En 2013, Gabriela perdió a su hija debido a la negligencia médica en un hospital del IMSS en Chiapas; la CNDH consideró que hubo violencia obstétrica e inadecuada atención médica.
Regeneración, 08 de noviembre 2016.- Después de que en diciembre de 2013 una joven indígena perdiera a su bebé por falta de atención médica oportuna, pese a encontrarse en la “sala de expulsión” del Hospital Rural Oportunidades No. 8 de Bochil, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Mile Andoni Arriola Peñalosa, director general del IMSS por violencia obstétrica e inadecuada atención médica.
Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2013, cuando Gabriela Jaqueline de 21 años tenía 40 semanas de embarazo y se presentó a la unidad de urgencias médicas del Hospital Regional 8 del IMSS en labor de parto.
La joven arribó al hospital a las 5 de la madrugada siendo recibida por un médico de planta, quien después de una valoración básica la encargó con un médico en formación.
Sin embargo, las normas oficiales mexicanas señalan que las mujeres embarazadas deben ser atendidas por un médico titular y en caso de que un médico practicante sea quien la asiste, este deberá ser supervisado por un doctor de planta.
Durante las 18 horas que siguieron, Gabriela no vio nuevamente a ningún médico titular.
“El médico que me atendió no era ni ginecólogo, era un médico general pasante y no me quiso atender a la hora. Yo le decía que mi bebé ya iba a nacer y él me contestó de manera grosera que, sí podía, lo tuviera sola”, denunció en aquella época la joven chiapaneca a través de las redes sociales.
Nunca se valoró ni el “riesgo obstétrico” ni el “bienestar fetal”, concluyó la CNDH, que también consideró que no se realizaron los estudios básicos por lo que el personal médico del IMSS no detectó que la bebé tenía el cordón umbilical enredado al cuello, ni que había una disminución del líquido amniótico hasta niveles que son indicativos de sufrimiento fetal.
Después, Gabriela fue llevada a la sala de alumbramiento, donde fue abandonada una hora más, siento hasta las 11:30 de la noche que fue revisada por un médico residente gineco-obstetra que confirmó que la bebé tenía un ritmo cardíaco muy bajo.
Fue este médico, quien presionó el abdomen de Gabriela Jaqueline para forzar la salida del bebé, no obstante, por tener el cordón umbilical enredado, la pequeña quedó atorada en el canal de parto por cinco minutos, para cuando lograron extraerla, ya no respiraba.
Tras nacer, fue atendida únicamente por una enfermera; la bebé sufrió tres infartos durante las siguientes diez horas y finalmente falleció pocas horas después.
Los médicos fueron todavía un paso más allá, culpabilizando a la madre por “no colaborar” ya que no “pujaba”.
Ante esto, la CNDH resolvió que tras una investigación encontraron evidencias que “le permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud, al derecho a vivir una vida libre de violencia e integridad personal y al trato digno de la mujer, así como al derecho a la vida de la recién nacida”.
La culpa, advierte la CNDH, no recae sólo en los nueve médicos que vieron a Gabriela, sino que también constituye “una responsabilidad institucional” por parte del IMSS, ya que no sólo se observaron deficiencias médicas sino estructurales.
Exhortó a las autoridades a optar por medidas efectivas de prevención y pidió inscribir a la demandante y a su pareja en el Registro Nacional de Víctimas.
De acuerdo con datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en 2013, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió 17 mil 304 quejas de negligencia médica, de las cuales, 80% fueron contra servicios públicos de salud.
Con información de Animal Político, Proceso y Zacatecas tres punto cero.