Las instituciones procuradoras de justicia dejaron de cumplir la función para la cual fueron creadas, permitiendo que con su actuar se perdieran o contaminaran evidencias.
Regeneración, 31 de julio 2016.- Organizaciones de derechos humanos documentaron en un informe preliminar sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, que durante el desalojo del 19 de junio, policías federales y locales incurrieron en graves violaciones a las garantías fundamentales, incluso en poblaciones aledañas, como Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera.
Las instituciones procuradoras de justicia dejaron de cumplir la función para la cual fueron creadas, permitiendo que con su actuar se perdieran o contaminaran evidencias, ante lo cual exigieron el establecimiento de una cadena de custodia de los hechos.
De acuerdo con el informe que firmaron, entre otros, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Fundar y el Centro de Análisis e Investigación, durante el operativo policiaco contra el magisterio disidente hubo uso excesivo de la fuerza pública.
Enlistaron que se cometieron detenciones arbitrarias, posibles actos de tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales e incluso violaciones a los derechos de la infancia y de las mujeres.
Mencionaron, por ejemplo, que en días posteriores al desalojo documentaron que al menos 120 personas fueron atendidas en diversos servicios públicos de salud, sobre todo por heridas de arma de fuego, golpes, quemaduras e intoxicaciones, como las sufridas por 34 niñas y niños de la colonia 20 de Noviembre, quienes abandonaron sus casas ante los gases (lacrimógenos que arrojó la policía).
Las organizaciones no gubernamentales demandaron, como parte de una serie de recomendaciones urgentes, evitar a toda costa cualquier otra violación a los derechos humanos, especialmente de víctimas, heridos y población afectada en los hechos del 19 de junio.
Asimismo, exigieron una investigación exhaustiva e imparcial para deslindar responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados.
Reparación del daño
De igual manera, instrumentar mecanismos de salvaguarda de la seguridad, integridad física y sicoemocional de la población que lo requiera, bajo el esquema de una reparación integral del daño, que sea real y no simulada para las víctimas, incluyendo a todas las personas afectadas de diversa manera en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca, Viguera y lugares circunvecinos, indicaron.
Las agrupaciones de derechos humanos resaltaron en el documento que desde las elecciones de 2015, el gobierno de Oaxaca ha dejado en manos del gobierno federal el manejo del conflicto magisterial y el mando de la seguridad pública. La presencia policiaca no ha traído mayor seguridad al estado. Por el contrario, se ha visto en regiones como el Istmo, Tuxtepec y la Costa mayor presencia del crimen organizado y de la violencia de Estado.
Información de La Jornada.