Regeneración, 1 de marzo de 2015. La Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan, en el estado de Colima, México fue obstruida por un pequeño grupo de comuneros de filiación priísta y vinculados al recientemente depuesto Comisariado de Bienes Comunales, quienes han bloqueado el acceso a la comunidad de Zacualpan con apoyo de la patrulla de la Policía Estatal No. 1401. «Lo que otrora sería un delito de secuestro, acusaciones de bloqueo a las vías de comunicación, delincuencia organizada, entre otros delitos, en este caso se solapa con el apoyo de la policía estatal», declaró la Misión en un comunicado.
En Zacualpan, la asamblea de la comunidad acaba de declarar el territorio libre de minería, pero la empresa Gabfer, S.A. de C.V. quiere explotar una mina de oro en 100 hectáreas de la comunidad y cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno.
«Los que han perdido sus privilegios por la vía legal y pacífica por medio de una Asamblea Comunal convocada, verificada, notariada y reconocida por las autoridades competentes, pretende imponer su voluntad con toda impunidad y apoyo de la policía del estado».
Según la Misión que apenas inicia sus trabajos, «pareciera que la vía de la confrontación, la división, la falta del Estado de Derecho y la manipulación de un pequeño grupo que se siente impune a sus acciones ilegales, es el mecanismo que perdura en este conflicto. Insistentemente se ha advertido por diversos medios y actores sociales y políticos del país, e incluso a nivel internacional, que el conflicto, de no atenderse y aplicar el Estado de Derecho, la violencia puede llegar a consecuencias graves para la población indígena, para el gobierno federal, estatal, municipal y otros funcionarios de diversas dependencias de gobierno».
La Misión solicitó previamente a la Secretaría de Seguridad Publica del estado así como al presidente municipal de Comala, «garantías de seguridad para lograr la observación. Sin embargo, a pocas horas de dar inicio, el pequeño grupo que pretende imponer su voluntad por la vía de la fuerza y la ilegalidad, continúan amedrentando a la población.»
Demandaron a las autoridades competentes seguridad para la Misión y para la comunidad de Zacualpan.
El objetivo de la Misión, según lo definió la misma en un boletín del 26 de febrero es el siguiente:
La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.
Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.
La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.
Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.
Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.
Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.
