Por Raúl Zibechi*
Propongo que dejemos de hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo central que revelan los terribles hechos: la alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los estados.
La historia suele ayudar a echar luz sobre los hechos actuales. La piratería, como práctica de saqueo y bandolerismo en el mar, jugó un papel importante en la transición hegemónica, debilitando a España, potencia colonial decadente, por parte de las potencias emergentes Francia e Inglaterra. La única diferencia entre piratas y corsarios es que éstos recibían patentes de corso, firmadas por monarcas, que legalizaban su actuación delictiva cuando la realizaban contra barcos y poblaciones de naciones enemigas.
Las potencias disponían así de armadas adicionales sin los gastos que implicaban y conseguían debilitar a sus enemigos tercerizando la guerra. Además, utilizaban los servicios de los corsarios sin pagar costos políticos, como si los destrozos que causaban fueran desbordes fuera del control de las monarquías, cuando en realidad no tenían la menor autonomía de las élites en el poder. La línea que separa lo legal de lo ilegal es tenue y variable.
Encuentro varias razones para dejar de considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado.
La primera, es histórica. Es bien conocido el caso de Lucky Luciano, jefe de la Cosa Nostra preso en Estados Unidos. Cuando las tropas estadunidenses desembarcaron en Sicilia, en 1943, para combatir al régimen de Mussolini, contaron con el apoyo activo de la mafia. El gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Luciano, por el cual éste movilizó a sus partidarios a favor de los aliados a cambio de su posterior deportación a Italia, donde vivió el resto de su vida organizando sus negocios ilegales.
Los mafiosos eran, además, fervientes anticomunistas, por lo que fueron usados en el combate a las fuerzas de izquierda en el mundo y como fuerza de choque contra los sindicatos estadunidenses.
En segundo lugar, la superpotencia utilizó el negocio de las drogas en su intervención militar en el sureste de Asia, en particular en la guerra contra Vietnam. Pero también a escala local, en el mismo periodo, para destruir al movimiento revolucionario Panteras Negras. En ambos casos la CIA jugó un papel destacado. Sobre estos dos primeros puntos hay decenas de publicaciones, lo que hace innecesario entrar en detalles.
En tercer lugar, Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares. Un informe de Americas Watch de 1990 establece que el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, atacaba sistemáticamente a líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda, particularmente de la Unión Patriótica (Americas Watch, La guerra contra las drogas en Colombia, 1990, p. 22).
A renglón seguido destaca que los narcotraficantes se han convertido en grandes terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares.
Este es el punto clave: la confluencia de intereses entre dos sectores que buscan enriquecerse y mantener cuotas de poder, o adquirir más poder, a costa de los campesinos, los sectores populares y las izquierdas. Todo indica que la experiencia colombiana –en modo particular, la alianza de los narcos y los demás sectores de las clases dominantes– está siendo replicada en otros países como México y Guatemala, y está disponible para aplicarla donde las élites globales lo crean necesario. De más está decir que esto no podía hacerse sin el concurso de la agencia antidrogas estadunidense, así como de sus fuerzas armadas.
En cuarto lugar, hace falta comprender que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. Funciona como una empresa capitalista, como una actividad económica racional, como concluye el libro Cocaína & Co., de los sociólogos colombianos Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento (Tercer Mundo Ediciones, 1991). Tiene algunas diferencias con los demás negocios capitalistas, sólo por tratarse de una actividad ilegal.
La violencia criminal, considerada a veces como demencial, es el argumento que suelen utilizar los medios y las autoridades para enfatizar los aspectos especiales del negocio de las drogas. Es tan falso como lo sería atribuir un carácter criminal al cultivo y comercialización de bananas porque en diciembre de 1928 fueron asesinados mil 800 huelguistas que trabajaban en la United Fruit Company en la Ciénaga de Santa Marta, norte colombiano. Algo similar podría atribuirse al negocio minero o al petrolero, manchados de sangre en todo el mundo.
El negocio de las drogas está en sintonía con la financierización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos. Es bueno recordar que durante la crisis de 2008 el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca.
Por último, eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e inviable la organización popular. Nada peor que seguir a los medios que presentan a los narcos como forajidos irracionales. Tienen una estrategia, de clase, la misma a la que pertenecen.