La ONU tiene “fuertes indicios” de que las fuerzas de seguridad mexicanas estuvieron involucradas en la desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo
Regeneración, 7 de agosto de 2018.- Diversos testimonios que van desde cámaras de seguridad hasta familiares que acompañaban a victimas severamente golpeadas, desaparecidas y hasta ejecutadas, es parte del grave fenómeno de la violencia que vive Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
A la presencia de cárteles de la droga, ahora se suman diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas de México, sea la Marina o el Ejército.
Peor aún resulta el acoso y amedrentamiento que padecen especialmente las mujeres: esposas, madres, hermanas que buscan sin cesar por todo el estado, sin importarles las amenazas.
En tan solo tres meses, Nuevo Laredo registró 30 casos en los que prevalece la detención arbitraria por parte de marinos, sin que medie siquiera una orden de cateo o de presentación, ya no digamos de captura.
Ciudadanos comunes departiendo en fiestas, trabajando en sus negocios o descansando al interior de sus hogares son detenidos, brutalmente golpeados y finalmente desaparecidos. Los niños no han sido la excepción.
El de Tamaulipas “es el caso más claro de negación de justicia del Estado desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, señaló Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El reportero Jacobo García recuperó testimonios de familiares que no han recibido justicia por parte del Estado mexicano.
“Primero decían que era el narco y ahora es la Marina quien está desapareciendo a nuestros maridos”, dijo Érika Castro, esposa de José Luis Bautista.
Estamos hablando de los efectos que ha tenido sobre Tamaulipas la presencia del Ejército, una decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el reportero. “Su presencia ha disparado la violencia mientras se multiplican las violaciones de derechos humanos”.
Por su valor documental, a continuación reproducimos el reportaje que Jacobo García publicó para El País el pasado 5 de agosto.
Tamaulipas: desapariciones en la tierra del silencio
Sentado en una silla a la puerta de su casa, Israel tomaba una cerveza cuando dos camionetas de la Armada se detuvieron frente a él, lo interrogaron, lo golpearon hasta la extenuación y se lo llevaron.
Unos días antes, Marco Antonio ponía gasolina con un amigo cuando dos patrullas se acercaron, los subieron a un vehículo y se los llevaron.
Así hasta 30 casos en Nuevo Laredo, de unos 600.000 habitantes, y en un periodo de solo tres meses, entre febrero y mayo. Para unos es una venganza tras el asesinato de un comandante y para otros, el peor rostro de la guerra contra el narco en México.
Más descarado aún fue el caso de José Luis , que estaba en una fiesta veraniega con decenas de familias en un yonke (desguace de coches) cuando unos 20 marinos se presentaron en el lugar y obligaron a todos los invitados a tirarse al suelo, incluidos decenas de niños.
Entre todos los hombres, el mando que dirigía la operación eligió a José Luis, lo hincó de rodillas y lo golpeó con un trozo de madera. Después los soldados lo subieron a un vehículo y abandonaron el lugar.
Más de cien testigos presenciaron la escena y de ninguno de los que se llevaron se ha vuelto a saber nada.
El País ha recogido los testimonios de seis familiares de desaparecidos que denuncian que los soldados se llevaron a su marido e hijos. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales ni fue detenido en flagrancia.
—“¿Cuál es tu alias, hijo de tu chingada madre, cuál es tu alias?”.
Jesica recuerda la luz roja del fusil que le apuntaba la frente y los gritos de los marinos mientras abofeteaban a su marido.
“La madrugada del 27 de marzo seis marinos encapuchados entraron en mi casa en busca de un tal Willy”, relata.
“Preguntaban cuál era su alias, pero mi marido es mecánico de profesión y no tiene ningún apodo. Ellos sabían que estaban en el lugar equivocada”, recuerda frente a la casa.
Aquella noche los uniformados desactivaron las cámaras de la casa pero olvidaron otra más que había en la casa de al lado y que pueden verse aqui.
Días después, en otra colonia del sur de la ciudad “llegaron 20 personas, cortaron la calle y metieron a mi esposo en esa casa.
Durante media hora estuvieron pegándole”, dice María del Carmen señalando el cuarto donde quedó la sangre de Israel.
Hasta el 30 de mayo los llantos y denuncias de este grupo de mujeres eran un zumbido molesto que recorría cada día la fiscalía y los cuarteles exigiendo respuestas.
Un reclamo seco que se perdía en el desierto de Texas y Tamaulipas, en la esquina derecha de México.
Hace dos meses Karen, Erika, Gabriela y Azeneth eran solo “un hatajo de viejas mitoteras (alborotadoras)” pateando morgues, hospitales, cárceles o páramos donde no crece nada y el calor llega a los 48 grados, en busca de huesos, ropa, un botón o, simplemente, de que la fiscalía (PGR) haga su trabajo.
En la gasolinera de donde se llevaron a Marco Antonio y Daniel hay cinco cámaras y los despachadores de gasolina vieron todo, sin embargo nunca se revisaron las imágenes y estas se borraron automáticamente un mes después de lo sucedido.
“Es el caso más claro de negación de justicia del Estado desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, resume Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Al ninguneo de las autoridades se unió un país inmerso en la campaña electoral ante la arrolladora candidatura de Andrés Manuel López Obrador, hasta que desde Ginebra llegó la alerta.
Menores entre las víctimas
El Alto Comisionado de la ONU emitió un comunicado señalando que tiene “fuertes indicios” de que las fuerzas de seguridad mexicanas estuvieron involucradas en la desaparición de 23 personas en la ciudad de Nuevo Laredo.
“Es particularmente terrible que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14 años”, señala el comunicado, firmado por Zeid Ra’ad al Hussein.
Algunas versiones señalan que las desapariciones son la venganza por el asesinato de un comandante recién nombrado.
En otras ocasiones es el aspecto o la falta de información fiable que maneja el Ejército, obligado a hacer de policía ante la penetración del narcotráfico en las corporaciones.
La realidad es que no es la primera vez que sucede y ya entre 2011 y 2014 varios militares fueron suspendidos por ejecuciones extrajudiciales.
Es la primera vez que Ginebra señala tan claramente a las autoridades sobre un hecho tan concreto.
La Marina ha rechazado la acusación y dice que las desapariciones fueron perpetradas por el crimen organizado utilizando trajes clonados, pero los videos que los familiares mostraron a este periódico son bastante evidentes.
Además de buenos uniformes harían falta buenos actores.
Este periódico ha intentado obtener la versión de la Marina y la fiscalía especial para desaparecidos, pero ambas han rechazado hacer comentarios sobre una investigación en curso.
Hasta el momento todos los casos se concentran en Nuevo Laredo, tercera ciudad de Tamaulipas, pero “son muchos más”, dice Ramos.
“Aunque la ONU ha documentado 23 desaparecidos creemos que supera los 50 casos, entre ellos 16 que fueron hallados muertos ‘por disparos en la nuca”, aclara este antiguo periodista robusto y de voz firme que precisa seguridad policial, cinco cámaras de vigilancia en su oficina y un botón de pánico (conectado con la policía) para poder defender a los familiares de desaparecidos desde hace más de 20 años.
“Solo tenemos datos de Nuevo Laredo porque es el único lugar donde hemos podido trabajar de Tamaulipas, pero hay muchos casos más”, reconoce el representante del Alto Comisionado en México.
“Primero decían que era el narco y ahora es la Marina quien está desapareciendo a nuestros maridos”, resume pesimista Erika Castro, esposa de José Luis Bautista.
Durante los dos meses que ellas han estado buscando ha pasado de todo.
Como aquel día que unos tipos metieron a Karen en un vehículo por la fuerza y le dijeron “no queremos reuniones de viejas mitoteras y ni quiero volver a verte en la PGR (fiscalía). La próxima vez no será un aviso”.
O cuando Azeneth comenzó a buscar a su marido por todas las veredas y encontró dos muertos, pero ninguno era el suyo.
Nuevo Laredo, la tercera ciudad de Tamaulipas, tiene el más alto índice de desapariciones de México, lo que equivale a marcar otro récord en un país de récord, castigado por las 35.000 desapariciones contabilizadas en la última década.
Para la ONU, la polvorienta ciudad es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer para combatir la inseguridad.
La presencia del Ejército en las calles de Tamaulipas fue una decisión desesperada del Gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar que la guerra entre carteles afectara a la población civil.
Sin embargo, su presencia ha disparado la violencia mientras se multiplican las violaciones de derechos humanos.
Una madre recuerda que “aunque hubiera llegado a ser el sicario más cruel del mundo con 14 años, hasta el Chapo Guzmán disfruta de una cárcel y un juicio”.
Tamaulipas, el pozo negro de la violencia
México atraviesa su peor ola de violencia desde la Revolución. En México mueren asesinadas cada día más de 85 personas y un Mexicano desaparece cada dos horas sin que se vuelva a saber nada de él.
El año pasado murieron asesinadas 31.174 personas —la gran mayoría por arma de fuego— 6.615 más que en 2016 (un incremento del 27%) y más del doble que hace solo ocho años. Una tasa de homicidios de 25 por cada 100.00 habitantes.
La tendencia apunta a que 2018 soportará un nuevo récord. La atomización de los cárteles, la detención de líderes y la presencia del ejército en las calles ha agitado el avispero y ha multiplicado el número de homicidios.
Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; en el de Peña Nieto (2012-2018) desaparecieron más del doble: 13 al día.
Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más elevadas de homicidios en el país, también tiene el primer lugar nacional de personas desaparecidas.
Según en los última década en Tamaulipas desparecieron casi 6.000 personas y se localizaron menos de 200.