Presentamos la tercera parte de esta serie sobre el origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO
Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia (Tercera parte)
José René Rivas Ontiveros*
Luego del desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que las diferentes fuerzas anti-AMLO celebraban con bombos y platillos su esperada y contundente victoria obtenida en el seno de la Cámara de Diputados, decenas de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales de diferente tipo y actividad condenaron el desafuero por considerar que había sido un excesivo acto de fuerza de las autoridades federales y, por lo mismo, un evidente y preocupante retroceso en el ya de por sí incipiente proceso de transición democrática en México.
Ante tal situación, el domingo 24 de abril, y con el fin de repudiar el hecho, más de un millón 200 mil personas marcharon en completo silencio del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo capitalino; se trató de la manifestación hasta ese momento más numerosa y apoteótica de todas las manifestaciones oficiales y extraoficiales que se habían realizado en la historia del país.
Tras esa demostración de fuerza de la causa obradorista, misma que tendía a crecer, y pese a estar ya formalmente desaforado y a punto de ser aprehendido para iniciar su enjuiciamiento penal, después de 17 días de haber estado fuera del cargo, AMLO decidió reasumir sus funciones como jefe de Gobierno, acción que la Presidencia de la República consideró una verdadera provocación por parte de él.
No obstante el enojo por el evidente desafío, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó ya no realizar ninguna otra acción en contra del tabasqueño. Lejos de ello, tres días después, Vicente Fox Quesada decidió dejar sin efecto la consignación penal que se había hecho en contra de AMLO, al mismo tiempo que cesó al general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR, quien había sido el encargado de llevar todo el proceso de desafuero y consignar penalmente al jefe de Gobierno. Por último, el mismo presidente declaró que “mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda”. Una derrota más de las fuerzas anti-AMLO.
Mucho tiempo después, tras la impartición de una conferencia en Estados Unidos, en una más de sus acostumbradas bravatas, Vicente Fox cínicamente declaró —palabras más, palabras menos— que si bien era cierto que Andrés Manuel López Obrador lo había derrotado durante el desafuero, más tarde “él se había desquitado” en el proceso electoral de 2006, al impedirle que arribara a la silla presidencial; en otras palabras, Vicente Fox reconoció implícitamente que en el mencionado año se había realizado un fraude.
El desistimiento de la Presidencia de la República de enjuiciar penalmente a AMLO fue un fracaso más de las fuerzas de la derecha anti-AMLO, que a toda costa querían impedir que se inscribiera su nombre en las boletas electorales al lado de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Madrazo Pintado y Patricia Mercado Castro.
Fue, pues, en el contexto de este polarizado y enrarecido ambiente político en el que tuvo lugar la sucesión presidencial de 2006, y en el que, luego de una serie de derrotas de los grupos anti-AMLO, finalmente optaron por jugarse una última carta: preparar y concretar un fraude y, de esta manera, taparle el paso a AMLO e imponer a Calderón como el presidente de la República.
Pero independientemente de lo burdo y evidente del fraude, a principios del mes de agosto de 2006, un grupo de 133 personas “abajo firmantes”, en la actualidad conocidas como “los notables”, en un desplegado publicado en diversos periódicos manifestaron que “quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude”.
En este célebre documento con el que el grupo de “los notables” legitimó el fraude de la derecha, por primera vez aparecieron haciendo causa común los apellidos de Castañeda, Dresser, Carabias, Casar, Patán, Peschard, Krauze, Reyes Heroles, Trejo Delarbre, Woldenberg y Zuckerman, precisamente, los mismos que 14 años después aparecieron en la carta enviada a AMLO para exigirle que les haga caso a los empresarios que quieren que se recurra a la deuda externa para que se les apoye. Asimismo, en el primer documento también aparecían las firmas de Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón. Esto explica el porqué de la actitud de aquellos y de estos tres últimos en contra de AMLO.
*Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Miembro del SNI.
Presentamos la segunda parte de esta serie sobre el origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO
Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia (Segunda parte)
José René Rivas Ontiveros*
Seis meses después de la primera gran embestida en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), jefe de Gobierno del Distrito Federal, en marzo de 2004, las fuerzas anti-AMLO escenificaron el célebre caso de los “videoescándalos”, en el que a través de los medios, particularmente Televisa, se dieron a conocer tres grabaciones realizadas por un intrépido y vivaz empresario de origen argentino, Carlos Ahumada Kurtz, entonces pareja sentimental de la señora Rosario Robles Berlanga, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estas grabaciones le habían sido vendidas en varios millones de pesos a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos, quienes eran los verdaderos autores de la nueva embestida.
En las grabaciones que dolosamente había realizado Ahumada, se exhibían actos de supuesta corrupción de Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas del gobierno capitalino; René Bejarano Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Carlos Imaz Gispert, delegado de Tlalpan.
Y aunque AMLO se deslindó de inmediato de dichas personas, por ser totalmente ajeno a las actividades que ellos habían realizado, el objetivo de difundir masivamente los ponzoñosos videos no era tanto castigar a los infractores de los supuestos delitos —ya que desde el punto de vista jurídico estas acciones no podían ser tipificadas como tales—, sino el de asociar a toda costa al jefe de Gobierno con los autores de estas conductas, a todas luces antiéticas y no propias de un gobierno de izquierda que en todo momento propalaba conducirse con honestidad.
Empero, al igual que en el caso del Paraje San Juan, este nuevo escándalo de las fuerzas anti-AMLO en contra del gobernante capitalino también fracasó, ya que lejos de debilitarlo políticamente, como se pretendía, el gobernante salió todavía más fortalecido y con más puntos a su favor en las encuestas.
Por eso, en mayo de 2004, pero entonces desde la propia Presidencia de la República, se determinó promover una nueva acción anti-AMLO, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dependiente directamente de Vicente Fox le solicitó a la Cámara de Diputados el comienzo de un juicio de desafuero del gobernante capitalino, por su presunta responsabilidad en el abuso de autoridad por no dar cumplimiento a una suspensión definitiva en la que se le ordenó detener los trabajos en un predio llamado “El Encino”, propiedad de la Promotora Internacional de Santa Fe, para la construcción de un camino que conducía a un hospital privado.
Casi un año después de aquella solicitud, el 7 de abril de 2005, por un total de 360 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como 127 votos en contra de los diputados del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano), más los de dos priistas (Pedro Ávila Nevares y Roberto Campa Cifrián) y el de una panista (Tatiana Clouthier Carrillo), la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, dejó sin fuero constitucional al jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador y, con ello, la abierta posibilidad de ser aprehendido y juzgado penalmente por desacato.
Un día después del desafuero, desde la ciudad de Roma, Italia, en donde Vicente Fox Quesada, el autodenominado “presidente del cambio (democrático)” se encontraba de viaje, con la trivialidad y el cinismo que siempre lo han caracterizado hasta la fecha, declaró que “con el desafuero México dio un ejemplo al mundo”, aunque el señor nunca se detuvo a explicar en qué consistía este ejemplo.
Para acabar de cumplir con su objetivo, dos semanas después del desafuero, la PGR, a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, le solicitó formalmente a un juzgado penal el inicio del respectivo juicio en contra de AMLO, con lo cual se buscaba que el gobernante, ya formalmente desaforado, quedara fuera de las boletas de la contienda electoral de 2006.
Esta, y no otra, era la verdadera preocupación de las fuerzas anti-AMLO ante la eminente posibilidad real de que López Obrador ganara en las urnas la Presidencia de la República.
*Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Miembro del SNI.
Les presentamos la primera parte de esta serie sobre el origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO
Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia
(Primera parte)
José René Rivas Ontiveros*
Desde los albores del presente siglo y hasta este preciso momento, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido, sin lugar a dudas, la figura pública nacional, no solamente más mencionada, sino también la más atacada a través de sistemáticas campañas de difamación, mentiras e insultos por parte de grupos de interés y partidos políticos a los que nos referiremos después (en la sexta y séptima partes de esta serie).
Sin embargo, es importante recordar que dichas campañas han tenido cierta similitud con las que ya en su respectivo momento se han instrumentado en contra de otras emblemáticas figuras de la historia nacional, como fueron los casos de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en la guerra de Independencia; Benito Juárez durante la Reforma, la Guerra de los Tres años, el Segundo Imperio y la Intervención Francesa; Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata en la Revolución mexicana; Lázaro Cárdenas a lo largo de todo su sexenio y aún después; Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, durante el 68 mexicano, y Cuauhtémoc Cárdenas a partir de haber criticado y abandonado las filas del entonces partido de Estado.
Por su parte, en el caso específico de AMLO, las mencionadas campañas se empezaron a promover una vez que ya como jefe de Gobierno de la capital mexicana continuó con sus críticas al modelo neoliberal y en favor de impulsar una serie de políticas públicas significativamente favorables para los sectores populares de la entidad, mismas que sus adversarios calificaron como populistas. Igualmente, les causó mucha preocupación el hecho de que el “gobernante” comenzara a aparecer en diferentes encuestas como el mejor posicionado para suceder a Vicente Fox en la Presidencia de la República en el año 2006.
Todo esto comenzó a observarse al mismo tiempo en que Vicente Fox Quesada, el autodenominado “presidente del cambio”, mantenía la clara intención de que la históricamente disputada silla presidencial, que ahora él estaba ocupando, muy bien se la podía heredar a su ambiciosa y audaz esposa, la señora Martha Sahagún Jiménez, quien desde el principio del sexenio, y aun sin ningún nombramiento formal, fungía de facto como una verdadera vicepresidenta de la República, puesto que había estado cogobernando el país conjuntamente con Fox.
En efecto, los esposos conformaban entonces lo que en el argot político de la época se denominó con el pomposo nombre de “la pareja presidencial”. Se trataba de una copia, aunque demasiado desactualizada de la que ya, 135 años antes, fue “la pareja imperial”, que durante el Segundo Imperio mexicano conformaron los príncipes extranjeros Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, luego de ser invitados a gobernar nuestro país por la entonces llamada “Junta de Notables”, que no eran otros más que los antecesores ideológicos de los actuales detractores de AMLO, los cuales siempre se resistieron a aceptar que México fuese gobernado por un indio como lo era el presidente Benito Juárez.
Por eso, Vicente Fox y los poderes fácticos que siempre le aplaudían y difundían todas sus ocurrencias y trivialidades determinaron empezar a actuar en contra de AMLO. Así, la primera acción con la que se intentó desestabilizar al gobierno local tuvo lugar en octubre de 2003, cuando un desconocido sujeto, Enrique Arcipreste, demandó al gobierno por el pago de 1,810 millones de pesos por un terreno de su supuesta propiedad, ubicado en el denominado Paraje San Juan. Empero, luego de varios meses de llevarse a cabo una intensa campaña mediática en contra del gobernante por haberse negado a realizar el pago, la Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer que el terreno reclamado por el particular era propiedad de la nación. Fue la primera gran derrota de las fuerzas anti-AMLO.
No obstante, esta solo fue una pequeña muestra de lo que vendría más tarde, puesto que, casi inmediatamente después del fracasado golpe mediático, las fuerzas anti-AMLO continuaron con su campaña de ataques y mentiras en contra del ahora presidente de la República, apoyadas siempre por los directores y dueños de la inmensa mayoría de los medios de comunicación masiva, así como por una larga lista de columnistas y comentaristas o, mejor dicho, auténticos mercenarios diseminados en casi todos los medios y siempre al servicio del mejor postor.
El objetivo desde aquel entonces y hasta la fecha ha sido exactamente el mismo: deslegitimar, difamar, insultar y arruinar a AMLO. Así de ruines, perversos, mezquinos e infames son y han sido siempre este tipo de grupos en su desesperado afán de preservar sus intereses y privilegios que han tenido toda la vida.
