Por Ana María Vázquez
RegeneraciónMx.- Eso dijo el presidente López Obrador cuando impulsaba la Reforma Eléctrica que buscaba limitar la participación privada que hasta entonces daba preferencia a las empresas extranjeras; luego de una feroz discusión de 12 horas, dicha reforma fue rechazada por la Cámara de Diputados por lo que el presidente intentó el plan B y en 2022 la ministra Loreta Ortiz presentó un decreto para declarar constitucional la que entonces llamaron Ley Bartlett, Ley de la Industria Eléctrica o LIE, aunque hubo varios votos en contra, la corte, presidida en ese momento por el ministro Arturo Záldivar decidió declararla válida, sin otorgar la constitucionalidad pedida por el ejecutivo, esto dejó la puerta abierta para recibir controversias por parte de las empresas (en su mayoría extranjeras) que veían vulnerado su derecho a la libre competencia establecido en el TMEC. Fue así como empezaron los primeros amparos.
Fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro el primero en recibir y aceptar amparos, el primero, para condonar la deuda de Iberdrola con nuestro país por una suma de 10, 000 millones; siguiendo por esa vía, los amparos de este juez suspensiones definitivas a empresas contra la Ley de la Industria Electrica del presidente López Obrador, esto creó la llamada “jurisprudencia” en la que otros juicios similares pueden basarse para hacer dictámenes.
Ahora, el ministro Javier Laynes, tomando como base las resoluciones del juez Gómez Fierro, ha enviado a la Segunda Sala de la Suprema Corte, el proyecto para declarar inconstitucional la reforma a la ley del sector eléctrico decretada por el presidente López Obrador. Son más de 200 empresas las que se verían beneficiadas si el proyecto de Laynes es aprobado, facultando a la Corte para fallar a favor de cada empresa amparada o por ampararse.
JUECES A MODO
Laynez, el mismo ministro que amparó a Ricardo Salinas por el adeudo de 2 mil 447 millones 504 mil pesos y cuyo análisis duerme el sueño de los justos. Otro de los ministros del grupo es Luis María Aguilar, responsable de conceder la distribución de los libros de texto y que, fue exhibido en la mañanera hace un par de meses por el subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio, quien denunció que el ministro había retrasado un litigio por 25,000 millones de pesos, en un juicio que lleva ya 13 años y cuya última instancia y decisión final, radica en el ministro Aguilar, el mismo que debió retirar de discusión un proyecto en el que planteaba la destitución del presidente López Obrador.
En ellos recae la correcta impartición de justicia cuyas resoluciones solo pueden ser impugnadas entre el Consejo de la Judicatura Federal que preside también la ministra presidenta Norma Piña, juez y parte que está a cargo de la presidencia de la Suprema Corte y a la vez del órgano que vigila, administra y disciplina.
Ya ha salido a la luz pública el escandaloso presupuesto que, sin mecanismos de transparencia de por medio pretende la suprema corte, argumentando que: “La consecuencia directa de asfixiar, a través de un recorte presidencial al poder judicial federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
EL DESTINO ELECTRICO DEL PAIS EN MANOS DE 6 VOTOS
Con una ley eléctrica frenada por los amparos, la suprema corte pretende revisar y dar curso favorable a las empresas que se han inconformado, 6 votos serán suficientes y no mayoría calificada; los jueces Alcántara Carrancá, Ríos-Farjat, Aguilar, Piña y obviamente Laynes, quedando fuera de la votación 4 jueces que anteriormente se habían opuesto, por lo que Gutiérrez Ortiz-Mena, Esquivel, Zaldívar y Ortiz se quedarán mirando cómo se destruye definitivamente el proyecto de favorecer a la industria eléctrica nacional y devolverán a las empresas extranjeras, aprovechando la puerta abierta que les dejó el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien declaró hace un par de meses que “fácilmente podría echarse abajo la reforma” el 27 de septiembre se entregarán los debidos amparos y prácticamente será desactivada la ley energética y se volverá a la reforma de Peña, es decir, manos llenas a empresas extranjeras, principalmente las de Estados Unidos y Canadá, mismas que, han establecido pequeños monopolios y que operan con otros nombres y “sello nacional”.
Debido a ello, desde redes sociales la Base Electricista del SME está citando a una concentración el 27 de septiembre a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución a modo de protesta, así como diversas manifestaciones ciudadanas en protesta por las arbitrarias decisiones de la corte con la consigna ¡A ROBAR A OTRA PARTE!
¡No son suprema, no son de la nación, no nos representan y no imparten justicia!, dice la convocatoria del Monumento a la Revolución
Particularmente, no sé si realmente podríamos aguantar al plan C, ya que, por si fuera poco, también pueden intervenir en el próximo proceso electoral.
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