Por Tlachinollan*
Hace dos meses, una comisión de padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el marco de la décima acción global por Ayotzinapa, entró a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para plantear de viva voz al consejero presidente Lorenzo Córdova, la cancelación de las elecciones. Entregaron un documento que describe los graves problemas que quebrantan el orden y ponen en riesgo el proceso electoral: “La inseguridad, la falta de garantías individuales plasmadas en la Constitución, la violaciones de los derechos humanos, el asesinato y secuestro de ciudadanos y activistas sociales, la desaparición forzada de estudiantes y la fuerte penetración del crimen organizado en el gobierno, policías y Ejército parece una realidad inexistente para las instituciones públicas, para las élites gobernantes y los propios partidos electoreros, que lo único que han hecho hasta ahora es preocuparse por las próximas elecciones llamando al pueblo de México a participar en ellas sin que se refleje una verdadera democracia… Los partidos electoreros actúan como si no pasara nada, con un cinismo que raya en la desfachatez. Éstos se encuentran en procesos internos de distribución de puestos, que le llaman selección interna de candidatos. Sólo les interesa arribar al poder para seguir usufructuando la riqueza nacional, sin importarles los conflictos sociales derivados de sus propias formas de gobernar.
“El sistema político y de partidos, así como los poderes públicos son los principales responsables de la situación (que se vive) en el estado de Guerrero, cualquier intento de elecciones en este lugar es una acción dolosa que no resolverá la crisis social, política y de credibilidad en los gobiernos, sino que al contrario profundizará la confrontación vulnerando aún más el tejido social que sostiene la gobernabilidad y sus instituciones, porque no existen hoy en día controles ni blindajes para evitar que con dinero ilícito se financien las campañas a puestos de elección popular”.
Esta breve radiografía que nos muestra la descomposición social y política en que está inmerso nuestro estado, no sólo se corrobora cada día que pasa, sino que se profundiza y hace que la vida se torne imposible para miles de guerrerenses. Esto ha llevado a que una gran parte de la población opte por replegarse y deje para otro momento su activismo social, como medida extrema de autoprotección. No se vislumbra en el corto plazo que la situación cambie, más bien el peligro acecha por todos lados y el desbordamiento de los grupos de la delincuencia no sólo han puesto en jaque a la población, sino que han dejado en entredicho a las autoridades civiles y militares, como recientemente sucedió en Chilapa.
La guerra que abiertamente se han declarado los grupos del crimen organizado no está al margen de la coyuntura electoral, por el contrario, forma parte de esta disputa por el poder político y por el control territorial. Como parte de los actores de este escenario turbulento y en medio del río revuelto por intereses tan disímiles, el proceso electoral nos está sumergiendo en el pantano de la violencia sin límites. En cada región y en cada distrito electoral la situación es candente por la manera como los actores se desenvuelven en cada lugar. Nadie escapa a los peligros que imponen quienes tienen el poder real, ni se pueden desplazar libremente sin que antes alguien se lo permita. Si se violan estas reglas básicas es ponerse contra el paredón, porque todo está bajo el control de los que conocen el terreno y tienen los hilos del poder local. No hay territorio que no esté minado y controlado por los poderes fácticos, por eso la lucha se da sin cuartel y sin concesión alguna. Nadie puede caminar seguro en esta geografía arisca si no está dispuesto a pactar y establecer acuerdos para realizar negocios ilícitos.
La ingobernabilidad campea en el estado y las consecuencias son fatídicas porque está costando vidas. El achicamiento de las autoridades que entraron al relevo está desfondando la base legal en que se sustenta la lucha política que en contrapartida se da el empoderamiento de los grupos que delinquen, quienes tienen la capacidad para movilizarse, para tomar los espacios públicos y parapetarse contra los grupos rivales. En esta pugna, las autoridades civiles y militares se han replegado. Han optado por bajar la guardia y han mostrado cierta condescendencia con los civiles que portan armas y también los acompañan en sus patrullajes. No sólo crece el desconcierto entre la población, sino la desconfianza y el miedo, porque ya no hay garantías de que la seguridad vendrá con las fuerzas del Estado.
No sólo estos actores que están llamados a imponer el orden están generando crisis y encendiendo los focos rojos, sino los mismos partidos políticos y sus candidatos que en estos meses de campaña no pudieron despegar porque les quedó grande el caso de Ayotzinapa. No supieron qué hacer ni qué decir, simplemente evadieron el tema y nadaron de a muertito con sus clientelas cautivas. No salieron de su burbuja partidaria y se dedicaron a la diatriba contra sus adversarios políticos, para que hubiera algo de qué hablar en los medios. Esta mediocridad de la clase política y la vacuidad de sus discursos es lo que ha causado enojo y encono entre la población porque no hay proyecto que tenga solidez y raíz, no hay propuestas serias que reviertan esta espiral de violencia y contengan este empobrecimiento atroz. Los mismos políticos avejentados que sólo se encargan de levantar la mano a otro de su misma camada son los que se aferran a un estado de cosas que la gran mayoría de la población se niega a padecer.
Viendo las actuaciones pasadas de todos los candidatos, ninguno de ellos logró enfrentar con éxito los rezagos de la población a la que atendió, ni tuvieron la sensibilidad para hacerse eco de las demandas más sentidas de la población. Gobernaron y legislaron siempre a contrapelo de la sociedad. La prueba de la transparencia es algo que no se les da a los candidatos, porque ninguno de ellos ha rendido cuentas claras sobre los recursos públicos que les tocó administrar, más bien siempre se movieron en la opacidad, porque necesitaban hacerse de fondos para contender como candidatos. Otro momento de prueba para estos candidatos fue cuando se consumaron graves violaciones a los derechos humanos en el estado. Ninguno de ellos salió a defender a las víctimas, más bien estuvieron entre los políticos cómplices y solapadores de los crímenes que sucedieron como los asesinatos de los dos estudiantes de Ayotzinapa en la Autopista del Sol y los asesinatos de varios líderes sociales.
Para colmo de males, y en medio de esta crisis de credibilidad y confianza en los políticos, apareció en público contando chistes el consejero presidente del INE, haciendo gala de su verborrea racista. El paladín de la democracia mostró sin tapujos cuál es la visión que tiene sobre la población indígena. Su halo de un gran intelectual formado en Italia no le quitó sus prejuicios étnicos, más bien remarcó su superioridad racial. Su doctorado le permitió decir en privado lo que piensa un funcionario público sobre los indígenas, que por no dominar el español como lo hacen con su lengua materna, dedujo que son ignorantes. Hipólito Arriaga, el gobernador indígena que habló en español con un letrado de la democracia que promueve la pluralidad y la tolerancia y que porta ínfulas de grandeza, fue objeto de burla. Ese momento lo aprovechó el doctor Lorenzo para afinar bien su lenguaje que generaría mofa y serviría para mejorar sus chistes con los amigos cuyo trabajo es velar por los derechos políticos de las y los ciudadanos. Fue ejemplar su empeño por despersonalizar a Hipólito y estigmatizar su identidad como indígena chichimeca.
Esta insensibilidad y falta de respeto a las personas que son portadoras de otras lenguas y culturas muestran el talante de un funcionario que está muy lejos de compenetrarse y comprometerse con los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El desprecio mostrado a la población que no es de su nivel social no le merece atención alguna, mucho menos le despierta interés para hacerse eco de sus planteamientos y asumir una postura que demuestre su ser plural tolerante e incluyente.
Los focos rojos de la democracia están encendidos entre la misma clase política que ha dilapidado el capital social que despojó impunemente a una población que confió en sus promesas. Esta partidocracia se coludió con el crimen organizado y creyó que haciendo esas alianzas diabólicas seguiría controlando políticamente a la población. Hoy son los padres y madres de familias los que en verdad tienen la autoridad moral para reencauzar este movimiento ciudadano que está harto de tanta trapacería y que lucha por un cambio de raíz. Esa es la razón y la fuerza que inspira a los padres y madres de familia para alcanzar la justicia y encontrar vivos a sus hijos.
Regeneración, mayo del 2015. Fuente: Centro de Derechos de La Montaña «Tlachinollan«