La CIDH han denunciado irregularidades en la investigación, entre ellas la destrucción de pruebas de vídeo
4 de septiembre del 2015.-Las conclusiones que presentarán expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo domingo abrirán nuevas rutas en la investigación de la desaparición de 43 jóvenes en México, dijo hoy el abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales.
Después de la versión de la Fiscalía ofrecida en febrero pasado, en la que no creen los familiares de los estudiantes, «hoy en día está en disputa la verdad» de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a los alumnos de una escuela para maestros, declaró a Radio Fórmula.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Tras seis meses de trabajo en torno al caso, el grupo de expertos independientes de la CIDH dará a conocer el domingo su informe «Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones».
Rosales indicó que el documento «va a marcar un nuevo derrotero en la investigación; va a oxigenarla y va a darle nuevas rutas por las cuales se pueda seguir fortaleciendo, con miras a encontrar la verdad tan anhelada por los padres».
«La investigación debe seguir» y, más allá de ampliar diligencias, es necesaria la apertura de «nuevas líneas de investigación», afirmó.
Una sobre el papel del Ejército esa noche, otra con la mira puesta en el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y la última centrada en el círculo político de Iguala y los municipios aledaños como Taxco, Cocula y Chila de la Sal, detalló.
El letrado recordó que el único político detenido hasta ahora en relación a este caso es el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien, según la Fiscalía, ordenó a los policías atacar a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa al creer que iban a sabotear un acto público de su esposa.
En este caso han sido arrestados más de un centenar de personas, entre ellas la esposa de Abarca, policías de Iguala y Cocula, así como miembros de Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron a los jóvenes tras creer que eran miembros del cártel rival Los Rojos.
Hasta ahora los expertos de la CIDH han denunciado irregularidades en la investigación, entre ellas la destrucción de pruebas de vídeo, y solicitado al Gobierno que mantenga la búsqueda de los estudiantes.
También pidieron entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes, pero el Gobierno respondió que debía ser por escrito y dentro del proceso penal, lo que el grupo rechazó.
EFE