Nexos con narcos, enriquecimiento y pederastia marcan proceso electoral 2016

La guerra sucia más virulenta de este proceso electoral ha ocurrido en Veracruz y Tamaulipas, dos entidades vecinas donde el PRI ha gobernado toda la vida.

 

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Regeneración, 20 de mayo de 2016.- Acusaciones de enriquecimiento inexplicable, espionaje telefónico, señalamientos de vínculos con el narcotráfico y hasta demandas por pederastia. Los partidos políticos han mostrado que están dispuestos a utilizar cualquier recurso en la lucha por el poder en México. Las campañas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Puebla rumbo a las elecciones del cinco de junio han estado marcadas por la guerra sucia. La lucha ideológica o las propuestas han sido oscurecidas por ataques personales y expedientes secretos destinados a manchar la reputación de los aspirantes.

La guerra sucia más virulenta se ha presentado en Veracruz y Tamaulipas, dos entidades vecinas donde el PRI ha gobernado toda la vida y que han sido muy lastimadas por la violencia del narcotráfico y la corrupción. En Veracruz la disputa es entre dos primos hermanos. Miguel Ángel Yunes es candidato de la alianza de la derecha y la centro-izquierda, del PAN-PRD. Héctor Yunes es candidato del PRI. En días recientes, una víctima de trata acusó a Miguel Ángel de ser cómplice de una red de pornografía infantil.

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El vínculo familiar no evitó a Héctor hacer sangre con la denuncia surgida en un portal de internet. “Miguel Ángel es un perverso, es un enfermo sexual… cuiden la seguridad de sus hijos”, comentó el abanderado del PRI en un evento. El Yunes del PAN y PRD, que militó varias décadas en el PRI y que ha sido cuestionado por tener mansiones y una fortuna escondida en paraísos fiscales, se ha defendido diciendo que si esas acusaciones tuvieran validez las fiscalías local y federal, controladas por el partido en el poder, ya habrían actuado en su contra.

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En Tamaulipas, donde nacieron dos sanguinarios cárteles, el narcotráfico ha sido el arma arrojadiza utilizada por los partidos. El PRI acudió ante la Fiscalía de delitos electorales a denunciar supuestos vínculos del candidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con delincuentes. Para nutrir la acusación, el partido utilizó fotografías de un grupo armado montado en una camioneta decorada con etiquetas de un cráneo de toro, similares a las que utiliza el panista como propaganda. Días después, el secretario de elecciones del PRI, Arturo Zamora, reconoció que las imágenes fueron tomadas de las redes sociales. En realidad estaban manipuladas y correspondían al Estado de Michoacán, un sitio a más de 1.000 kilómetros de distancia de Tamaulipas.

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El PRI afirma que los narcotraficantes siguen órdenes del aspirante del PAN en Tamaulipas y que esto ha provocado la renuncia de medio centenar de candidatos, amedrentados por los delincuentes. “No habíamos visto esta manera tan abierta de participación del crimen organizado en campaña”, dijo Jorge Carlos Ramírez, representante del PRI ante la autoridad electoral, al periodista Ciro Gómez Leyva. García Cabeza de Vaca ya estaba preparado para esta guerra sucia. Arrancó su campaña con un expediente compuesto por documentos expedidos por la Fiscalía general destinados a derribar bulos populares, como el que asegura que fue fichado por un robo de armas en Estados Unidos hace más de 30 años.

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En Oaxaca, uno de los Estados más pobres de México, la fortuna de un operador cercano al actual gobernador Gabino Cué, de izquierdas, ha salido a la luz gracias a un expediente secreto. El diario El Financiero afirmó el martes que Jorge Castillo cuenta con más de 7.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) repartidos en más de 20 cuentas bancarias abiertas desde 2010, año en que Cué llegó al poder gracias a una alianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Castillo, dice el periódico, no ha tenido ningún cargo en el Gobierno local, pero es responsable de negociar las licitaciones en la entidad.

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Ese mismo diario publicó este miércoles que José Antonio Estefan, que aspira a suceder a Cué en el cargo, es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por movimientos irregulares en sus cuentas bancarias en ese país. El candidato de la alianza PRD-PAN tuvo el 13 de noviembre de 2015, siempre según un expediente filtrado al periódico, 27 millones de dólares en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

 

Fuente: El país.