El pulso se libra desde comienzos de año. El 9 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar en México debido a amenazas a la integridad y seguridad que representan organizaciones criminales trasnacionales (OCT) en ese país. Ciudadanos estadunidenses han sido blanco de violencia, como secuestro, asalto y robo a manos de OCT en varios estados
. Michoacán ardía.
La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Cinco días después del comunicado estadunidense, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emplazó a los grupos de autodefensa a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades estatales, se hacían cargo de la protección y seguridad de los habitantes de la Tierra Caliente.
Los civiles armados no le hicieron mucho caso. El 12 de enero, después de un combate de dos horas, tomaron la comunidad de Nueva Italia, punto neurálgico en la ofensiva contra los caballeros templarios. Uno de los milicianos que participaron en la batalla le reviró al secretario de Gobernación:Que Osorio Chong venga a desarmarnos (…). Nunca va a venir, pero que lo intente
( El Universal, 14/1/14).
A buen entendedor, pocas palabras. Para que no hubiera duda del mensaje del Tío Sam, el 17 de enero, una semana después de la alerta a sus ciudadanos sobre México, el secretario de Estado, John Kerry, dijo estar preocupado
por el surgimiento de milicias para combatir a los narcotraficantes en Michoacán y preparado para tratar de ser útil en lo posible.
La estabilidad en Michoacán es importante para Washington. Desde ese estado mexicano parte uno de los corredores claves para el transporte de mercancías entre el Pacífico y el Golfo de México, el formado por la mancuerna del puerto Lázaro Cárdenas y el ferrocarril Kansas City. Desde allí se ha establecido un comercio privilegiado con China. Dos de cada tres aguacates que se consumen en el país vecino son cultivados en Michoacán y exportados, en su mayoría, por seis grandes empacadoras trasnacionales de capital estadunidense. Los michoacanos son la segunda comunidad de mexicanos más numerosa del otro lado del Bravo; 4 millones radican allí y mandan a su estado más de 2 mil millones de dólares al año.
Un mes después de las declaraciones de Kerry, el 27 de febrero, el informe anual que Washington elabora sobre derechos humanos en todo el mundo advirtió sobre la preocupante proliferación
de los grupos de autodefensa en varios estados de la República Mexicana, especialmente en Guerrero y Michoacán.
A pesar de ver algunas incongruencias en la amonestación delTío Sam, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), saludó el documento: “Me parece –afirmó– que el informe sobre el punto de las autodefensas, que refleja en términos fidedignos el crecimiento de este fenómeno y la vacilante y contradictoria actitud del Ejecutivo mexicano, es inobjetable”. “Las autodefensas –añadió semanas después– son un cáncer que ha padecido Colombia durante varias décadas. Es muy fácil caer en este tipo de modelos donde se genera un Frankenstein que luego ningún gobierno controla.”
El asunto era motivo de preocupación no sólo de la administración Obama, sino de los grandes inversionistas extranjeros. Eso quedó claro, el 23 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando el fantasma de los grupos civiles armados en Michoacán se le apareció al presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario, que llegó a la fiesta anual de los Amos del Universo a presumir la aprobación de un nuevo ciclo de reformas neoliberales, se topó con cuestionamientos a los civiles armados autodefensas por parte de Klaus Schwab, el presidente ejecutivo del Foro. El mandatario respondió ofreciendo a los alzados incorporarse a las tareas de seguridad ( La Jornada,24/1/14).
Comenzó entonces una soterrada puja por desmovilizar a las milicias y obligarlas a deponer las armas, que muy pronto provocó fuertes choques. El 14 de febrero, en la comunidad de Antúnez, el Ejército mató a tres civiles que se resistieron a ser desarmados. El gobierno federal se vio obligado a posponer la medida. El punto ha sido motivo de conflictos permanentes y un diluvio de declaraciones de funcionarios públicos, anunciando la inminencia y obligatoriedad de la medida.
El pulso alcanzó en días recientes su punto crítico. El gobierno federal tomó como rehén al líder de La Ruana, Hipólito Mora, al arrestarlo por ser el supuesto responsable de ordenar dos asesinatos; acusó de terrorismo a 17 guardias de Yurécuaro; dividió a los civiles armados, negociando con Juan José Farías, El Abuelo, y buscó desplazar de la vocería del movimiento a José Manuel Mireles. Argumentando el éxito de su estrategia para combatir a lostemplarios, el comisionado Alfredo Castillo puso el 10 de mayo como fecha límite para la entrega de armas.
Los alzados respondieron marchando el 6 de abril en 15 poblados y organizando una caravana motorizada. Por voz del doctor Mireles, reviraron que no los pueden desarmar. Sin armas cualquier pendejo en bicicleta nos va a matar
, dijo el vocero en la comunidad de Nuevo Urecho. Simultáneamente aumentaron sus demandas: libertad de al menos 100 de sus compañeros presos; eliminar o detener a 20 mandos mediostemplarios; legalizar y otorgar personalidad jurídica a las autodefensas; integrar a la policía estatal a sus miembros y restaurar el estado de derecho en Michoacán. Fijaron como plazo para tener soluciones favorables el mismo Día de las Madres.
El choque violento entre autodefensas y gobierno federal parece cada día más probable. Los tres ultimátum sobre la mesa son la tercera llamada que lo anuncia.
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