Oaxaca es uno de los estados más pobres y desiguales y las políticas públicas no han sacado del rezago a la entidad, pero sí han funcionado para atraer proyectos transnacionales que despojan a los habitantes y violan las leyes medioambientales.
Edith Peredo
Regeneración, 3 de abril de 2016.- En el informe “Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México”, desarrollado por Oxfam México y Servicios para una Educación Alternativa A.C (EDUCA) y realizado por Gerardo Torres Salcido, expone que Oaxaca es uno de los estados con mayores niveles de pobreza nacional y al mismo tiempo, es receptor de cuantiosas inversiones en el sector energético que “prometen” un avance para la población.
“Vivir en un municipio en el cual se está implementando un megaproyecto de desarrollo no siempre se traduce en gozar los beneficios que éste trae; siendo la región que produce el 82% de la energía eólica, en Oaxaca aún existen familias que no cuentan con electricidad en sus hogares. Esto es un reflejo directo de los niveles de desigualdad en el estado; mientras los proyectos reciben grandes recursos, un gran sector de su población se encuentra en el rezago”, dice el informe que pretende dar cuenta de las desigualdades desde la perspectiva de los derechos en México.
En Oaxaca, como en muchas partes del país, la política social no ha sido efectiva en el combate contra la desigualdad y los programas de asistencia social solo han profundizado las desigualdades y la pobreza. Resulta urgente hacer partícipes a los actores locales en el desarrollo social y económico.
La investigación que da cuenta de los proyectos energéticos que se han impuesto gracias a la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (zee), buscan “desarrollar” varias zonas en rezago en entidades como Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, pero el “avance” sólo ha traído ambición del “neoliberalismo verde” que con apoyo del gobierno federal, niega el derecho a la consulta a las comunidades. Construyen mientras excluyen a pobladores.
“Las actividades que se pretenden realizar conllevan despojo, desplazamiento, exclusión y violación de los derechos humanos. La instalación de generadores en zonas de pesca y ambientes biodiversos pone en peligro las fuentes tradicionales de la actividad de los pueblos indígenas”.
Por ello, el informe arroja que junto con los megaproyectos (como los eólicos, de los que más se pretenden hacer en Oaxaca) se implementa una política extractiva y de despojo que desarticula la economía local. Además de impactar gravemente al medio ambiente pues ahora las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), ya no son necesarias debido al apoyo infinito que otorga el gobierno, son “letra muerta”.
Asimismo, destaca que “la desigualdad no sólo es un problema de ingresos, sino de derechos y responsabilidades públicas y privadas que contiene un aspecto ético: una sociedad que tolera una desigualdad extrema como la que sucede en diversas partes del país, y en especial en Oaxaca, está sujeta a otros males públicos como la impunidad, la corrupción y la violencia. Estas situaciones no pueden verse como una normalidad social, es preciso revertirla y pensar que en efecto, es posible alcanzar un futuro mejor”.