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Quienes cuestionan a los maestros que piden ser escuchados mediante marchas y platones que perturban el tránsito en la capital y en otras regiones del país olvidan que la protesta social es una forma válida de lucha para lograr en apego a las leyes que los malos gobiernos corrijan sus derroteros, un derecho humano para subsanar todo lo que se considere una injusticia; olvidan de igual forma que con independencia del mayor o menor grado de manipulación ajena a la que puedan estar sometidas tales protestas, con independencia de los eventuales daños que puedan emanar de ellas, son un síntoma evidente de que alguna enfermedad aqueja al corpus social.
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Lo que está en juego es la propia institucionalidad del país cuando se apuesta a la represión antes que al diálogo.
Por Walter Ego para Sputnik.
La de México es una democracia impúber que apenas sabe lidiar con conflictos y en la que sus actores reaccionan ante ellos desde los extremos, una democracia en blanco y negro negada a los matices que suponen la mediación y el diálogo franco.
La prueba más incuestionable de ello son las recientes marchas convocadas por la CNTE para oponerse a la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y la negativa a dialogar con la organización sindical que hasta apenas ayer (21 de junio) sostenía el gobierno. «No hay diálogo respecto a ninguna reforma educativa, porque esa reforma les está ayudando al país, a los jóvenes, a los niños, a los maestros», declaró el 16 de junio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien precisó entonces que la atención de ese asunto le concernía al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.
Que en materia educativa sea responsabilidad del gobierno proveer el financiamiento público para el funcionamiento de las escuelas y velar por la transformación de los contenidos docentes y la pedagogía de su impartición, no significa que deba considerar al personal vinculado a la docencia como receptor acrítico de la reforma educativa. Muchos escollos ha sorteado esa reforma presidencial desde su enunciación dentro del paquete de 12 medidas dadas a conocer por Peña Nieto en los albores de su mandato, pero éste es quizás el más decisivo de todos los que ha enfrentado desde su implementación, porque una reforma educativa que no cuente con el apoyo de todo el magisterio, una reforma educativa impuesta a la fuerza —como parece ser la apuesta del gobierno con la detención de un par de dirigentes de la CNTE bajo cargos contaminados por la sospecha del oportunismo o la represión directa que dejó un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca— está condenada al fracaso.
Lo que está juego en el conflicto CNTE vs. Gobierno Federal desborda entonces los límites del magisterio para convertirse en un problema que afecta a uno de los pilares de toda democracia: la libertad de expresión. Quienes cuestionan a los maestros que piden ser escuchados mediante marchas y platones que perturban el tránsito en la capital y en otras regiones del país olvidan que la protesta social es una forma válida de lucha para lograr en apego a las leyes que los malos gobiernos corrijan sus derroteros, un derecho humano para subsanar todo lo que se considere una injusticia; olvidan de igual forma que con independencia del mayor o menor grado de manipulación ajena a la que puedan estar sometidas tales protestas, con independencia de los eventuales daños que puedan emanar de ellas, son un síntoma evidente de que alguna enfermedad aqueja al corpus social.
Por ello, cualquier enfrentamiento en torno a la reforma educativa, se reitera, desborda los límites de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para convertirse en un asunto de política interna atendible por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y va más allá de quién lleva razón en cuanto a la evaluación de los maestros, por mencionar uno de los puntos torales del conflicto: si el gobierno que la exige en la reforma que promueve o la CNTE que dice estar en contra de la misma por la naturaleza de castigo que implica. Lo que está en juego es la propia institucionalidad del país cuando se apuesta a la represión antes que al diálogo. Por ello resulta «levemente» esperanzador el comunicado dado a conocer ayer por el gobierno mexicano en el que «reitera su disposición a dialogar, en el marco de sus atribuciones y con absoluto respeto a la ley» con integrantes de la CNTE. Y escribo «levemente» pues hay que asumir con reservas esta nueva postura gubernamental, porque un diálogo en el que una de las partes insiste en que «la reforma educativa es un proceso que continúa y no se va a detener» está viciado de origen y parece predestinado al empantanamiento.
No sé a cuántos «rounds» se pactó el enfrentamiento enquistado que sostienen el gobierno mexicano y la CNTE. Poco importa. La única certidumbre valedera es que el actual parece ser el round decisivo, el que acaso defina si se mantiene o se modifica la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, el que acaso sirva para saber si la democracia mexicana alcanzará finalmente la anhelada pubertad o seguirá siendo esa democracia en blanco y negro que no conoce el matiz conciliador del diálogo verdadero.