“Lo bueno casi no se cuenta, pero cuentan mucho”, dice la publicidad del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto como si tratara de desacreditar por adelantado las opiniones distintas al elogio del desempeño de la administración federal.
Por Greenpeace
Regeneración 3 de septiembre del 2016.-¿Qué hay de bueno que contar? Los hechos hablan por sí solos: México enfrenta graves rezagos y pendientes en materia política, social, económica y ambiental, este último rubro tiene una larga lista de focos rojos que sobrepasa las “cosas buenas” que el gobierno presume en su informe anual.
Biodiversidad
En diciembre próximo, México será sede de la treceava Conferencia de las Partes de la Convención de la Diversidad Biológica de la ONU, en donde no solo los mexicanos, sino el mundo, quieren ver a un gobierno coherente con la conservación de la biodiversidad, un reto que se ve difícil de sortear para la actual administración después de los resultados presentados en el cuarto informe de gobierno.
México es uno de los cinco países megadiversos en el mundo y hoy enfrenta la amenaza de la extinción del mamífero marino más pequeño del planeta: la vaquita marina. Este cetáceo, endémico de nuestro país, está en riesgo porque queda atrapado en las redes agalleras que se usan en la pesca de totoaba, un pez también en peligro de extinción, que se vende en el mercado chino a miles de dólares.
¿Qué ha hecho Peña Nieto al respecto? Se comprometió a la ampliación del polígono del Área Natural Protegida en la que habita esta especie; suspendió por dos años (hasta 2017) la pesca de camarón y escama con redes que pudieran afectar a la vaquita marina así como a apoyar el desarrollo de nuevas artes de pesca más sustentables; la elaboración de estudios que den mayor certeza de la población total de vaquitas marinas y anunció mayor vigilancia en la zona.
En el discurso parece una de las cosas buenas de la actual administración, pero la prohibición de pesca quitó a la comunidad su principal fuente de ingresos y los dejó sin alternativas laborales. Desde Greenpeace hemos señalado que el programa de conservación de la vaquita marina debe ir acompañado de estrategias que ofrezcan oportunidades de desarrollo para las comunidades y no solo la entrega inequitativa de compensaciones económicas.
El aumento de la vigilancia en la zona a la que se comprometió la Presidencia de la República no pudo evitar que en marzo pasado murieran 3 vaquitas. La propuesta de usar la red RSINP-MX conocida como Chango Ecológico, no ha resultado como se esperaba. INAPESCA documentó que el 50% de la fauna que queda atrapada en la red no es objetivo de pesca, lo que coincide con la experiencia de los pescadores que señala la captura de crías de otras especies, demostrando que esta propuesta es poco sustentable para desarrollar la pesca en la zona.
La expedición del Ocean Starr durante diciembre de 2015 nos dio la oportunidad de conocer con mayor certeza el número de ejemplares de vaquitas marinas que aún nos quedan: menos de 59. Las perspectivas de este estudio señalan que de mantenerse las condiciones actuales, la Vaquita podría estar extinta para 2022, pero si se mantiene la tasa de mortalidad actual podría ocurrir en 2018. El gobierno lo sabe y pese a ello en su informe dice que seguirá con la misma estrategia.
Seguridad alimentaria
Por segundo año consecutivo, se disminuyó el presupuesto destinado a agricultura y alimentación. El primer recorte ocurrió en febrero por 3 mil millones de pesos y el más reciente en junio con una disminución de 4 mil 205 millones del presupuesto de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que desmiente que el impulso al campo sea una de las prioridades del gobierno de Peña Nieto. Los recortes presupuestarios afectan directamente programas destinados a promover la pequeña y mediana agricultura, de la cual dependemos para garantizar la soberanía alimentaria.
El informe de gobierno señala que en el primer semestre de 2016 se ejercieron 1,473.7 millones de pesos para el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 90% de estos recursos fueron destinados directamente a los beneficiarios, a través de la entrega de paquetes tecnológicos de maíz y frijol, lo que permite incrementar la producción hasta en 100% en parcelas de alrededor de 636 mil hectáreas de 23 estados.
Lo anterior, lejos de ser “una cosa buena” para los y las productoras, les resta la posibilidad de decidir cómo sembrar en sus propias tierras, pues lo que no se dice en el documento presidencial es que esos paquetes tecnológicos, generalmente, se componen de semillas, fertilizantes y plaguicidas tóxicos, que afectan el agua, el suelo y la salud de las personas, beneficiando solo los bolsillos de las empresas que los producen.
Con ello queda evidenciado que las políticas gubernamentales siguen incentivando un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo los recursos naturales con el uso excesivo y no regulado de agrotóxicos (el catálogo oficial de plaguicidas no ha sido actualizado en más de una década) e impacta los medios de vida de las y los campesinos en el país, ignorando todas las recomendaciones de instancias como la FAO, la OMS y de comunidades campesinas, así como científicas, que exigen una mayor voluntad política para garantizar una transición hacia modelos de producción ecológicos, diversos y campesinos, libres de transgénicos y agrotóxicos.
El gobierno de Peña Nieto tampoco ha sido capaz de fijar una postura clara sobre los organismos genéticamente modificados. En el caso del maíz, México es centro de origen de este grano cuya diversidad está en riesgo si se autorizan las siembras transgénicas de esta semilla, ante lo cual la administración federal se ha mantenido callada. No así en lo que respecta a los cultivos de soya transgénica en Campeche, donde se realiza el proceso para consultar -por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- a los pueblos mayas sobre los cultivos transgénicos en su territorio. Las autoridades federales han incurrido en varias irregularidades que generan desconfianza, división social, un ambiente hostil en las comunidades involucradas y restando validez al proceso.
Calidad del aire y movilidad
Desde 2011, la Federación ha invertido el 74% del dinero público en infraestructura vial, ignorando a los usuarios del transporte público, ciclistas y peatones, que son los modos de movilidad más usados, los menos contaminantes y los más sustentables en el largo plazo. El actual gobierno no ha roto con esta tendencia absurda en la que se insiste en aportar recursos para infraestructura vehicular que incentivan el uso del auto particular, induciendo mayor tráfico y mayor contaminación del aire.
Para muestra un botón: se destinaron 38 mil millones de pesos para la construcción del tren México-Toluca, que si bien busca reducir los viajes en auto, las emisiones y la congestión; a la par se hace el levantamiento de un segundo piso en el tramo Lerma-Marquesa de la misma autopista que induciría más tráfico vehicular y disminuiría el uso del tren como medio de transporte masivo.
El gobierno federal tiene grandes tareas pendientes en materia de calidad de aire: ha sido omiso en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 156 que obliga a monitorear la calidad del aire en todas las ciudades mexicanas con más de 500 mil habitantes. Tampoco ha cumplido con la NOM 086 que establece que todo el país contaría con un diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) desde septiembre de 2009. Actualmente solo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y la región fronteriza ofrecen diesel menos contaminante, esta situación hace que la NOM 044 que establece que la tecnología de los camiones de carga sea mejor y menos contaminante, no se pueda cumplir por el desabasto de diesel UBA.
Dado que la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático proviene en un 22% del sector transporte, es claro que no cumpliremos con la reducción de gases a la que nos hemos comprometido sin transformar nuestras prioridades presupuestales. Es imperativo invertir en una movilidad sustentable para lograr reducir la emisión de gases contaminantes.
En ese sentido, la política pública debe ser integral y acelerar la creación de una ley general de seguridad vial que permita establecer claras responsabilidades a los diferentes gobiernos y organismos públicos para prevenir hechos de tránsito, tanto en carreteras como en las ciudades. Actualmente los mal llamados accidentes de tránsito están entre las primeras causa de muerte de niños y jóvenes mexicanos, y entre las primeras causantes de discapacidad permanente y orfandad. Sin seguridad vial será imposible construir sistemas de transporte sustentable y no motorizado en todas las grandes ciudades mexicanas, indispensables para garantizar calidad de aire, calidad de vida y salud para los mexicanos.
Otro de los grandes pendientes del gobierno federal es la Reforma Urbana, que aborde de forma integral los desafíos de las ciudades, desde la gestión de agua, aire y territorio hasta sistemas de movilidad, gestión de residuos, gestión de riesgos y resilencia ante el cambio climático, entre muchos otros.
Sin agua para todos
Han pasado cuatro años (2012) desde que se incluyó el derecho humano al agua en la Constitución mexicana, mismo tiempo en el que la elaboración y expedición de una ley general que garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como para definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos ha sido retrasada por el gobierno federal y el Congreso.
Para el gobierno de Peña Nieto, contar con un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) está minimizado, pese a que se trata de una herramienta básica en materia de derecho al acceso a la información y transparencia, ya que permite conocer las emisiones contaminantes de la industria.
Este registro tiene tres años de retraso en su actualización y ni siquiera figura en el informe presidencial. Desde Greenpeace hemos señalado la necesidad de contar con este instrumento que brinda información a la sociedad y la ampliación del número de sustancias tóxicas que incluye la última lista de 2005 sigue siendo muy limitada si se compara con otros países.
¿Qué pasó con el apagón?
En diciembre de 2015 concluyó la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), mejor conocida como el apagón ecológico. En su informe, Enrique Peña Nietro manifiesta que se entregaron más de 10 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos inscritos en los padrones de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo
Social.
Desde el anuncio del apagón analógico, el gobierno federal carecía de un plan de manejo para la disposición final de las televisiones, que contienen residuos tóxicos peligrosos para el ambiente y la salud de las personas, sin que hasta la fecha se haya subsanado esa necesidad.
El informe de la Presidencia de la República reporta el acopio de 42 mil 831 televisores analógicos para su correcta disposición final. El gobierno de Enrique Peña Nieto no cuenta actualmente con algún programa, plan ni contrato con alguna empresa para dar un manejo especial a los televisores análogos recolectados. ¿Qué sucederá con esos televisores y los componentes tóxicos que tienen? ¿Dónde están almacenados y bajo qué condiciones?