Por
Consuelo Sánchez
El Nuevo Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que encabeza Andrés Manuel López Obrador, recoge reclamos, sentimientos y anhelos de gran parte de los mexicanos, entre ellos, los pueblos indígenas. Es un proyecto colectivo en su elaboración, inspiración y vocación; una propuesta para ser discutida y enriquecida.
El proyecto incluye un tema clave para la regeneración de México: la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Se revalora la participación de los pueblos originarios en la construcción de nuestra nación: Independencia, restauración de la República, revolución mexicana, cardenismo y la rebelión indígena zapatista de Chiapas. Tiene presente la movilización de la sociedad mexicana a favor de un diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno; cuestiona la traición de los tres poderes del Estado a los Acuerdos de San Andrés con la reforma constitucional de 2001.
En el primero de los diez puntos (“Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico”), se asume como “un compromiso irrenunciable el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena”. Recupera la propuesta zapatista y de organizaciones indígenas, orientada a reconstruir un México plural, incluyente y democrático.
Hace suya la demanda de autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a existir, a ser diferentes, a ser felices, a dignificar y engrandecer su propia cultura y, en suma, a autodeterminarse.
El proyecto cuestiona las políticas del Estado y de las elites dominantes hacia los pueblos, seguidas durante siglos, que han sido “un verdadero etnocidio” y han perpetuado el racismo y las relaciones coloniales. Los gobiernos priístas y panistas han sido “homogeneizadores y destructores de culturas”, dejando “una trágica estela de disolución cultural, destrucción de identidades, miseria social, despojos, opresión política y conflictos cada vez más agudos”.
El proyecto de nación de MORENA considera la diversidad cultural “como una riqueza del país” que debe ser reconocida, protegida y fecundada en todos los sentidos. Construir una sociedad justa y estable, precisa “buscar las fórmulas de justicia e igualdad” que permitan a los pueblos indígenas “participar en las estructuras sociopolíticas nacionales”. Se plantea “descolonizar el pensamiento y las prácticas sociales”; valorar los aportes morales, culturales, identitarios, ambientales y productivos de los pueblos indígenas, así como su potencialidad en la refundación ética, política, social y económica de la nación. Ese proceso debe ir acompañado de cambios de fondo para 1) establecer un pluralismo que permita “el despliegue de toda la riqueza cultural propia del país”, 2) “crear la plataforma básica de una sociedad más igualitaria y justa”, y 3) constituir “nuestro propio régimen de autonomía, acorde con lo mejor de nuestras raíces históricas y nuestras necesidades como país”.
A su vez, se debe enfrentar la desigualdad socioeconómica y la sociocultural logrando la igualdad social y cultural y estableciendo la equidad social y económica.
El proyecto de nación entiende la autonomía derivada del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Y la asume como un acuerdo encaminado a reconstruir la nación, a partir de nuevas relaciones entre los pueblos y otros sectores, entre etnias y Estado; como ordenación para cambiar aspectos básicos de la política, la economía y la cultura del país en un sentido democrático, tolerante e incluyente.
En suma, el proyecto de nación de MORENA considera como requisito indispensable “para la construcción de una verdadera democracia”, la participación de los pueblos indígenas en la vida nacional, “la instauración de un régimen de autonomía, incluyente y tolerante, ( … ) en el marco de la unidad nacional, mediante el respeto a sus autogobiernos, sus sistemas culturales (lenguas, creencias, usos y costumbres), y reconocimiento y protección legal de sus territorios y recursos”. Además de terminar con el despojo y los abusos contra los pueblos originarios. “Se debe dar vigencia al derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo, como requisitos para dar sentido a las decisiones de las autoridades respecto del patrimonio y modo de vida de aquéllos”. Finalmente, se propone que el “bloque de principios y derechos” sea incluido en nuestra Constitución como “una plataforma medular de la nueva sociedad y el nuevo país que queremos construir”.
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