Guardia Civil investiga concesionarias de Viaducto Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense por dos pagos, que suman 2.5 millones de dólares para sobornos
Regeneración, 16 de febrero del 2018. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, investiga sobornos en España, en la que de acuerdo con los documentos presentados,OHL México y Constructora de Proyectos Viales de México -concesionarias del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense-trianguló recursos en dos pagos por hasta 2.5 millones de dólares a través de una cuenta de banco suizo Anglo Irish Bank de la empresa panameña Lauryn Group Inc.; en informaciones publicadas por El Confidencial de España.
Se trata de toda una trama donde la Guardia Civil ha tomado el testimonio de una serie de funcionarios de Obrascón Huarte Lain (OHL), que es un grupo internacional de concesiones y construcción con más de 100 años de historia que está presente en 30 países de los 5 continentes.
El Confidencial, señaló que las transferencias las hizo Adolfo Soto, uno de los directivos de OHL en México. «Este declaró como testigo y señaló que firmó la orden de transferir los fondos tras recibir la indicación de Felicísimo Ramos, que la UCO sitúa como ex director de control de gestión de OHL».
La fuente periodística, que presenta los documentos base de la investigación señalan que «Soto también explicó que no obtuvo respuesta cuando trató de «recabar justificación que soportase esos pagos».
El 22 de noviembre de 2007, las filiales mexicanas Constructora de Proyectos Viales (CPVM) y OHL Sucursal México giraron sendas transferencias por un importe de 2,5 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank cuyo titular era Lauryn Group INC. Transferencias soportadas por facturas de trabajos presuntamente realizados por Lauryn.
La primera, de un millón de dólares por la «prestación de servicios relativos a la búsqueda y contratación de personal local y mano de obra en general, así como todo lo relacionado con la selección y fijación de condiciones con subcontratas y proveedores de bienes, equipos, medios de transporte y herramientas».
La segunda, de un millón y medio de dólares, por un «estudio de mercado del sector de la construcción, posibles clientes privados y públicos y viabilidad de los mismos en México y Centroamérica».
La trama se denomina en España «El caso Lezo» quién ordenó el pago de 1,4 millones que presuntamente pudo recibir el expresidente regional Ignacio González después de que la Comunidad de Madrid adjudicara la construcción y concesión del tren de Móstoles a Navalcarnero a OHL.