el incremento de los negocios entre el Gobierno y la concesionaria. Todo apunta a un caso similar con Peña, el presidente en turno, aunque en este caso MVS no parece dispuesta a rectificar ni revelar sus motivaciones como hizo entonces.
La imagen del que ocupa el cargo presidencial ha sido afectada –como la de Videgaray y Osorio Chong, sus ministros- por revelaciones sobre vínculos con ciertos contratistas fuera de toda justificación ética y legal; revelaciones dadas a conocer, en su mayoría, por el trabajo de Aristegui y su equipo, y que llevaron a la cancelación de un tren, además de declaraciones insólitas de Angélica Rivera, esposa de Peña, o el nombramiento de un funcionario para «investigar» a quien lo contrató. Distinto el manejo de la presidenta Michelle Bachelet en Chile, que con un conflicto de interés y una crisis de legitimidad similares pidió disculpas a su nación, se replanteó a fondo su actuación nombrando un comité verdaderamente independiente e íntegro para investigarla y pidió la renuncia a todos sus ministros ofreciendo una renovación estructural de la clase política.
También el partido del presidente ha sido afectado por las investigaciones de Aristegui. Al mejor estilo Günter Wallraff, una reportera anónima de su equipo se infiltró en las oficinas del PRI del Distrito Federal donde su entonces más alto dirigente, Gutiérrez de la Torre, tenía montada a su servicio una red de prostitución de mujeres (incluidas menores de edad). Aristegui difundió audios que la reportera logró capturar de manera encubierta y en pocas horas el PRI se vio forzado a remover a Gutiérrez, que la justicia no ha procesado. Sin la labor invaluable de Aristegui, estos y otros episodios no serían del conocimiento público. También difundió informaciones inéditas sobre el Monexgate, el caso Góngora o la difusión en Televisa de propaganda política como información noticiosa.
El periodismo es un bien público, pues ¿cómo medir las repercusiones de una sociedad informada, que se forja un criterio con información certera y amplia, que escucha diversidad de opiniones y tiene la oportunidad para expresar las propias? La libre difusión de la información, expresiones e ideas no ha de ser coartada; al contrario, la ley la incentiva, la alienta, y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Las concesionarias y permisionarias de un espectro y servicios de carácter público no son ni deben ser la excepción.
La información, como el conocimiento, son herramientas esenciales que las sociedades y los individuos tienen a la mano para tomar mejores juicios y decisiones. Por eso la comunicación y la democracia se mezclan, y Aristegui, no sólo por el efecto de su popularidad sino por el ejercicio mismo de su profesión, como el resto de periodistas (aunque año tras año, decenas son privados de su vida o encarcelados), contribuyen de diversas maneras a fortalecer una democracia que todavía en México no alcanza a conocer su alba. En una democracia real y efectiva, los profesionales de la información son leídos, escuchados, difundidos, reconocidos… pero nunca acallados. Como reconoció ya un juez federal: “la materia del contrato (entre la periodista y la concesionaria) tiene relevancia social y pública que trasciende el interés privado por tratarse de servicios de periodismo y difusión de información pública”.