La diputada regiomontana Verónica Sada Pérez está harta del plantón magisterial. En la ciudad de México ella vive en un departamento de lujo no muy lejos del Monumento a la Revolución. Y, a pesar de que tomó un curso de budismo tibetano y meditación en la Casa Tíbet México en 1998, no tiene paciencia con las protestas de los docentes. No le gusta nada lo que los maestros hacen y dicen.Según la legisladora panista, los profesores no se quieren ir de la ciudad de México porque están haciendo de su acampada un modus vivendi y todas las noches tienen conciertos de música, les pasan películas con reclamos sociales; los incitan a la lucha de clases. Les siembran rencor y se burlan de las autoridades
( Reforma, 10/10/2013).
Doña Verónica no tiene idea de las incomodidades y sacrificios que los docentes en lucha sufren. De lo que es dormir sobre cartones en piso de cemento, de la lluvia y la humedad, de la precariedad de los servicios sanitarios. Ignora lo que es dejar atrás hijos y familia. Piensa que los maestros viven como ella. Le preocupa que se encuentren tan cómodos, que después no se quieran ir
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Las declaraciones de la diputada Sada Pérez son escandalosas, pero no tanto como su trayectoria política. Agente de seguros, contadora pública de profesión, entró al Partido Acción Nacional (PAN) en 1981, con 18 años de edad. Funcionaria del DIF del flamante municipio de San Pedro Garza García, escaló en la estructura de ese instituto político hasta ocupar la secretaría de promoción política del comité nacional, durante la secretaría general de Manuel Espino. De manera sorprendente, sin tener ninguna experiencia en el sector petrolero, fue designada Subgerente de ventas de Pemex Refinación en la Región Norte, entre 2005 y 2012. Desde entonces comenzaron las denuncias en su contra por tráfico de influencias.
La contadora Sada Pérez fue parte –informó la periodista Manú Dornbierer en su momento– de una camada de 15 funcionarios de Pemex que los panistas reclutaron entre ex trabajadores del sistema de salud, seguridad pública, centros de readaptación social del estado de Nuevo León. Son médicos o policías y otros no tienen título alguno. Pero ni siquiera se encuentran en las áreas en las que fueron contratados. Se les ve en la sede del PAN en horas de oficina. Son ex funcionarios del anterior gobierno estatal panista
, documentó Dornbierer.
Como funcionaria de Pemex, doña Verónica fue denunciada por signar, en 2007, contratos con Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex, para operar una franquicia gasolinera en Coahuila. El convenio contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que impide a funcionarios y familiares, hasta en quinto grado, realizar cualquier tipo de negocio con el gobierno federal. La revistaContralínea dio cuenta de esta acusación. Ahora, ya como diputada, Sada Pérez se apresta a apoyar con todo la privatización de la empresa petrolera para la que trabajó.
La contadora Sada debería de saber que los maestros que tanto le incomodan están en el Monumento a la Revolución por su culpa. Ella fue una de las legisladoras que aprobó la reforma educativa que encendió la llama de la insurgencia magisterial. Fue su voto –y el de otros como ella– el que provocó el conflicto, al avalar, sin consulta con los afectados, en escasos 11 días, una legislación que afecta profundamente su trabajo y su vida. Sin embargo, finge demencia sobre su responsabilidad en el asunto. Incluso dice que le molesta ver que ni Mancera ni Osorio han tenido la astucia para resolver este problema
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Para tratar de salir del embrollo en el que legisladores y gobierno federal se metieron al aprobar la reforma, y que tanto enfada a doña Verónica, la Secretaría de Gobernación firmó un documento dirigido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el que, de palabra, las autoridades se comprometen a limar algunas de las espinas más filosas de la nueva legislación.
Histéricos, los patrocinadores y dueños de la nueva norma, los empresarios de Mexicanos Primero, aseguraron que la Secretaría de Gobernación pone en peligro la aplicación de la reforma y vulnera su potencial para transformar el sistema educativo nacional. Claudio X. González, el prócer de la privatización educativa, advirtió: No puede la autoridad negociar en contra de la ley y no se puede permitir que en ningún estado de la República se generen excepciones
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En la misma dirección, desde París, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, se encargó de serruchar el piso a sus colegas de Bucareli. Apostando a dinamitar la negociación, descalificó el documento del subsecretario Luis Miranda. El acuerdo con la CNTE –dijo– no puede incidir en la legislación, no tendrá efectos sobre la reforma educativa.
Pero, como si se tratara de una tragedia shakespereana, en Madrid, al día siguiente, la historia llamó a cuentas a Chuayffet. En un acto público en el que quiso defender las bondades de la reforma, las redes zapatistas españolas le recordaron su responsabilidad en la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, y su insolvencia moral para conducir la enseñanza en México. El secretario tuvo que tragar sapos y decir mentiras para, inútilmente, tratar de salir decorosamente del descontón.
Víctima del fuego amigo
, la misma Secretaría de Gobernación tuvo que echarse atrás en sus compromisos. El subsecretario Eduardo Sánchez salió al paso de las críticas para aclarar que cada párrafo de la minuta firmada por su colega estaba respaldado por los articulados de las leyes de educación. Con ello descalificó el documento.
El escándalo subió tanto de tono que el mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo que salir al quite y declarar que con la CNTEno vamos a llegar a ningún acuerdo que vulnere los alcances (de la reforma educativa)
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Con esos antecedentes, la coordinadora rechazó la minuta y acordó seguir adelante con su plan de lucha para lograr la abrogación de la reforma. Por lo pronto, este viernes ocupará gasolineras, como las que la diputada Verónica Sada tuvo a bien concesionar cuando fue funcionaria de Pemex. Con ello, de paso, hará patente su rechazo a la privatización energética.