En 2006, en 2012, presenciamos los fraudes de siempre, si no más. ¿Será lo mismo en 2018?

Por Víctor Flores Olea | La Jornada 

La presencia del movimiento de 1968 sigue viva entre nosotros, con sus claroscuros casi infinitos, con sus perlas de heroísmo que somos aún capaces de percibir allí, que nos asombran y nos entusiasman, y también con sus dolores que todavía llevamos dentro y sus promesas de futuro que se han realizado en parte y en parte seguimos luchando desde entonces para que se concrete un programa mínimo democratizador que destierre la violencia de que fueron capaces los dirigentes gubernamentales en 1968, que dejaron una huella de sangre y fuego como una de las más cruentas en la historia del país. Muy relativo y parcial avance democrático en el país, pero reconozcamos que también se debe a las luchas de 1968.

En aquel momento se habían acumulado algunos hechos violentos en México, por ejemplo las acciones represivas contra los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo, a sectores importantes del profesorado, la presión y represión a médicos jóvenes que habían caído en el crimen de exigir más altos salarios y mejores condiciones de trabajo. Y, para colmo de la afrenta directa a los universitarios, la destrucción de la puerta barroca principal de la Preparatoria número 1, poco después la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército, violándose flagrantemente al menos la ley de la autonomía universitaria. La sociedad en general y, en especial la de la capital de la República, reaccionó indignada ante estos hechos y exigió algunas medidas que demostraran que el gobierno no quería parecer, o pasar a la historia, como un enemigo declarado de los jóvenes mexicanos y de las instituciones educativas del país.

Hay que decirlo ahora: las exigencias sociales y del movimiento fueron extraordinariamente moderadas: renuncia del jefe de la policía del entonces Distrito Federal, desaparición del cuerpo de granaderos que había ya golpeado a los estudiantes en las manifestaciones y, sobre todo, un diálogo público con algún representante importante del gobierno en turno. Además, la derogación del articulo 145 del Código Penal que se refería a algo tan vago e impreciso como la disolución social, que sirvió al Estado de entonces como instrumento perfecto para encarcelar a jóvenes y no tan jóvenes que habían efectuado alguna protesta crítica en las manifestaciones, o por escrito en la prensa diaria.

Ninguna de estas tímidas exigencias de los jóvenes y universitarios fue aceptada por el gobierno, presidido por un hombre lleno del orgullo de la autoridad, sin conocer la verdadera razón de la autoridad: la respetabilidad, la confianza y el reconocimiento equilibrado; el movimiento estudiantil y popular se encontró, en cambio, con un burócrata hecho y derecho, y con una mente obtusa alejada, hasta las antípodas, con los más elementales principios del sentido común. Así pasaron los días, en tanto se intensificaban las manifestaciones públicas, cada vez más numerosas, de los jóvenes de varias capitales de la República, y de otros jóvenes de la sociedad civil, hasta que el 2 de octubre de 1968 la misma Presidencia de la República, en complicidad abierta con el Estado Mayor Presidencial, urdió la matanza de Tlatelolco, con el resultado de varios cientos de asesinados a tiros y miles de jóvenes detenidos en Tlatelolco y en toda la Ciudad de México.

Observando a cierta distancia aquellos acontecimientos, podemos concluir que, en el fondo de la protesta estudiantil y popular, anidaba rotundamente una exigencia y aspiración muy extendida: la democratización del país, negada rotundamente, hasta el crimen, por las autoridades de entonces, encabezadas por ese desequilibrado que llegó a ser presidente de la República: Gustavo Díaz Ordaz.

Así, justo es decirlo, los resultados específicos del esfuerzo estudiantil-popular de 1968 son muy relativos y, a mi modo de ver, no comparables con la enorme movilización que se llevó a cabo, podríamos decir, con la inversión que se efectuó en vidas, libertades y esfuerzos intelectuales y morales para arribar a una situación de equilibrio frente a un Estado rebosante de autoritarismo y fuerza arbitraria, es decir, al margen de toda legalidad y principio de derecho.

Sin embargo, en una visión que procure realmente ser imparcial debe aceptarse que la revuelta de 1968 (¿de qué otra manera llamarla?) modificó en varias dimensiones nuestro ser social: la sociedad se hizo más abierta y permisiva, las relaciones en el trabajo menos esclavista, las familiares entre padres e hijos más abiertas y fáciles. Cambiaron en gran medida, como digo, las relaciones familiares y las amistosas, las del trabajo y seguramente las de enseñanza-aprendizaje e institucionalmente, un conjunto de normas que regulan más ¿y mejor? la vida de los partidos políticos y en general de los procesos electorales.

Parece que hay normas suficientes y, sin embargo, a la hora de salir a las calles y ejercer el sufragio, las normas jurídicas se disuelven en la nada y otra vez toman la estafeta los corruptos y los hacedores de trampas, en nombre de sus intereses y para fortalecer sus intereses. En 2006, en 2012, presenciamos los fraudes de siempre, si no más. ¿Será lo mismo en 2018? Lo veremos pronto, pero ya parece que, en efecto, preparan sus armas y sus garras los defraudadores de siempre y otros nuevos. ¿Será mucho pedir que en nombre del 68 y de sus jóvenes víctimas permitan, o hagan posible, un sufragio que sea efectivo y recto, como lo querían hace 100 años los constituyentes de 1917?

Pero aparte de esta tímida sugerencia que probablemente caerá en el vacío, el problema con el que se enfrenta el Estado de las elecciones fraudulentas es con la posibilidad cierta de que, como respuesta al fraude, haya un levantamiento o una protesta masiva que después el Estado deberá controlar por la fuerza (¿podrá hacerlo?), con todas sus consecuencias, estas sí imprevisibles. ¿Llegaremos a ese punto? En todo caso, por tales razones, se han calificado ya las elecciones de 2018 como parteaguas en la historia de México. ¿Seguiremos adelante en nuestro difícil camino hacia la democracia o habrá un retroceso que nos pondría en la lista de los países más retrasados del mundo, políticamente hablando, y entre los menos civilizados del orbe?