con todo el rigor de la leyen caso de detectar irregularidades.
No habrá tal: la irregularidad de esa obra pública arranca con su diseño y contratación, efectuados cuando Peña desgobernaba el Edomex y aprobó algo tan aberrante y tonto como una vía rápida de un solo sentido y un título de concesión que ha permitido a la beneficiaria incrementar el peaje 152 por ciento en menos de seis años. Algo de razón tenía el chivo expiatorio, eslabón menor en la cadena de corruptelas, cuando señalaba que eran las condiciones originalmente pactadas las que habían permitido semejante encarecimiento, por más que él, Mena Villegas, haya operado posteriormente para facilitarle a la empresa de origen español amasar algunos cientos de millones de pesos de ganancias adicionales y turbias. Desde luego, la actual administración mexiquense no va a tocar ni con el pétalo de una averiguación previa a los integrantes de su antecesora, como el propio Peña, Luis Videgaray (ex secretario de Finanzas estatal) y Gerardo Ruiz Esparza (ex secretario de Comunicaciones en Toluca), como no lo hará, por supuesto, Virgilio Andrade en su misión escenográfica de investigar el origen de las mansiones de su jefe y de su colega de gabinete Videgaray.
Ocurre que hace una década al actual jefe del Ejecutivo le urgía sacar un conejo del sombrero para que su gobierno no fuera menos que el del Distrito Federal, que acababa de inaugurar el segundo piso del Periférico (gratuito y de dos sentidos, como lo estipula la lógica elemental) y que a OHL le urgía, como siempre le urge, hacerse de utilidades máximas, aunque fuera de manera poco presentable, y en la combinación de ambas urgencias se engendró a esa suerte de Polifemo de la vialidad que es el viaducto elevado: una obra mal pensada, asentada sobre contratos tramposos que aseguran máximos beneficios al contratista y máximos perjuicios a los usuarios y regulada por relaciones inescrupulosas entre concesionarios y autoridad.
Ahora que ha asomado la punta del iceberg urge salir del paso ofreciendo a la opinión pública la cabeza de un ejecutor menor de la corrupción, una multa de 187 mil pesos y una investigación imposible. Ya tendrá tiempo el gobernador Ávila de reflexionar sobre el hecho curioso de que hay dos instancias en el país que tienen probada capacidad de interferir cualquier conversación telefónica: el gobierno federal y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). A ver si logra averiguar, aunque sea para su propio coleto, de cuál de ellas le llegó el golpe.
Más allá de pleitos intestinos el hecho es que OHL se suma a la red clientelar de Rosario Robles, que emplea recursos públicos como insumo para la fabricación de votos tricolores; estos, a Korenfeld, Korenfeld a las mansiones oscuras (aunque sean blancas) de Peña y compañía, las mansiones a las tarjetas Monex y Soriana, las tarjetas a Oceanografía, ésta a la Estela de Luz en forma de monedero (saqueado) que Felipe Calderón tuvo a bien legar al país (además de cientos de miles de muertos y desaparecidos), el monumento al enriquecimiento inexplicable del tío Arturo o de los hermanos Bribiesca, y así hasta llegar hasta el Pemexgate, el Fobaproa, o el robo de la partida secreta por Salinas. No hay disco duro en el que quepan los fraudes, los chanchullos y la trapacería estructural del grupo gobernante. Con el neoliberalismo la corrupción artesanal cedió su lugar a la industrial, y no sólo en México.
Para reproducirse y perpetuarse la oligarquía necesita tanto de la corrupción como los animales de las hormonas. Por eso la perspectiva de ponerle freno de golpe desde el interior de las instituciones le resulta intolerable y pavorosa; por eso neutraliza adversarios políticos incluyéndolos en el gran reparto, como hizo con el PAN y posteriormente con el PRD, y como lo ha hecho siempre con partidos paraestatales como los actuales Verde y Nueva Alianza; por eso se atrinchera en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia y en el Instituto Nacional Electoral; por eso adultera leyes, borra huellas, inventa delitos, fabrica culpables y opera con espíritu de cuerpo político-empresarial para cerrar espacios como el noticiero de Carmen Aristegui en MVS.
La elección del 7 de junio es una oportunidad para empezar a hacer limpieza en y desde algunas gubernaturas (la de Guerrero, en primer lugar), municipios, delegaciones y cuerpos legislativos. Nada más, pero nada menos. Los operadores del régimen lo saben y por eso están en plena campaña para amedrentar y comprar el voto. Desde luego, pretenden usar el proceso electoral para desviar la atención de movimientos sociales como el magisterial, el de solidaridad con Ayotzinapa y el de San Quintín y de resistencias regionales y comunitarias. Por eso resulta fundamental articular las urnas a tales movimientos y resistencias. Ojalá que se pueda.
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