Las cifras de diversas organizaciones revelan que la violencia contra defensores de recursos naturales escaló a partir de 2012.
Las reformas estructurales de Peña Nieto permitieron la protección de la iniciativa privada que se beneficia de los recursos mexicanos. Aparato estatal fabrica delitos a defensores indígenas más que nunca.
Regeneración, 17 de marzo de 2016.-El caso de Berta Cáceres trajo a la luz una vez más una de las peores crisis que Latinoamérica enfrenta, sobre todo sus comunidades indígenas. Se trata de un hostigamiento y exterminio sistemático por parte de empresas trasnacionales, mineras, hidroeléctricas y de explotación natural que instalan megaproyectos en áreas naturales del país, consideradas como protegidas.
México no es la excepción. Quienes defienden sus territorios del embate del desarrollo indiscriminado son perseguidos, atacados e incluso asesinados. Se hace evidente el desmantelamiento de cualquier intento de oposición que con el apoyo de autoridades corruptas crea delitos falsos y encarcela a sus opositores.
Organizaciones como Global Witness han reportado que al menos hasta finales del 2015, dos indígenas eran asesinados cada semana defendiendo el medio ambiente en todo el mundo. En este contexto, Latinoamérica se encuentra a la cabeza en la vulnerabilidad de los activistas ambientales, misma que recrudece cuando estos pertenecen a comunidades indígenas. Y en México la situación alcanza niveles alarmantes, ya que son los mismos sectores que deberían proteger a los ciudadanos y a sus territorios, los que los encarcelan.
Actualmente 350 personas, defensoras del medio ambiente, se encuentran presas en nuestro país. Han resistido y se han organizado para hacer frente a las iniciativas de las trasnacionales y los gobiernos que ponen en riesgo el patrimonio, la salud y la herencia natural de México. Todas ellas encarceladas hoy en día con una constante: sus órdenes de aprehensión han sido giradas basadas en delitos falsos. Acusaciones con costosas consecuencias legales, que no alcanzan fianza y quedan en manos de un estado sin la voluntad de dar seguimiento, sobre todo en los casos de indígenas, a sus procesos.
En el informe Megaproyectos, Violaciones a Derechos Humanos y Daños Ambientales en México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, se denuncia que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales de México han promovido una cultura de violencia e impunidad, omitiendo investigar y castigar debidamente los ataques a activistas. “Mientras los defensores de los recursos naturales se mantienen en líneas de acción pacífica y por la vía legal, el Estado se mantiene con su cultura de impunidad e indiferencia.”
“Quienes se oponen a este tipo de proyectos son estigmatizados y vistos como detractores del desarrollo, y antipatriotas y señalados por los medios de comunicación y autoridades gubernamentales.” Minería, represas, autopistas y explotación forestal representan las principales amenazas para comunidades y recursos naturales.
Megaproyectos, falso desarrollo
Desde hace varios años, el Estado mexicano promueve e implementa grandes proyectos de desarrollo, conocidos como proyectos a gran escala o megaproyectos.
Según el Informe sobre los Defensores de los Recursos Naturales del 2014-2015, del Centro Mexicano de Derecho ambiental, (CEMDA) en muchos de los casos estos megaproyectos contribuyen de forma indiscriminada a la explotación de los recursos naturales disponibles en el territorio nacional. Estos desarrollos no miden debidamente las consecuencias a largo plazo en la sostenibilidad de los recursos naturales, las especies y los ecosistemas.
Predominan las concesiones estatales de territorio a mineras de uso y aprovechamiento de aguas, permisos para cargas residuales, autorizaciones para instalación de relleno sanitario o residuos peligrosos, así como a presas hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, permisos para liberación de organismos genéticamente modificas, y proyectos eólicos entre otros, sostiene el Informe Megaproyectos, Violaciones Derechos Humanos y Daños Ambientales, del Centro Agustín Pro DH.
Geográficamente, las áreas más ricas en biodiversidad y recursos coinciden con la presencia de pueblos indígenas que habitan estas zonas en Mesoamérica y en general han mantenido un manejo sustentable a lo largo del tiempo. Los proyectos a gran escala afectan directamente los recursos y la salud de estas comunidades, que además, históricamente ya han padecido el despojo de sus recursos y una discriminación sistemática.
Estos proyectos se aprueban sin respetar ni garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades de las localidades. Tanto el CEMDA como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, coinciden en que, según diversos de sus estudios, el Estado mexicano aprueba los permisos administrativos que amparan los megaproyectos sin consultar ni permitir la participación de las comunidades afectadas.
Es en este contexto de múltiples violaciones a derechos humanos fundamentales, que las y los defensores de derechos, que con frecuencia pertenecen a las comunidades afectadas, juegan un papel muy importante en la protección del patrimonio biocultural.
Los registros del CEMDA, señalan que a partir del año 2012, la cantidad de casos de agresiones hacia defensores ambientales se disparó pasando de 23 a 109 casos. Así mismo, son los estados de Sonora, Oaxaca, Estado de México y Guerrero, los más peligrosos para los activistas. Los casos en las que el hostigamiento y la agresión son más agudos son aquellos en los que sus víctimas son líderes comunitarios que han iniciado procesos de resistencia o interpuesto demandas legales en contra de los megaproyectos.
El tipo de megaproyecto cuya resistencia recibe mayores agresiones son los que tienen como objetivo el uso privado del agua. Ya sea acueductos, presas o hidroeléctricas.
Casos sobresalientes son: el Acueducto Independencia en Sonora, la resistencia a la municipalización del sistema de aguas de Coyotepec, Estado de México, las grandes cantidades que utiliza la minería y la construcción de presas, entre otros.
La justicia al servicio de los megaproyectos privados
Entre 2014 y 2015, el CEMDA recabó datos de 19 casos de enjuiciamiento arbitrario y 17 detenciones ilegales. Estos casos representan el 25% del resto de agresiones, acoso, y asesinato por parte de empresas privadas en contubernio con gobiernos locales y federales. Y hoy se sabe que son muchos más, debido a que no se tiene conocimiento de todos, en particular con los casos de defensores indígenas, más desprotegidos social y legalmente que el resto.
Las amenazas, según el Informe del CEMDA, junto con las agresiones físicas, el asesinato y la criminalización de los activistas ambientales, se agudizó en los últimos dos años.
El uso de la fuerza estatal y su aparato de justicia también va en aumento. Casos ejemplo son la pasada detención y encarcelamiento de los defensores de la tribu Yaki, Mario Luna y Fernando Jiménez, liberados finalmente por falta de pruebas. También es conocido el caso de Marco Antonio Suástegui, líder de la oposición a la presa La Parota en Guerrero, quien fue liberado también luego de permanecer en la cárcel más de 15 meses bajo el cargo de robo calificado, que nunca pudo probarse.
Otros casos conocidos son el de Eduardo Mosqueda Sánchez, del grupo nahua del ejido de Ayotitlán, quien permanece en prisión acusado de secuestro. Mosqueda Sánchez es defensor de los derechos humanos de su comunidad, quien se manifestó junto con ella para exigir el pago de uso de su tierra al consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada. O el de Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, quien lideró movimientos de oposición al establecimiento de parques eólicos en el territorio de comunidades indígenas de la región istmeña. Acusada de delitos contra el consumo y privación ilegal, por la CFE, en el contexto de una manifestación pacífica a la que ni siquiera asistió.
Ildefonso Zamora, es en últimas fechas uno de los casos que comienza a aparecer, aún de manera insuficiente, en la prensa.
Leer: Ildefonso Zamora está preso por defender los bosques
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos del Estado de México, Zeferino Ladrillero, presentó una lista de las personas defensoras de derechos y recursos naturales, hostigadas por el estado, y acusa al llamado “Grupo de Atlacomulco” de fábrica de delitos, amenazas de muerte, y demás agresiones.
La información proporcionada por organizaciones, colectivos, e instituciones de derechos humanos permite ubicar al menos a 350 personas que se encuentran en situación de cárcel debido a sus actividades en defensa de los recursos naturales.
La estrategia de persecución de la iniciativa privada y el Estado hacia los activistas consiste en debilitar la seguridad de quienes se oponen a los desarrollos, levantando denuncias falsas que les obligan a esconderse y actuar muchas veces bajo la clandestinidad. Además, la movilización de recursos de defensa que obligan a las agrupaciones a realizar las lleva a distraer sus esfuerzos de manera que abandonan sus objetivos principales de resistencia.
Además, también se señala que en la mayoría de los casos, los mismos ataques son perpetrados por personas identificadas como autoridades. Los datos recabados sobre estas participaciones estatales son preocupantes, ya que son ellas las mismas encargadas de proteger respetar y garantizar los derechos humanos, sus recursos naturales y en general medio ambiente. Su injerencia en la violación de los derechos de derechos de los activistas alcanza el 30% de los casos.
También los servidores públicos son responsables de las agresiones y detenciones arbitrarias, según documenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Esto explica las cifras estadísticas que refieren a que más del 80% de las denuncias de agresiones se realizan con instancias ciudadanas, organizaciones civiles, o medios de comunicación, antes de acudir al Mecanismo del gobierno.
El ejemplo de la minería
Actualmente, en el territorio mexicano existen varios grupos nacionales e internacionales a cargo de megaproyectos. En el sector de la minería, Grupo México se encuentra a la cabeza con la mayor cantidad de concesión territorial para extracción de agua. Seguido de Goldcorp Inc. Con una penetración cercana a la de ArcelorMittal México, y Primero Mining Corporation.
Más de mil minas operan en México, y de ellas, más del 65% no cumple con la normatividad ambiental. La opacidad generalizada con que estas empresas funcionan en cuanto a la rendición de cuentas y transparencia de las actividades que realizan, hace complicado cuantificar y valorar de manera objetiva el impacto que tiene el sector minero en la sociedad. La Secretaría de Economía, según el portal Cartocrítica.org.mx, no reporta y mantiene reservada la información desagregada sobre la cantidad de minerales que extrae cada empresa así como la cantidad de impuestos que se pagan por este concepto.
CEMDA, atribuyó en febrero de 2016 la escalada de violencia contra defensores ambientales, a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, “la normativa legal reduce las posibilidades de defensa territorial por parte de las comunidades, mientras que favorece las formas de acaparamiento del territorio, que son formas que no respetan plenamente los derechos humanos, ni el derecho a la información, ni el derecho a la participación”.
Fuentes:
Proceso, Proceso, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Contralínea,
Gráficos: CEMDA y Cartografía.org.mx