Ildefonso Zamora, preso por defender el Bosque de Agua, pide ayuda

No sólo en Honduras persiguen y asesinan defensores indígenas de los recursos naturales, en México la lista es larga e Ildefonso Zamora es parte de ella.

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Regeneración, 16 de marzo 2016.-Cuatro talamontes en mayo de 2007 emboscaron a los dos hijos de Ildefonso Zamora mientras conducían en la carretera de la comunidad de Santa Lucía, en el municipio de Ocuitlán en el Estado de México.

Les dispararon a quemarropa, luego de bajarlos de sus vehículos, y asesinaron a Aldo, de 21 años, mientras que Misael quedó mal herido. La razón: su padre Ildefonso, activista defensor del bosque de la comunidad indígena de San Juan Atzingo.

Hoy Ildefonso está preso, luego de trabajar durante más de diez años reforestando y protegiendo el bosque, que asegura Misael, existe gracias al activismo de su padre, quien de la mano con Greenpeace desplegó un SOS gigante en el año 2004 para denunciar que los talamontes estaban devorando las más de 10 mil hectáreas de bosques de la comunidad tlahuica.

El 20 de noviembre de 2015 policías ministeriales y el Estado de México detuvieron a Ildefonso, bajo acusaciones de robo, y con un proceso irregular con testimonios fabricados. Organizaciones de derechos humanos sostienen por su parte que existen pruebas de que Zamora se encontraba en un lugar distinto al de la acusación sobre el momento del delito. Se trata de un delito infundado por quienes se oponen a la protección del bosque y en contubernio con los talamontes fomentan la devastación ambiental de la zona, con fines de lucro.

Sólo momentáneamente, se detuvo la tala en San Juan Atzingo, gracias a la muerte de Aldo. Además, gracias a la denuncia y la presión social d entonces, varios funcionarios públicos coludidos con los talamontes fueron despedidos y exhibidos. Esta fue la razón, comenta Misael, por la que inició el hostigamiento y las represalias a la familia.

Una historia de persecución

Tras el asesinato de Aldo, el entonces presidente Felipe Calderón, declaró públicamente el 12 de julio de 2007, que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”.

Ocho años después del asesinato, sin embargo, solamente dos de las cuatro personas responsables se encuentran en la cárcel. Los otros dos autores materiales continúan en libertad.

En 2007, diversas organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace México alertaron sobre el riesgo de que Ildefonso fuera asesinado. Y en 2015, Ildefonso fue detenido acusado de un robo que tuvo lugar supuestamente en 2012. “Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él. “ quien denunció que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejar de causar problemas con su activismo.

El 20 de noviembre de 2015, mientras se encontraba en su oficina de Regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán detuvieron a Ildefonso Zamora.

Entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin orden de aprehensión fue arrestado a empujones y golpes y llevado a la prisión de Tenancingo.

Ildefonso padece diabetes. En la cárcel, ha sido maltratado al grado de que heridas en su cuerpo, debido a magulladuras se han reabierto causando infecciones que ponen en peligro su vida.

La persecución no era reciente, estando en prisión, Ildefonso se enteró de que había una carpeta de investigación en su contra desde el año 2012. Se trataba de la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada  su tortillería, de donde le fueron supuestamente robados 360 mil pesos.

Gabriela Carreón, abogada que lleva el caso en el Centro Agustín Pro Derechos Humanos, y Greenpeace, documentan irregularidades en esta investigación abierta contra Zamora. Una de las principales, es que a Ildefonso se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que ya existían averiguaciones en su contra.

Además, durante el presunto robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso se encontraba en Toluca recogiendo una acta constitutiva ante un notario publico. Además de que gente cercana a la tortillería reportó que no se le había visto ahí.

Entre las inconsistencias del caso, que son muchas, está además que de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso dos son exactamente iguales, como si los textos hubieran sido copiados y pegado.  Tampoco hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la comerciante dijo haber perdido.

“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.

Acoso y exterminio de defensores de recursos: las cifras globales

Según datos de la organización Land Rights Watch dos indígenas mueren cada semana defendiendo los recursos naturales de las comunidades que habitan. Tal es el caso reciente de Berta Cáceres, la activista hondureña que defendía al pueblo lenca de la presa hidroeléctrica  DESA, asesinada hace unas semanas en su casa presuntamente por grupos paramilitares al servicio de los megaproyectos y el estado, además de su compañero asesinado ayer en el mismo marco de persecución y hostigamiento.

En México proliferan este tipo de casos, en los que además persiste la impunidad Ejemplos de ello; en 2012, Ismael Solorio fue asesinado junto con su esposa Manuelita Solís, ambos defensores del medio ambiente en Chihuahua. Ese mismo año, Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y su hijo de 17 años fueron asesinados. En 2013 Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes ecologistas de las montañas de Guerrero fueron secuestrados por hombres armados. A estos casos se suman cientos de asesinatos y agresiones perpetradas la mayoría de las veces por grupos paramilitares, policías locales, seguridad privada y militares.

 Leer: Dos indígenas mueren a la semana defendiendo el medioambiente

Los bosques de agua del Estado de México, pulmones en peligro

Según la PROFEPA, esa región de bosques pertenece a una de las 15 zonas críticas por tala ilegal del país.

El trabajo de Ildefonso y su familia ha logrado reforestar el bosque. Aunque todavía quedan marcas de los dientes de motosierras en algunos troncos y en la memoria de la familia Zamora queda el vacío de su hijo Aldo, asesinado. De los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal.

En México, al igual que en muchos países de Latinoamérica son las comunidades indígenas las principales víctimas de la persecución y exterminio por parte de entidades privadas, muchas veces en complicidad con gobiernos, que explotan y destruyen los recursos naturales de las regiones naturales más ricas.

Recursos ambientales que las comunidades locales se encargan de proteger, pero que son comunes y cuya biodiversidad y existencia sostiene el resto de la vida en el planeta.

En febrero de este año, diversas ONG exigieron a Eruviel Ávila gobernador del Estado de México, libertad para Ildefonso Zamora.

Se ha creado la petición ONLINE “Pide libertad para Ildefonso, defensor de los bosques“. Con tu firma, te sumas al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace México para exigir a las autoridades del Estado de México desistirse de la falsa acusación contra Ildefonso, reconocer su labor en defensa de los bosques, restituir su libertad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Las ONGs pretenden ejercer presión pública mediante el uso de redes sociales. En ese sentido, Soto destacó que “es importante que la gente sepa que puede sumar su voz a la de Greenpeace y a la del Centro Prodh para ayudar a sacar a una persona inocente de la cárcel, quien defendía el medio ambiente”.

Con información de Animal Político y Greenpeace.