Desde la década anterior, alentada por las administraciones mexiquenses de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, la firma española OHL se posicionó como la principal beneficiaria de megaobras de relumbrón como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, auspiciadas por ambos políticos. Y hoy que se conoce su larga cauda de intereses y corrupción que le han dejado millonarios dividendos, algunos funcionarios, como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se muestran preocupados ante una eventual auditoría que exhibiría sus pifias.
Por Jenaro Villamil | Homozapping
El lunes 18 de mayo, en una reunión privada con los integrantes de su gabinete, Enrique Peña Nieto convocó a sus principales colaboradores a cerrar filas y a respaldar a su secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, el mismo funcionario que durante su administración en el Estado de México fue el principal responsable de las grandes obras licitadas a favor de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain), eje de un escándalo de sobornos y sobreprecios en la obra del Viaducto Bicentenario.
Antes del espaldarazo presidencial, Ruiz Esparza giró instrucciones para “contener el caso” ya que la y él en lo particular pueden salir afectados en la auditoría ordenada por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y en las investigaciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contra la trasnacional de la construcción más favorecida por Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México.
La preocupación del equipo peñista en torno al escándalo de OHL no es un asunto menor. Tan sólo en el primer año y medio de Peña Nieto en Los Pinos, la SCT entregó siete contratos a la OHL por poco más de 41 mil 500 millones de pesos, mientras que sus principales constructoras rivales –ICA, Tradeco y Carso– sólo obtuvieron contratos por 9 mil 412 millones.
Los reportes de la SCT indican que en las grandes obras entregadas por el gobierno federal a OHL existen también sobreprecios del orden de 610 millones de pesos, en comparación con las ofertas entregadas por Tradeco o ICA en obras como el Viaducto Interurbano México-Toluca, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Tren Ligero de Guadalajara y la autopista México-Puebla. Además, OHL pretende participar entre las empresas constructoras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Bajo su responsabilidad como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México durante la administración peñanietista, Gerardo Ruiz Esparza también le otorgó a OHL las dos concesiones más importantes que están ahora en la mira: el Circuito Exterior Mexiquense, una obra de 110 kilómetros que le genera la mitad de sus ingresos en el país, y el Viaducto Bicentenario, de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.
“Hay que esperar a que se ventilen las cosas. Ya me sumé a que se audite si hay duda en el caso del Estado de México, y en el caso de la federación sistemáticamente se están auditando las concesiones”, afirmó Ruiz Esparza el miércoles 13 en rueda de prensa, tras un acto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Y añadió: “OHL ha cumplido invariablemente en tiempo y forma con los contratos que se le han asignado por licitación pública”.
Viejo militante del PRI y colaborador en las administraciones mexiquenses de Alfredo del Mazo González y Enrique Peña Nieto, Ruiz Esparza mandó a revisar y restringir la información relacionada con los contratos que OHL ha tenido con la administración federal desde 2012, según reportes internos de la SCT.
Los contratos más importantes son la construcción del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca por un monto de 10 mil 148 millones de pesos, entregado a OHL a través de su filial Constructora de Proyectos Viales de México, y a La Peninsular, de Grupo Hermes (Carlos Hank Rhon); la licitación para la autopista Atizapán-Atlacomulco, por 6 mil 946 millones de pesos, y la licitación de la Línea 3 del metro Guadalajara, de 21.5 kilómetros, por 3 mil 500 millones de dólares.
Esta última obra se la adjudicaron OHL y Alstom, una compañía francesa que ha estado involucrada también en investigaciones por fraudes en Connecticut, Estados Unidos, así como en la construcción de la Línea 12 del Metro del Distrito Federal, junto con ICA, Grupo Carso y Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF).
Además de los contratos por más de 40 mil millones de pesos que le ha entregado la SCT, OHL está interesada en participar como una de las principales empresas en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), junto con otras compañías que presentaron sus propuestas para la terminal de carga: Ineco, Cal y Mayor, Lufthansa Consulting, Inecomex y Supering.
OHL participa también en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIMAT) desde que Peña Nieto era el gobernador en el Estado de México y está interesada en el proceso de edificación de la terminal de carga y la segunda pista, licitación que también dependerá de la SCT.
Los senadores Alejandro Encinas, ex candidato a gobernador del PRD en el Estado de México y Laura Rojas, legisladora del PAN, propusieron el pasado miércoles 20 de mayo la creación de una comisión especial para investigar en el Congreso de la Unión el caso OHL. “La empresa consentida de Peña Nieto”, la calificó Encinas. Ambos coincidieron en que era insuficiente la renuncia del titular de Comunicaciones del gobierno de Eruviel Avila, Apolinar Mega Vargas, y acudir a consultoras financieras como Price Waterhouse y Ernst & Young para investigar a esta empresa.
La generosidad de Moreno Valle
OHL construye el segundo piso de la autopista México-Puebla con un costo de 6 mil 500 millones de pesos por 13.5 kilómetros. La generosidad del gobierno de Rafael Moreno Valle con la empresa española fue mayor que la de Peña Nieto en el Estado de México durante su gestión.
Cada kilómetro de la autopista México-Puebla costará 740.7 millones de pesos, mayor a los 233.3 millones de pesos que se invirtieron en los 15 kilómetros de la autopista México-Toluca, construida también por OHL. El diseño, construcción, extensión, operación y respaldo gubernamental en cada autopista son exactamente los mismos.
En el caso de Puebla, OHL comparte el negocio con otros grupos constructores afines al peñanietismo desde el Estado de México: Proyectos Viales de México, filial de La Peninsular, de la familia Hank Rhon, y Pinfra, de David Peñaloza, el mismo empresario del consorcio industrial Tribasa que dejó una deuda fiscal por 4 mil millones de pesos en el gobierno de Carlos Salinas.
Dato importante: el mismo personaje que fungió como intermediario en el caso Tribasa durante el salinismo, José Andrés de Oteyza –secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo–, es el actual presidente de OHL en México.
De Oteyza formó parte de aquel grupo de políticos hijos de padres españoles conocidos como Los Churumbeles, quienes no pudieron aspirar a la candidatura presidencial por el candado que existía en el artículo 82 constitucional.
(Mañana continúa)