Los ejemplos de desastres socioambientales provocados por la minería aportan al creciente rechazo social pero son los gobiernos neoliberales, los que permiten que empresas extractivistas proyecten sobre Latinoamérica.
Por Edith Peredo.
Regeneración, 8 de julio de 2016.- La más reciente publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, reporta los principales conflictos que se encuentran en varios países de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, para dar cuenta de la realidad que se vive en esta zona del mundo que lucha contra el extractivismo minero.
“A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%”, dice el informe de OCMAL.
Aunque el sector minero se encuentre “en crisis” por el precio de los minerales, hayan aumentado los costos de producción y exista una fuerte oposición a los proyectos extractivistas por parte de las comunidades, el modelo minero se sigue expandiendo de la mano de los gobiernos progresistas y neoliberales.
El sector minero presiona y aprovecha las débiles normas ambientales, laborales y sociales que existen en los países y la permisividad que otorgan los gobiernos en turno para reacomodarse en diversas zonas de los países latinoamericanos. Además, en su camino vulneran los derechos humanos y colectivos de las regiones donde se instalan.
Por ello, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) aseguró que seguirá facilitando espacios de intercambio y documentación que sirvan para las comunidades afectadas por la megaminería.
Después de la realización del material, OCMAL concluyó que aunque algunos proyectos están suspendidos, otros más en fase estudio y exploración y algunos más aún en el congelador, la economía extractivista “está ampliamente presente en Latinoamérica”. Pero, es la “licencia social” la que se fortalece cada vez más y dificulta la entrada de la minería a las comunidades.
“Los casos de rechazo frontal a la minería crecen y aquellos donde la coexistencia entre comunidades y empresas mineras resulta exitosa, disminuyen. Los ejemplos de desastres socioambientales provocados por la minería aportan al creciente rechazo. Es el caso de Mariana en Brasil donde a fines del 2015 sucedió una de las más graves catástrofes ambientales y sociales por la ruptura de un dique de colas de la empresa SAMARCO Mineração S.A., de propiedad de las transnacionales VALE S.A. y BHP BILLITON, cada una con 50% de sus acciones”.
Será complicado, dice OCMAL, que el sector minero recupere confianza y legitimidad pues los miles de casos de contaminación y violación a los derechos humanos han quedado en la memoria de la ciudadanía.
“¿Qué es lo que lleva a los gobernantes de los países de América Latina a apostar por el extractivismo en circunstancias que está demostrado que socioambientalmente, económicamente, e incluso desde la soberanía, es inconveniente?”. Se trata, tal vez, de la “injustificada necesidad de crecimiento permanente y la falta de alternativas”.
Tener alternativas a la economía extractivista, podría cambiar el paradigma “que nos saque de la prisión de los crecimientos empobrecedores, el endeudamiento externo e interno, la deuda social y ambiental con las comunidades, la debacle ecológica y la injusticia permanente que viven nuestros pueblos”.